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México

Aprueban diputados Ley de Ingresos

Tras maratónica sesión de más de 15 horas y con tan solo dos cambios, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023, por un monto de ocho billones 299 mil 647.8 millones de pesos y un endeudamiento interno por hasta por 1 billón 170 mil millones de pesos y se turnó al Senado.

Se registraron 444 reservas, pero los morenistas rechazaron todas las presentadas por el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano y avalaron dos presentas por su bancada.

La primera, con el fin de que los recursos generados por la regularización de “autos chocolate” este año se puedan ejercer en 2023 para obras de pavimentación en los municipios de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.

Al presentar la reserva, la legisladora morenista Martha Alicia Arreola indicó que hasta septiembre pasado se habían regularizado 600 mil vehículos usados de procedencia extranjera, generando mil 394 millones de pesos.

La segunda modificación reincorpora a la Ley de Ingresos una deducción adicional para efectos del Impuesto Sobre la Renta por un monto equivalente a 8 por ciento del costo de libros, periódicos y revistas que adquiera el contribuyente, a fin de estimular la lectura.

 

La Ley de Ingresos se avaló por 271 votos a favor, 201 en contra y una abstención, en medio de críticas de los legisladores de oposición que advirtieron que no se alcanzarán las metas previstas estimadas para el siguiente año.

De esta forma, se estima un crecimiento económico del 3 por ciento, inflación del 3.2 por ciento, un tipo de cambio de 20.6 pesos por dólar, precio del barril de petróleo de 68.7 dólares y una plataforma de producción de un millón 872 mil barriles diarios.

 

Asimismo, se calcula una recaudación federal participable por un monto de 4 billones 443 mil 267.6 pesos.

Se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, en los términos de la Ley Federal de Deuda Pública y para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2023, por un monto de endeudamiento neto interno hasta por 1 billón 170 mil millones de pesos.

Oposición contra Ley de Ingresos de la 4T

Ildefonso Guajardo Villareal, del PRI, cuestionó las estimaciones avaladas para el siguiente año.

“Primero, el precio del dólar se determina por 3 cosas: el déficit fiscal, que este año será el mayor que en 15 años y va a generar expectativas negativas; segundo, el diferencial de tasas que ya nos dijo Gerardo Esquivel que pretenden no seguir el diferencial, por lo tanto, el capital “golondrino” se irá.

“Y tercero, la entrada de inversión extranjera y de ingreso por exportaciones, que lamentablemente estamos desalentando. Así es que esperen sorpresas en el tipo de cambio.

La perredista Elizabeth Valdez, por su parte, expresó: “Los planteamientos alegres no darán los resultados prometidos.

“Aquí, en este país no ha cambiado nada con su “cuarta transformación”; perdón, ¡con su “transformación de cuarta”!

“Ya no hay tiempo sin fundamentos y sin sustentos. Aquí sólo escuchamos de su parte, demagogia y recuerdos del pasado; pasado que sólo vienen a presentar a esta tribuna como pretexto de que no saben cómo hacer las cosas bien”, dijo.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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