La bancada del PAN en el Senado mexicano confrontó este jueves a los partidos PRI PRD por las reformas que promueven a la Ley General de Víctimas.

El documento quedó aprobado en lo general por 103 votos a favor y cero en contra y es debatido en lo particular.

En la sesión del pleno, el panista Roberto Gil Zuarth consideró que el dictamen que discute este jueves la Cámara alta no ha sido analizado con detenimiento y acusó al PRI y al PRD de buscar aprobarlo con rapidez para quedar bien con algunos grupos de activistas.

“La urgencia no debe ser pretexto para renunciar al deber básico de legislar bien”, dijo en tribuna. “Pudimos hacer más en este proceso. Quizá no nos escuchamos lo suficiente por esa lógica del apresuramiento”.

En su turno, Manuel Camacho Solís, del PRD, defendió el dictamen y que senadores hayan retomado las propuestas de organizaciones civiles.

“Qué bueno que abrimos las puertas del Senado a quienes reclamaban paz y justicia”, dijo.

Momentos después, la panista Adriana Dávila exigió que las reformas a la ley de víctimas sean aprobadas para favorecer a ese sector y no por la unión política.

La priista Arely Gómez defendió el dictamen argumentando que su aprobación garantizará que el Estado apoye a las personas afectadas por la violencia en el país.

El pleno del Senado discute este jueves una propuesta impulsada por un grupo de activistas para reformar la Ley General de Víctimas, que establece las normas para que el Estado atienda a las personas afectadas por la violencia en México.

La legislación fue promulgada a principios de enero, pero activistas como Javier Sicilia, Isabel Miranda de Wallace, Alejandro Martí y María Elena Morera consideran que necesita ajustes.

En febrero, presentaron a senadores de varias bancadas una propuesta de cambios, entre los que plantean definir que los familiares de una víctima serán catalogados como víctimas indirectas y obligar a que el Estado otorgue el 0.014% de su gasto programable anual al fondo de atención a víctimas.

También proponen reducir de nueve a siete el número de integrantes de la Comisión Ejecutiva federal que administrará el fondo y atenderá los casos de ciudadanos afectados por la violencia.

La iniciativa fue adoptada por el PRI y el PRD. El PAN expresó reservas con el documento y esta semana presentó sus propios planteamientos.

El texto quedó aprobado el miércoles en las comisiones unidas de Gobernación, Justicia, Derechos Humanos y Estudios Legislativos, Segunda. De ser aprobado por el pleno del Senado, será enviado a la Cámara de Diputados para su revisión.