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México

Aprueban en lo general reforma contra ‘huachicol’ fiscal

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma para considerar cualquier daño al fisco federal como una amenaza a la seguridad nacional, aplicar prisión preventiva oficiosa y castigar como delincuencia organizada la operación de empresas fantasma, así como la compra y venta de facturas falsas, cuando el monto rebase los 7.8 millones de pesos.

La reforma fue aprobada con 318 a favor, 3 abstenciones y 121 en contra. Los votos en contra fueron de las bancadas del PAN, PRI y PRD; a favor de Morena, MC, PVEM, PES y PT.
Esta es una reforma impulsada por la bancada mayoritaria de Morena. Una de sus diputadas, Paola Tenorio Adame, argumentó que la defraudación fiscal ha frenado el crecimiento de la economía nacional, ha debilitado a las instituciones e incrementado la desigualdad social, pues en los últimos cinco años se han emitido ocho millones de facturas falsas que le han costado al país 1.6 billones de pesos.

El objeto de esta reforma es combatir y sancionar únicamente a los contribuyentes deshonestos y corruptos que dañan a nuestro país, así que dejen de malinformar con un terrorismo fiscal que no existe. ¿O acaso están ustedes inmiscuidos en algo y por eso insisten tanto en defender lo indefendible?”, señaló.

Sin embargo, la oposición sostuvo que se está propiciando “terrorismo fiscal”, equiparando estos delitos como una amenaza a la seguridad nacional y castigos como delitos de delincuencia organizada, que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Enrique Ochoa Reza, diputado del PRI, recordó que el pasado viernes, en Parlamento Abierto, expertos en derecho y representantes de las organizaciones empresariales de este país se expresaron en contra de la reforma.

Les voy a comentar algunas de las expresiones que los 19 expertos en la materia señalaron sobre el dictamen. Dijeron, es una reforma atroz e innecesaria, es una exageración, contraviene varios principios constitucionales. Atenta contra la presunción de inocencia, el debido proceso, y el Estado de Derecho. Esta reforma, dijeron, no es idónea, ni cumple la proporcionalidad que protege la Constitución”, dijo el diputado del PRI.

El dictamen reforma la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal.

Al momento, en el Pleno se discuten 34 reservas a 11 artículos de dichas leyes presentadas por los diputados en busca de hacer cambios al dictamen; sin embargo, el pasado lunes, el líder de los morenistas, Mario Delgado, adelantó que no habrá cambios a la minuta.

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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