Opinión
Anticorruptelas escenográficas. Por Javier Valero
Published
hace 8 añoson
A más de uno de los lectores le podrá parecer exagerada la comparación, pero de esas dimensiones es lo que hoy sucede en el Estado Grande.
Primero establezcamos que, de acuerdo con la nueva legislación, el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) debe contar con un Comité Coordinador, encabezado por el Presidente del Comité Ciudadano, e integrado por el Auditor Superior del Estado; el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; el titular de la Secretaría de la Función Pública; el Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; el Presidente del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Superior de Justicia (TSJ); y el Comisionado Presidente del Ichitaip.
Sus funciones y facultades son muchas y variadas, pero fundamentalmente la del “diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan… La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno…”. Art. 187 Constitución de Chihuahua.
Sorpresivamente, el miércoles fue convocada la instalación del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (CC-SEA), a realizarse el jueves por la mañana en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia.
Para esa instalación no fue convocada la vocera -e integrante- de la Comisión Seleccionadora del Comité Ciudadano, Olga Ponce, a la cual pertenece el presidente del CC-SEA.
La convocatoria se hizo en momentos por demás difíciles para la buena marcha de varias instituciones del gobierno de Chihuahua.
Por una parte, el amparo otorgado a Rodolfo Leyva que lo restituye en la presidencia del Ichitaip, que aún está pendiente de resolverse en definitiva pues Alejandro de la Rocha -quien fuera nombrado presidente, luego de la ilegal destitución de Leyva- tiene derecho a presentar una revisión del amparo otorgado a Leyva; y, por otra, las resoluciones pendientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la legalidad, o no, de la destitución de Gabriel Sepúlveda en la presidencia del TSJ y las de las facultades e integración del Consejo de la Judicatura.
Sin adelantar en qué sentido se dieran tales resoluciones, lo cierto es que existe, sobre esas instancias, un velo de incertidumbre.
Bueno, pues ese es el escenario. Ahora, imaginemos por un instante que el ganador de las elecciones del 2016 no hubiese sido Javier Corral y que el candidato del PRI, Enrique Serrano, hubiese triunfado y que, por tanto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia fuera el magistrado Gabriel Sepúlveda (militante del PRI y amigo de Serrano y de César Duarte); que el Auditor Superior del Estado fuese, todavía, Jesús Manuel Esparza, también militante del PRI y amigo del ex gobernador Duarte, y de Serrano; que la Secretaria de la Función Pública fuese, otra vez, Liz Aguilera, también priista y amiga de Serrano, o Karina Velázquez, la ex presidenta del PRI estatal; que el presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) fuese un destacado priista y que en el Ichitaip hubiesen nombrado a otro priista en la presidencia.
Más aún, que a nombre del Congreso, a la instalación del Comité Coordinador del SEA hubiese acudido una diputada del PRI y que, a su vez, el Presidente de la Comisión de Vigilancia y Fiscalización del Congreso fuese otro priista y que todos ellos hubiesen realizado la instalación de ese Comité Coordinador del SEA (CC-SEA), integrado por ¡Puros militantes priistas o personas muy cercanas al PRI o a los funcionarios estatales, en ese hipotético escenario en el que el triunfador hubiese sido el priista Enrique Serrano!
¿Se imaginan el escándalo, hasta internacional, que hubiesen armado los dirigentes y militantes del PAN?
¿Se imaginan que hubiesen hecho las organizaciones sociales derechohumanistas y las dedicadas a vigilar la transparencia del gobierno de Chihuahua?
El principal argumento para descalificar tal instalación hubiese sido que el total de sus integrantes eran del partido en el gobierno, o que mantenían estrechos lazos con el grupo gobernante.
Bueno, pues eso hizo del gobierno del amanecer el jueves anterior, aunque con una cantidad mayor de agravantes.
No son cualquier cosa.
El Presidente del TSJ está pendiendo de la resolución de la SCJN, si bien no se le conoce filia pública con el PAN al magistrado Julio César Jiménez Castro, es a quien el gobernador Corral impulsó para que ocupara esa posición; el Auditor Superior del Estado, Armando Valenzuela, es encargado del despacho y es cercano al mandatario estatal, además de que su posición está cuestionada; el presidente del CC-SEA es José Enríquez Tamez, miembro del PAN y que, de acuerdo con la normatividad nacional, no debiera ocupar esa posición, precisamente por su militancia; la Secretaria Estefany Olmos, que no es militante del PAN, pero es claramente de las confianzas del gobernador Corral.
La instalación del CC-SEA, la principal instancia que, de acuerdo con los ejes del gobierno del amanecer, sería la columna vertebral en el combate a la corrupción gubernamental lo hacen parcialmente, con casi la mitad de sus integrantes o ausentes, o sometidos a cuestionamientos judiciales y, peor, que sus nombramientos obedecen a su cercanía con el gobernante.
A esa escenográfica instalación, acudieron la diputada Blanca Gámez (PAN), en representación del Congreso del Estado y Jorge Soto (También del PAN) como presidente de la Comisión de Fiscalización.
