El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó turnar a Comisiones la Iniciativa que reforma la Ley General de Salud para establecer en México nuevas obligaciones y atribuciones, y/o reforzar las existentes, en los procesos de atención y rehabilitación de personas adictas a las drogas.

Esta propuesta con carácter de Decreto, que modifica los artículos 192, 192 bis y 102 quáter de dicha Ley, la elaboró el Diputado Federal del PRI, Alejandro Domínguez, quien explicó que de conformidad con la misma, así como del programa nacional para la prevención y el tratamiento de la farmacodependencia, los gobiernos de los Estados serán responsables en tres aspectos.

El primero – dijo – realizar campañas sobre prevención de daños a la salud; el segundo, ofrecer atención médica y tratamiento, y el tercero, verificar, autorizar, inspeccionar, vigilar y registrar los centros públicos, privados y sociales especializados en adicciones por drogas de diversa índole.

El legislador por Chihuahua consideró que para los efectos del programa nacional se deben implementar políticas públicas y tratamientos adecuados, basados en el respeto de los derechos humanos, a fin de determinar el impacto del daño en lo individual, familiar y social por consumo de estupefacientes.

Dependencias y entidades públicas deberán tratar las adicciones en centros especializados, bajo un enfoque de reinserción integral y sin vulnerar la integridad física, psíquica y moral, el cual evite poner en riesgo la vida de las o los adictos, subrayó Alejandro Domínguez.

El Coordinador del Grupo de Legisladores del PRI por Chihuahua mencionó que para ello el ingreso de la persona que recibirá atención y rehabilitación deberá constar por escrito, ya sea por ella misma o por quien legalmente deba otorgarlo, siempre por uno o más familiares cercanos.

 Se debe crear un padrón de instituciones y organismos públicos, privados y sociales que realcen actividades de prevención, tratamiento, atención y reinserción social.

Además, celebrar convenios de colaboración con instituciones nacionales y extranjeras, sociales y privadas, así como personas físicas, que atiendan el fenómeno de adicciones con las reglas, bases y características planteadas, propuso el Diputado Federal.

Lo anterior – agregó – no sin antes verificar, certificar y evaluar los centros especializados en adicciones en sus condiciones físicas, funcionamiento administrativo, capacitación del personal, operación de sistemas de tratamiento y obligaciones basadas en esta Ley y otras disposiciones generales aplicables.