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Aprueban diputados Presupuesto de Egresos de 6.2 billones de pesos para 2021

La Cámara de Diputados aprobó, en la madrugada de este viernes, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021 tras una maratónica discusión, que empezó desde el martes y se extendió hasta el jueves, en una sesión que duró poco más de 20 horas.

Con 305 votos a favor, 151 en contra y cero abstenciones, el PEF 2021 quedó aprobado en lo particular, con lo cual se turnó al Ejecutivo Federal para su eventual publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

De esta manera, la Cámara Baja aprobó un gasto total de gobierno por 6 billones 295,736 millones de pesos, lo que resulta en 0.3% menos que lo que se aprobó en el PEF del 2020. De este monto, 73% se irá al gasto programable, es decir, aquel que se destina a proveer bienes y servicios públicos a la población.

En tanto, los 1.6 billones de pesos restantes serán para el gasto no programable, el cual se destina al cumplimiento de obligaciones que tiene el gobierno como pagos pendientes, gastos relacionados con la deuda y los recursos que se transfieren a las entidades federativas.

A lo largo de su paso por San Lázaro, la presupuesta del Ejecutivo Federal presentó una serie de reasignaciones, las cuales tuvieron un mayor impacto en los ramos autónomos. En primera instancia, se realizaron reasignaciones por 2,407 millones de pesos, en dónde sólo 200 millones de pesos se quitaron a un ramo administrativo –Secretaría de Educación Pública– mientras que los 2,007 millones restantes fueron recortes a los ramos autónomos.

De los ramos autónomos que sufrieron reducciones respecto a la propuesta original, la mayor disminución es para el poder judicial, con 1,130 millones de pesos, con lo cual su presupuesto quedaría en 71,299 millones de pesos.

En el caso del Instituto Nacional Electoral, la reducción de su gasto respecto a la propuesta es de 870 millones, mientras que en el Consejo de la Judicatura Federal será de 866 millones.

Otros ramos con disminuciones fueron el Senado, la Cámara de Diputados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía General de la República, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

En contraparte, la gran ganadora de las reasignaciones es la Secretaría de Bienestar la cual tendrá un incremento de 1,754 millones de pesos en su presupuesto. De esta manera, el gasto de la Secretaría de Bienestar pasaría de 189,970 millones de pesos a 191,724 millones para el 2021.

En tanto la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) tendrá una reasignación de 400 millones de pesos; el Ramo 25, de Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, también tendrá una reasignación por 200 millones de pesos; mientras que la Secretaría de Gobernación se le reasigna 53.04 millones de pesos.

La discusión se alargó debido a que diputados de diferentes bancadas presentaron 1,029 reservas, una cifra que fue catalogada como “histórica” en los registros de las discusiones en la Cámara Baja.

En total, sólo se aceptaron nueve reservas que fueron pactadas por las bancadas.

Con estas reservas, se volvieron a reasignar recursos, pero dentro de los ramos, por ejemplo, al interior de la SEP por 149 millones de pesos a las Escuelas Normales de Educación Superior, con lo cual su presupuesto para el 2021 sube a 170 millones de pesos. Los recursos se obtienen de la reducción del programa de la SEP de apoyos a centros y organizaciones de educación.

En otra de las reservas se reasignaron 50 millones de pesos al Senado tras la reducción en el presupuesto de la Cámara Baja.

Durante la discusión, se había aprobado una reserva de la morenista Ángeles Huerta para destinarle 50 millones de pesos más al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tras la disminución en el gasto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal.

Sin embargo, horas más tarde la diputada solicitó que se retirara la reserva, lo cual fue avalado por el pleno.

Además se reasignaron 4.5 millones de pesos para la reconstrucción y/o rehabilitación de la infraestructura física educativa que fue dañada en los sismos del 2017. Con esto, se mantiene el componente educativo del Programa Nacional de Reconstrucción, el cual no contaba con un presupuesto en la propuesta del Ejecutivo Federal del PEF.

Las otras reservas aprobadas estaban relacionadas a la creación un grupo de seguimiento a los recursos que se designan al rubro de pueblos indígenas y agro mexicanos.

También que el programa La Escuela es Nuestra que incluye recursos para el programa Escuelas de Tiempo Completo, garantice los apoyos de las y los docentes que imparten actividades académicas de dicho programa.

De la diputada federal del Partido Verde, Leticia Gómez, se prevé avalar la reserva para que del presupuesto destinado al Ramo 12 Salud, que incluye los 33,000 millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar, se destinen recursos para la detección y atención del cáncer infantil.

Asimismo, se aprobó la eliminación de la etiqueta del Ramo 12 Salud del programa “Subsidio para refugios y centros de atención externa de refugios para mujeres víctimas de violencia” con un presupuesto de 330 millones de pesos, ya que el Ramo 20 Bienestar mantiene un presupuesto para atender los refugios de mujeres víctimas de violencia y planteó que los recursos se destinen al programa de salud materna, sexual y reproductiva del Anexo 13.

Por parte del diputado Pablo Gómez, se aprobó una modificación al Anexo 23 Remuneraciones, en donde se agregó un transitorio, mientras que Irineo Molina presentó otro transitorio para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme a las disponibilidades presupuestarias con las que cuente, pueda asignar recursos para apoyar paulatinamente programas y proyectos de inversión tramitados ante ella durante el 2020, así como los de 2021.

Fuente: El Economista

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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