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Aprueban diputados Presupuesto de Egresos de 6.2 billones de pesos para 2021

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La Cámara de Diputados aprobó, en la madrugada de este viernes, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021 tras una maratónica discusión, que empezó desde el martes y se extendió hasta el jueves, en una sesión que duró poco más de 20 horas.

Con 305 votos a favor, 151 en contra y cero abstenciones, el PEF 2021 quedó aprobado en lo particular, con lo cual se turnó al Ejecutivo Federal para su eventual publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

De esta manera, la Cámara Baja aprobó un gasto total de gobierno por 6 billones 295,736 millones de pesos, lo que resulta en 0.3% menos que lo que se aprobó en el PEF del 2020. De este monto, 73% se irá al gasto programable, es decir, aquel que se destina a proveer bienes y servicios públicos a la población.

En tanto, los 1.6 billones de pesos restantes serán para el gasto no programable, el cual se destina al cumplimiento de obligaciones que tiene el gobierno como pagos pendientes, gastos relacionados con la deuda y los recursos que se transfieren a las entidades federativas.

A lo largo de su paso por San Lázaro, la presupuesta del Ejecutivo Federal presentó una serie de reasignaciones, las cuales tuvieron un mayor impacto en los ramos autónomos. En primera instancia, se realizaron reasignaciones por 2,407 millones de pesos, en dónde sólo 200 millones de pesos se quitaron a un ramo administrativo –Secretaría de Educación Pública– mientras que los 2,007 millones restantes fueron recortes a los ramos autónomos.

De los ramos autónomos que sufrieron reducciones respecto a la propuesta original, la mayor disminución es para el poder judicial, con 1,130 millones de pesos, con lo cual su presupuesto quedaría en 71,299 millones de pesos.

En el caso del Instituto Nacional Electoral, la reducción de su gasto respecto a la propuesta es de 870 millones, mientras que en el Consejo de la Judicatura Federal será de 866 millones.

Otros ramos con disminuciones fueron el Senado, la Cámara de Diputados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía General de la República, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

En contraparte, la gran ganadora de las reasignaciones es la Secretaría de Bienestar la cual tendrá un incremento de 1,754 millones de pesos en su presupuesto. De esta manera, el gasto de la Secretaría de Bienestar pasaría de 189,970 millones de pesos a 191,724 millones para el 2021.

En tanto la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) tendrá una reasignación de 400 millones de pesos; el Ramo 25, de Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, también tendrá una reasignación por 200 millones de pesos; mientras que la Secretaría de Gobernación se le reasigna 53.04 millones de pesos.

La discusión se alargó debido a que diputados de diferentes bancadas presentaron 1,029 reservas, una cifra que fue catalogada como “histórica” en los registros de las discusiones en la Cámara Baja.

En total, sólo se aceptaron nueve reservas que fueron pactadas por las bancadas.

Con estas reservas, se volvieron a reasignar recursos, pero dentro de los ramos, por ejemplo, al interior de la SEP por 149 millones de pesos a las Escuelas Normales de Educación Superior, con lo cual su presupuesto para el 2021 sube a 170 millones de pesos. Los recursos se obtienen de la reducción del programa de la SEP de apoyos a centros y organizaciones de educación.

En otra de las reservas se reasignaron 50 millones de pesos al Senado tras la reducción en el presupuesto de la Cámara Baja.

Durante la discusión, se había aprobado una reserva de la morenista Ángeles Huerta para destinarle 50 millones de pesos más al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tras la disminución en el gasto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal.

Sin embargo, horas más tarde la diputada solicitó que se retirara la reserva, lo cual fue avalado por el pleno.

Además se reasignaron 4.5 millones de pesos para la reconstrucción y/o rehabilitación de la infraestructura física educativa que fue dañada en los sismos del 2017. Con esto, se mantiene el componente educativo del Programa Nacional de Reconstrucción, el cual no contaba con un presupuesto en la propuesta del Ejecutivo Federal del PEF.

Las otras reservas aprobadas estaban relacionadas a la creación un grupo de seguimiento a los recursos que se designan al rubro de pueblos indígenas y agro mexicanos.

También que el programa La Escuela es Nuestra que incluye recursos para el programa Escuelas de Tiempo Completo, garantice los apoyos de las y los docentes que imparten actividades académicas de dicho programa.

De la diputada federal del Partido Verde, Leticia Gómez, se prevé avalar la reserva para que del presupuesto destinado al Ramo 12 Salud, que incluye los 33,000 millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar, se destinen recursos para la detección y atención del cáncer infantil.

Asimismo, se aprobó la eliminación de la etiqueta del Ramo 12 Salud del programa “Subsidio para refugios y centros de atención externa de refugios para mujeres víctimas de violencia” con un presupuesto de 330 millones de pesos, ya que el Ramo 20 Bienestar mantiene un presupuesto para atender los refugios de mujeres víctimas de violencia y planteó que los recursos se destinen al programa de salud materna, sexual y reproductiva del Anexo 13.

Por parte del diputado Pablo Gómez, se aprobó una modificación al Anexo 23 Remuneraciones, en donde se agregó un transitorio, mientras que Irineo Molina presentó otro transitorio para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme a las disponibilidades presupuestarias con las que cuente, pueda asignar recursos para apoyar paulatinamente programas y proyectos de inversión tramitados ante ella durante el 2020, así como los de 2021.

Fuente: El Economista

Política

Deudas electorales alcanzan a jueces y magistrados en el Distrito Bravos

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Entre las diez personas con mayor adeudo por multas derivadas del proceso de fiscalización de gastos de campaña se encuentran una jueza y una magistrada que actualmente desempeñan funciones en el Distrito Judicial Bravos, de acuerdo con registros oficiales de las autoridades electorales.

La jueza de Control del Tribunal Especializado en Narcomenudeo, Silvia Delgado García, encabeza la lista con el monto más alto pendiente de pago. Su adeudo asciende a 34 mil 960.26 pesos y permanece vigente desde agosto de 2025. Durante su campaña, la funcionaria fue señalada públicamente por haber representado legalmente a un presunto líder de una organización criminal trasnacional. El incumplimiento del pago quedó asentado en un acuerdo emitido el 16 de enero por la autoridad electoral estatal y en el apartado correspondiente de sanciones.

En los siguientes lugares se encuentran Ángel Gerardo Ontiveros Hinojos, Édgar Olivas Mariñelarena, Paola Lizeth Pérez Chávez y Óscar Jan Erntsson Hernández, con multas que oscilan entre los 18 mil 894 y los 23 mil 194 pesos.

En el sexto sitio figura la magistrada penal reelecta Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, quien mantiene un adeudo de 16 mil 065.88 pesos.

En la novena posición aparece Jesús Manuel Carrasco Chacón, exfiscal de Distrito Zona Norte hasta enero de 2023, cuando fue destituido. Carrasco Chacón buscó un cargo como juez penal fuera de Ciudad Juárez y tiene pendiente el pago de 13 mil 689.94 pesos, monto que fue reducido tras argumentar imposibilidad para cubrirlo en su totalidad.

En total, 435 personas candidatas dentro del proceso de elección judicial mantienen adeudos por multas. De ellas, 22 son actualmente jueces en el Distrito Judicial Bravos, entre quienes se encuentran, además de Delgado García, Rosa Amelia Bailón Payán, Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, Karen Arteaga Rivas, Raquel Carlos Ávila, Edith Castruita, Félix Guerra, Marco Calderón y Maribel Vega, principalmente en materia penal. En estos casos, los montos pendientes son menores, con cifras que van de los 566 a los mil 697 pesos.

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