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Sube el salario mínimo y aprieta a las PyMES: piden apoyos para evitar despidos y alza de precios

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El incremento del 13 por ciento al salario mínimo, que entró en vigor al inicio de 2026, representa un avance importante para la recuperación del poder adquisitivo de las familias, pero también plantea un desafío significativo para las pequeñas y medianas empresas, advirtió el maestro Isaac González Granados, docente de la Facultad de Economía Internacional de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

El especialista reconoció que el aumento es una medida positiva desde el punto de vista social, al permitir que los trabajadores enfrenten mejor el costo de vida. Sin embargo, subrayó que las decisiones económicas tienen efectos en cadena y no ocurren de manera aislada.

Explicó que mientras las grandes empresas suelen tener mayor capacidad para absorber el incremento en la nómina, las PyMES enfrentan un escenario mucho más complejo. Negocios como tiendas de barrio, talleres o comercios locales podrían verse presionados si sus costos laborales aumentan sin que exista un crecimiento proporcional en sus ventas.

De no existir apoyos, alertó, esta situación podría traducirse en un alza de precios para los consumidores o, en el peor de los casos, en recortes de personal, afectando tanto al empleo como a la estabilidad económica local.

Ante este panorama, González Granados hizo un llamado a no dejar solas a las pequeñas empresas y a impulsar medidas de acompañamiento por parte de las autoridades, como subsidios temporales a las cuotas de seguridad social o periodos de gracia en el Impuesto Sobre Nómina.

Este tipo de apoyos, explicó, permitirían amortiguar el impacto inicial del aumento salarial mientras las empresas ajustan su productividad y modelo financiero, generando un equilibrio entre el bienestar de los trabajadores y la viabilidad del sector productivo local.

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EE.UU. impone arancel de 10% a México por política sobre trabajo forzoso

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Estados Unidos anunció una nueva ronda de aranceles para 60 economías, entre ellas México, al que aplicará un gravamen de 10 por ciento por considerar que no prohíbe o no hace cumplir de manera efectiva la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.

La medida fue dada a conocer por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que explicó que la decisión deriva de una investigación realizada bajo la Sección 301, iniciada el 12 de marzo de 2026 por instrucción del presidente Donald Trump. El proceso incluyó dos rondas de audiencias públicas, consultas con más de 45 gobiernos y el análisis de más de 2 mil 100 comentarios.

México forma parte del grupo de países sujetos a un arancel de 10 por ciento, junto con Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido.

De acuerdo con la USTR, esta categoría corresponde a economías que ya cuentan con una prohibición para importar productos elaborados con trabajo forzoso, que asumieron el compromiso de establecerla mediante un Acuerdo sobre Comercio Recíproco o que aplican mecanismos parciales para impedir la entrada de este tipo de mercancías.

La resolución también establece un esquema de tres niveles de sanciones. Para el resto de las economías investigadas se fijó un arancel de 12.5 por ciento, mientras que determinados productos procedentes de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza enfrentarán tasas de 10 o 12.5 por ciento, descontando la tarifa de Nación Más Favorecida cuando corresponda.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló que la decisión responde a la conclusión emitida el pasado 2 de junio, en la que la USTR determinó que las políticas de las 60 economías investigadas obstaculizan o restringen el comercio estadounidense. Agregó que la administración de Donald Trump considera necesario reforzar las medidas contra el trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la resolución no modifica el arancel efectivo que actualmente paga México, ya que más del 80 por ciento de las exportaciones nacionales permanece exento al cumplir con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El funcionario explicó que el gravamen de 10 por ciento para las exportaciones que no cumplen con el T-MEC se mantiene, aunque ahora cambia su fundamento legal al pasar de la Sección 122 a la Sección 301. Añadió que el Gobierno de México continúa las conversaciones con el representante comercial estadounidense para acercar posiciones en materia comercial.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este jueves sostuvo una reunión con Jamieson Greer en Palacio Nacional, donde ambas partes avanzaron en la revisión del T-MEC y en otros acuerdos bilaterales.

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