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México

Aprueban diputados en general la reforma laboral

El dictamen de reforma laboral fue aprobado en lo general con 261 reservas por la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, a pesar de la inconformidad de los partidos de izquierda, segunda fuerza política en la Cámara baja.

La discusión en lo particular de los artículos reservados se retomará a 9:00 horas de este jueves (local).

El partido que más reservó fue el de la Revolución Democrática (PRD), con 96, seguido del Partido Nueva Alianza (Panal), con 88.

La aprobación en lo general se dio por 21 votos a favor, ocho en contra y una abstención, tras poco más de dos horas de discusión y otras dos de receso.

Los partidos que votaron a favor fueron el Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México (PVEM); los que votaron en contra el PRD, el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano, de izquierda, mientras el Panal se abstuvo.

La comisión busca concluir cuanto antes la elaboración del dictamen que será llevado a votación ante los 500 diputados.

El documento plantea, entre otros puntos, la creación de nuevas formas de contratación, la regulación del outsourcing o subcontratación y permisos para los trabajadores hombres cuando nazcan sus hijos.

Sin embargo, la presidencia de la comisión, a cargo de Carlos Aceves del Olmo, del PRI, retiró del texto los artículos que obligaban a los sindicatos a someterse a la Ley Federal de Transparencia, elementos que incluía la iniciativa original del presidente Felipe Calderón.

Ricardo Anaya, diputado del PAN, en el que milita Calderón, dijo a periodistas que su partido buscará reintegrar esos aspectos al documento en la discusión particular.

Los partidarios de la reforma aseguran que ésta permitirá generar más empleos e impulsar la economía. El documento fue enviado por Calderón con carácter de preferente, lo que obliga a la Cámara baja a votarlo a más tardar en 30 días.

En tanto, la izquierda se manifiesta contra la reforma laboral, que considera lesiva de los derechos de los trabajadores.

«La reforma laboral que tenemos que hacer no es ésta, es una completamente diferente, que amplíe los derechos de los trabajadores», dijo el perredista Martí Batres durante la sesión de la comisión.

Su correligionario Silvano Blanco señaló tras la aprobación que si la reforma entra en vigor, el gobierno del priista Enrique Peña Nieto, que asumirá la Presidencia de la República el 1 de diciembre, pagará el «costo político» de la medida.

Desde el encuentro de este martes, cuando comenzó la discusión del predictamen, la izquierda acusa a la comisión de «excluir» sus propuestas, como la de crear una institución que analice alzas anuales al salario mínimo.

«No es abaratando los costos de los trabajadores como se es más competitivo», dijo en una de sus intervenciones Adolfo Orive, del PT.

La discusión de la reforma laboral ha generado protestas públicas a lo largo de la semana.

El martes, unas 2,500 personas de manifestaron contra la propuesta afuera de la Cámara de Diputados. En uno de los accesos del recinto, inconformes del sindicato de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) mantienen un campamento. Este miércoles, integrantes del sindicato del Gobierno del Distrito Federal (GDF) protestaron en la sede del Senado, según personal de seguridad del Congreso.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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