Más aún, el CC-SEA no tiene asignado ni presupuesto, ni instalaciones; no posee empleados, ni funcionarios; no tiene una ley reglamentaria y aún no se aprueba por el Congreso del Estado la regulación del nombramiento del Fiscal Especial Anticorrupción y, tampoco, del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; por tanto, tampoco están nombrados sus titulares, que son parte fundamental del CC-SEA.
Si el Comité Coordinador del SEA tiene estos problemas ¿Cuál es la razón de la convocatoria para su instalación? ¿Acaso en la reinstalación de Rodolfo Leyva y sus tronantes posturas en contra del gobernador Corral?
Lo hemos dicho reiteradamente, el gobierno encabezado por Javier Corral tendría retos mayores, superiores a los que podrían haber encarado sus antecesores, pues emergía de un vasto rechazo a un gobierno y a su partido por los innumerables y evidentes actos de corrupción.
Los antecedentes, en materia de desarrollo democrático, hacían esperar mejores resultados de una administración dirigida por Corral.
Más aún, estaba obligado a mantener, a costa de cualquier precio, la congruencia; que sus dichos fuesen respaldados por las acciones de gobierno.
La frustrada instalación del CC-SEA es otro ejemplo emblemático de lo contrario ¿Cómo pretender, mediante un acto escenográfico, acompañados solo de los suyos, en medio de una crisis institucional, instalar el órgano operativo de la ofensiva anticorrupción en Chihuahua, si nace cojo, ciego, pobre y cuestionado?
No son exageraciones, nace cojo pues aún le faltan dos titulares, fundamentales para su funcionamiento, el fiscal anticorrupción -¡Nomás!- y el titular del tribunal encargado de vigilar todo lo referente a lo administrativo; ciego, pues aún no tiene regulaciones; pobre pues no tiene presupuesto asignado y cuestionado por la SCJN.
¿Pues qué les pasa?
Lo que menos necesita la sociedad chihuahuense es una política gubernamental de simulación, en momentos en que la contienda presidencial -de la que no se escapan los protagonistas locales- evidencia lo peor de la clase política y en la que el factor común es ese, la simulación.
¿Cómo integrar un organismo para combatir la corrupción gubernamental con puros allegados al grupo gobernante?
¿En qué momento perdieron la brújula ciudadanizadora? ¿O nunca la tuvieron realmente?
¡Híjole!
¿Porqué tanta premura en la instalación de un organismo, supuestamente emblemático del quehacer del gobierno del amanecer?
¿Porqué hacerlo cuando están en una crisis de legitimidad y, peor aún, de legalidad, puesta en entredicho, no por el Comisionado Leyva, sino por un juez federal que, además, ha ordenado que no recurran al mismo procedimiento, en caso de reinstalar a Leyva?
Es decir, que no podrán hacer como que respetan su resolución y luego, como lo hicieron los diputados duartistas con dos de las comisionadas del actual Ichitaip, volverlas a nombrar, pues, recalca, no tienen facultades para hacerlo, es decir, no pueden destituir a su presidente, fondo del asunto que ahora tiene en vilo al órgano garante de la transparencia en Chihuahua y de cuya actuación está tan pendiente el gobierno que le prometió a sus gobernados ser el más transparente del país, pero que ahora efectúa una y mil maniobras para mantener bajo su control a todas las instancias y dependencias encargadas ¡De vigilarlo!
Urge una política de distensión y de reflexión en el grupo gobernante; contra su percepción crece la desilusión popular hacia su quehacer, y el rechazo a su concepción autoritaria del ejercicio del poder es, por momentos, avasallante.
Aún están a tiempo de recuperar el rumbo perdido. No tienen mucho.
[email protected]; Blog: luisjaviervalero; Twitter: /LJValeroF; Facebook: Aserto
Opinión
Siete voces, siete silencios. Por Caleb Ordóñez Talavera
Published
hace 1 semanaon
Jul 24, 2026
El desayuno se interrumpió con el sonido seco de los disparos. Alejandro Leyva apenas tuvo tiempo de reaccionar. Estaba sentado en una fonda del fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, Oaxaca, en una mañana que parecía igual a cualquier otra. Entonces llegaron hombres armados en motocicleta. Apuntaron directo. Dispararon sin titubeos. Tres impactos, principalmente en la parte superior del cuerpo, bastaron para arrebatarle la vida casi de inmediato. Una mujer que se encontraba en el lugar también resultó herida. Los agresores huyeron con la misma rapidez con la que aparecieron. En cuestión de segundos, lo cotidiano se convirtió en tragedia.
Alejandro Leyva no era un desconocido. Había dirigido la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, escribía la columna El Zumbido del Moscardón y, sobre todo, era una voz incómoda para el poder. En sus espacios criticaba la corrupción, denunciaba la violencia y cuestionaba decisiones del gobierno estatal. Incluso había denunciado amenazas y actos de intimidación en su contra desde tiempo atrás. Quienes hoy investigan el caso saben que no puede ignorarse ninguna línea relacionada con su actividad periodística. La Fiscalía General de la República ya atrajo la investigación.
