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México

Aprueban la reforma a Ley de Víctimas

La bancada del PAN en el Senado mexicano confrontó este jueves a los partidos PRI PRD por las reformas que promueven a la Ley General de Víctimas.

La bancada del PAN en el Senado mexicano confrontó este jueves a los partidos PRI PRD por las reformas que promueven a la Ley General de Víctimas.

El documento quedó aprobado en lo general por 103 votos a favor y cero en contra y es debatido en lo particular.

En la sesión del pleno, el panista Roberto Gil Zuarth consideró que el dictamen que discute este jueves la Cámara alta no ha sido analizado con detenimiento y acusó al PRI y al PRD de buscar aprobarlo con rapidez para quedar bien con algunos grupos de activistas.

“La urgencia no debe ser pretexto para renunciar al deber básico de legislar bien”, dijo en tribuna. “Pudimos hacer más en este proceso. Quizá no nos escuchamos lo suficiente por esa lógica del apresuramiento”.

En su turno, Manuel Camacho Solís, del PRD, defendió el dictamen y que senadores hayan retomado las propuestas de organizaciones civiles.

“Qué bueno que abrimos las puertas del Senado a quienes reclamaban paz y justicia”, dijo.

Momentos después, la panista Adriana Dávila exigió que las reformas a la ley de víctimas sean aprobadas para favorecer a ese sector y no por la unión política.

La priista Arely Gómez defendió el dictamen argumentando que su aprobación garantizará que el Estado apoye a las personas afectadas por la violencia en el país.

El pleno del Senado discute este jueves una propuesta impulsada por un grupo de activistas para reformar la Ley General de Víctimas, que establece las normas para que el Estado atienda a las personas afectadas por la violencia en México.

La legislación fue promulgada a principios de enero, pero activistas como Javier Sicilia, Isabel Miranda de Wallace, Alejandro Martí y María Elena Morera consideran que necesita ajustes.

En febrero, presentaron a senadores de varias bancadas una propuesta de cambios, entre los que plantean definir que los familiares de una víctima serán catalogados como víctimas indirectas y obligar a que el Estado otorgue el 0.014% de su gasto programable anual al fondo de atención a víctimas.

También proponen reducir de nueve a siete el número de integrantes de la Comisión Ejecutiva federal que administrará el fondo y atenderá los casos de ciudadanos afectados por la violencia.

La iniciativa fue adoptada por el PRI y el PRD. El PAN expresó reservas con el documento y esta semana presentó sus propios planteamientos.

El texto quedó aprobado el miércoles en las comisiones unidas de Gobernación, Justicia, Derechos Humanos y Estudios Legislativos, Segunda. De ser aprobado por el pleno del Senado, será enviado a la Cámara de Diputados para su revisión.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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