Con 269 votos a favor y 2019 en contra, la Cámara de Diputados aprobó este martes una reforma al Titulo Quinto de la Ley de Instituciones de Crédito que otorga a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) nuevas atribuciones, como poder bloquear cuentas bancarias sin previa resolución judicial, cuando existan indicios de financiamiento al terrorismo o lavado de dinero.
Se trata de un dictamen que promovió el ex titular de la UIF, Santiago Nieto, y que se empezó a discutir en el Congreso desde finales de 2019, en la pasada legislatura. Y es que cuando pasó al Senado sufrió modificaciones por parte del morenista Ricardo Monreal, por lo que regresó a la Cámara baja.
Entre lo aprobado también destaca que sean las instituciones financieras las responsables de notificar a personas físicas o morales (usuarios) sobre el congelamiento de sus cuentas bancarias y ya no la UIF.
Incluso, señala el procedimiento a seguir por quienes sean incluidos en la Lista de Personas Bloqueadas, que tendrán un plazo de 10 días hábiles para presentar su respuesta. Este contará a partir del día siguiente de que se les informe por escrito los fundamentos, causa o causas de la inhabilitación de sus cuentas, por parte de la Secretaría de Hacienda (SHC), la UIF y la institución bancaria.
“Se trata de simplificar […] es materialmente imposible de atender, toda vez que no tiene los recursos humanos y materiales para atender la disposición como se había planteado, mientras que los bancos sí la tienen, y operativamente está demostrada su eficiencia”, explicó la diputada de Morena, Aleida Alavez.
Sin embargo, durante el debate la oposición (PRI-PAN-PRD y MC) denunció que se trata de una vulneración constitucional, pues de fondo, la minuta recibida del Senado, pretende darle más facultades a la UIF para congelar cuentas.
“Este dictamen está destinado a ser declarado inconstitucional, la Suprema Corte tiene jurisprudencias donde se especifica que congelar cuentas solo puede ser utilizado como medida cautelar pata atender peticiones internacionales, ahora quieren hacerlo en todo momento. Durante estos cuatro años hemos visto cómo la UIF se ha utilizado como un aparato represor, un aparato intimidados por parte del ejecutivo”, demandó el diputado perredista, Marcelino Castañeda.
La panista Patricia Terrazas expuso que se aprobaba la reforma, sin que hubiera congruencia en el Gobierno, Morena y sus aliados.
“Desde esta tribuna le digo al Presidente y a sus aliados que el buen juez por su casa empieza, tendría que hacer las aclaraciones del origen y destino de los recursos de su familia, de José Ramón, de Martín, de Pío, de su prima Felipa y de sus colaboradores cercanos”
Dijo que el país ha sido testigo de cómo la UIF ha vulnerado el debido proceso y la presunción de inocencia.
“Ya se está haciendo costumbre que todas las leyes se violen con recurrencia, y veamos qué es lo que ha sucedido, principalmente estas últimas dos semanas desde el púlpito del Palacio, el gran abuso que se ha dado de la comunicación. No es sano que se den más armas a un solo poder, no es sano que se le den más armas al Presidente”, reclamó.