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Chihuahua

Demuelen presas ilegales de César Duarte y liberan 700 millones de litros de agua en Chihuahua

Chihuahua — La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ejecutó la demolición de cinco presas construidas ilegalmente en el rancho «El Saucito», propiedad del exgobernador César Duarte, liberando más de 700 millones de litros de agua al cauce natural del arroyo.

Las estructuras, erigidas sin autorización, desviaban el flujo hídrico para beneficio exclusivo del exmandatario, afectando a agricultores y comunidades de la región. Con esta acción, el arroyo recupera su caudal natural después de años de acaparamiento irregular.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que existen denuncias penales contra Duarte por este ilícito. «Eso se llama robo de agua. No puede ser que un exgobernador se apropie del recurso en perjuicio de la población», declaró.

Efraín Morales López, director de Conagua, calificó estos hechos como parte de los abusos del «periodo neoliberal», donde funcionarios usaron su poder para obtener beneficios personales. La dependencia continúa identificando otras obras irregulares en la entidad.

Esta intervención garantizará el acceso equitativo al agua para miles de familias y productores agrícolas de la zona, marcando un precedente en la lucha contra la apropiación ilegal de recursos hídricos.

(Con información de Conagua y Presidencia de la República)

Chihuahua

César Jáuregui será trasladado al penal del Altiplano por traición a la patria

Aunque un juez de Chihuahua le permitió enfrentar su proceso estatal en libertad, el exfiscal permanecerá detenido por una orden federal y será trasladado al Estado de México.

El exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, será trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, para enfrentar una acusación federal por el presunto delito de traición a la patria.

La información fue confirmada por su abogado defensor durante una entrevista con N+ FORO, luego de concluir la audiencia celebrada este domingo 18 de octubre en Chihuahua.

Pese a que un juez estatal determinó que Jáuregui podía enfrentar en libertad su proceso por ejercicio ilegal del servicio público y coalición, la orden de aprehensión emitida por una jueza federal impidió su liberación.

Una orden federal cambió su situación

De acuerdo con su defensa, la jueza responsable del procedimiento federal solicitó expresamente que Jáuregui fuera presentado en el penal del Altiplano para continuar con las actuaciones judiciales correspondientes.

Inicialmente existía la posibilidad de que permaneciera en Chihuahua y compareciera mediante mecanismos electrónicos. Sin embargo, un oficio presentado por agentes ministeriales estableció que debía ser trasladado e internado en el centro penitenciario federal.

El abogado reconoció que todavía no ha tenido acceso a las constancias de la investigación federal y que únicamente conoce el delito que se le atribuye.

El caso de los agentes estadounidenses

La acusación federal está relacionada con un operativo realizado en abril pasado en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, donde presuntamente participaron agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos sin la autorización correspondiente.

Tras aquella intervención se registró un accidente en el que murieron dos estadounidenses y dos integrantes de la Fiscalía de Chihuahua.

La Fiscalía General de la República sostiene que Jáuregui habría permitido la participación irregular de personal extranjero en actividades de seguridad reservadas a las autoridades mexicanas, hechos que considera posiblemente constitutivos de traición a la patria.

Dos procesos judiciales diferentes

En el procedimiento estatal, el juez impuso medidas cautelares como la presentación periódica, la entrega de documentos migratorios y la prohibición de acercarse a testigos.

Sin embargo, estas disposiciones no tienen efecto sobre la orden de aprehensión federal, por lo que el exfiscal continuará bajo custodia.

El siguiente paso será su presentación ante la autoridad judicial federal, donde deberá conocer formalmente los hechos específicos que le imputa la FGR y ejercer su derecho de defensa.

Hasta el momento, la información confirmada corresponde a la orden de traslado y no a su llegada efectiva al Altiplano. Tampoco se ha determinado su responsabilidad penal, por lo que conserva la presunción de inocencia.

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