Con él ya son siete periodistas asesinados en México durante este año.
Siete.
Es una cifra que debería provocar una crisis nacional. Sin embargo, en México, lamentablemente, ya aprendimos a recibir este tipo de noticias con total resignación. Ya no nos duele. Esa quizá sea la peor derrota.
Este crimen no es un caso aislado. Es la continuación de un patrón que este país se niega a romper, y por eso vale la pena detenerse a pensar en lo que realmente significa.
Porque el problema nunca ha sido únicamente el número de periodistas asesinados. El verdadero drama es que, detrás de cada crimen, existe un mensaje mucho más profundo: hay regiones enteras donde informar se convirtió en una actividad de alto riesgo.
Durante años, el periodista mexicano dejó de preocuparse únicamente por verificar datos, conseguir entrevistas o publicar exclusivas. Hoy también debe preguntarse si una investigación pondrá en riesgo a su familia, si un reportaje provocará amenazas, si una llamada desconocida puede cambiarle la vida o si una publicación en redes sociales bastará para convertirse en objetivo de alguien.
Esa no es una democracia sana.
México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos formales de guerra. Y lo más preocupante es que esa realidad ya no distingue entre periodistas nacionales, reporteros comunitarios, conductores de radio, fotógrafos, columnistas o creadores de contenido que investigan asuntos públicos. Quien incomoda al crimen organizado, a intereses económicos o al poder político puede terminar enfrentando amenazas, campañas de desprestigio, demandas judiciales, vigilancia o, en el peor de los casos, la muerte.
Pero, ¿Por qué ocurre?
Porque la impunidad sigue siendo el mejor aliado de quienes quieren callar voces. Porque demasiados asesinatos permanecen sin castigo. Porque muchas amenazas jamás llegan a investigarse seriamente. Porque los mecanismos de protección suelen reaccionar cuando el riesgo ya escaló demasiado. Y porque, en numerosas regiones del país, el crimen organizado, los intereses políticos y la debilidad institucional terminan cruzándose peligrosamente.
Cada periodista asesinado envía, además, un mensaje devastador a las nuevas generaciones.
¿Qué joven de veinte años decidirá investigar corrupción municipal si observa que hacerlo puede costarle la vida?
¿Qué estudiante de comunicación apostará por el periodismo de investigación cuando descubre que quienes revelan información incómoda terminan necesitando escoltas (que nunca tendrá), cambiando de ciudad o siendo asesinados?
Cuando matan a un periodista no solamente eliminan una voz. También intentan sembrar miedo entre quienes todavía no empiezan a ejercer.
Y eso termina empobreciendo a toda la sociedad.
Porque cuando desaparecen periodistas independientes, también desaparecen historias que jamás conoceremos. Desaparecen denuncias de corrupción, investigaciones sobre desvío de recursos, vínculos criminales, abusos de autoridad o violaciones de derechos humanos. El silencio siempre beneficia a alguien. Nunca beneficia a los ciudadanos.
Por eso, la defensa de la libertad de expresión no puede recaer únicamente en los periodistas.
También corresponde a la sociedad. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de defender el derecho a estar informado. Eso significa valorar el periodismo serio, exigir investigaciones imparciales, rechazar la desinformación y comprender que una prensa crítica no es enemiga del gobierno, sino un contrapeso indispensable para cualquier democracia.
Y, desde luego, el Estado tiene obligaciones mucho más grandes. Pues no basta con emitir comunicados de condena después de cada asesinato. No basta con prometer investigaciones exhaustivas. Tampoco basta con atraer expedientes a instancias federales cuando la indignación ya ocupa los titulares.
El gobierno debe garantizar investigaciones rápidas, independientes y profesionales; fortalecer realmente los mecanismos de protección; castigar tanto a autores materiales como intelectuales y construir condiciones para que ningún periodista tenga que elegir entre publicar una información o conservar la vida.
Porque cuando el miedo dicta qué puede publicarse, la democracia comienza a perder terreno.
No los olvidamos.
Esta columna está dedicada a quienes ya no podrán volver a escribir una nota, tomar una fotografía o encender un micrófono este año: Carlos Castro, asesinado en Poza Rica el 8 de enero; Juan David Gámez, en Nuevo León el 18 de marzo; Roxana Guzmán, secuestrada el 2 de junio y encontrada sin vida semanas después; Luis Ángel López, asesinado en Poza Rica el 11 de junio; Alex Serna, en Zihuatanejo el 3 de julio; Josué Martínez, en Puebla el 16 de julio; y ahora Francisco Alejandro Leyva Aguilar, en Oaxaca.
Siete nombres.
Siete familias.
Siete historias interrumpidas.
Pero también siete razones para no acostumbrarnos.
Porque el día que dejemos de indignarnos por un periodista asesinado habremos aceptado que en México la verdad tiene precio. Y una nación que permite que maten a quienes la cuentan corre el riesgo de quedarse, para siempre, sin quien la narre.
