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Opinión

Chihuahua, la gran batalla. Por Caleb Ordóñez T.

Andrea Chávez hizo prácticamente todo lo imaginable para convertirse en candidata a gobernadora de Chihuahua. Recorrió el estado durante años, apareció en espectaculares, inundó las redes, protagonizó polémicas nacionales, consiguió el respaldo de Adán Augusto López y tuvo al PT amenazando prácticamente con una rebelión si Morena no la elegía. Construyó alrededor de su nombre esa sensación tan mexicana, de antaño, de que una candidatura ya estaba decidida antes de decidirse.

Y pues, perdió.

No por mucho. En la pregunta definitiva de Morena, Cruz Pérez Cuéllar obtuvo 31.53% contra 30.61% de Andrea. Apenas 0.92 puntos. Pero debajo de aquella diferencia microscópica aparecieron datos bastante más interesantes: Cruz tenía mayor conocimiento que quizá solo los chihuahuenses entenderían, fue un 64.75% contra 51.17%; también quedó arriba cuando se preguntó quién sería mejor candidato y registró mayor disposición de voto. El mecanismo ponderado terminó otorgándole 8.5 puntos contra 1.5. Una tremenda paliza.

Andrea construyó visibilidad. Cruz conservó los factores reales del poder. Y ésa puede ser la primera gran lección de Chihuahua rumbo a 2027.

Porque Cruz es un político de una estructura de antaño; otra escuela. Fue dirigente estatal partidista, diputado local, diputado federal, senador por Morena y dos veces alcalde de Ciudad Juárez. Ya había perdido una candidatura al gobierno estatal pues no tenía presupuesto, luego regresó a Juárez, hizo puentes con AMLO y Sheinbaum, reconstruyó y esperó.

Pertenece a esa generación que aprendió política de primer nivel antes de TikTok: conocer municipios, relacionarse con empresarios, campesinos, ganaderos, comerciantes, dirigentes seccionales, hacerse amigo de adversarios y hasta esquivar los rencores personales que muchas veces pesan más que cualquier encuesta.

No creo que sea fácil.

Pero suele ser bastante bastante útil.

Quizá por eso su primera reacción después de derrotar a Andrea no fue cobrar facturas. “La voy a buscar”, le dijo con ánimo conciliador al periodista Joaquín López-Dóriga. La llamó un activo de Morena y habló inmediatamente de unidad, estructura territorial y diálogo.

Cruz entendió algo elemental: ganó la candidatura, pero todavía no gana Chihuahua.

Y para ganar Chihuahua necesita a Andrea y a su gente.

Después de semejante inversión política -y económica-, Chávez no desaparece porque perdió una encuesta. Conserva reconocimiento, operadores, seguidores en redes sociales, relaciones nacionales y una estructura construida durante años. Además es juarense, justamente donde Cruz deberá resolver una de las sucesiones municipales más importantes del país.

¿Andrea candidata a la alcaldía de Ciudad Juárez?

Hoy sería especulación.

Pero tampoco hay que ser Maquiavelo para imaginar la posibilidad.

Una Andrea verdaderamente incorporada, llevando a su estructura hacia Juárez mientras Cruz concentra su operación estatal, podría transformar la batalla interna más peligrosa de Morena en una alianza electoral formidable. Ella tendría futuro; Cruz tendría unidad; Morena conservaría dos estructuras que hasta hace unos días estaban intentando derrotarse.

Para conseguirlo ambos tendrían que tragarse algo.

Andrea, el orgullo.

Cruz, las facturas pendientes.

Eso se llama política.

La otra posibilidad es mucho más entretenida para el PAN: que Andrea se retire, que sus operadores se dispersen o, peor todavía, que comience el deporte favorito de los partidos mexicanos cuando alguien pierde una interna: el fuego amigo. Una elección competitiva puede perderse por los votos que obtiene el adversario, pero también por aquellos que tus propios aliados deciden no ayudarte a conseguir.

Cruz parece dispuesto a intentar la operación cicatriz, aunque no con todos. Con Andrea quiere hablar. Con Javier Corral, no se tomará ni un café. Cuando López-Dóriga le preguntó por el exgobernador, respondió que no es su compañero y que no quiere su apoyo. Incluso consideró que ser su enemigo es un gran premio, pues en Chihuahua no quieren al exgobernador.

Ahí también hay oficio.

Cruz parece distinguir perfectamente entre Andrea y todos los personajes que se acomodaron alrededor de Andrea. Una cosa es integrar a quien prácticamente empató la medición final y otra organizar una posada para abrazarse con cada adversario acumulado durante veinte años.

Unidad no significa amnesia.

Mientras tanto, en el PAN deben estar haciendo cuentas.

Marco Bonilla gobierna la capital y pertenece al partido que controla el estado. Tiene estructura, exposición, pocos negativos y el enorme activo de competir desde el principal bastión panista. Pero enfrente tendrá a un político que gobierna la ciudad más poblada de Chihuahua, conoce los sectores económicos y políticos del estado y lleva décadas construyendo relaciones más allá de los partidos.

Las encuestas cuentan historias diferentes. Algunas han colocado a Cruz con ventajas muy importantes; otras han puesto a Bonilla competitivo. Eso significa algo mucho más divertido que una elección resuelta:

Hay elección.

Y Chihuahua capital será una batalla dentro de la gran batalla. El PAN conserva ahí su principal fortaleza, pero también tendrá que administrar sus diferencias internas que son verdaderamente hostiles. Morena deberá demostrar que puede trasladar hacia el centro del estado la fuerza que posee en Juárez. Cruz tendrá que convertir poder territorial en una coalición estatal; Bonilla, transformar una plataforma capitalina en un proyecto para 67 municipios.

Porque Chihuahua no será una elección más.

Para Morena es la joya que todavía no posee. La izquierda contemporánea nunca ha gobernado el estado y conquistarlo tendría un enorme valor político y simbólico. Para el PAN significa exactamente lo contrario: Chihuahua forma parte intrínseca de su historia y perderlo sería entregar uno de sus bastiones nacionales fundamentales.

La paradoja es maravillosa. Un estado que nunca ha tenido un gobierno estatal de izquierda tiene profundas conexiones con la izquierda que gobierna México. Bertha Luján, chihuahuense, presidió el Consejo Nacional de Morena y es madre de Luisa María Alcalde y Bertha Alcalde. María Sorté, madre de Omar García Harfuch, nació en Camargo. Andrea es juarense. Cruz también construyó desde Juárez su principal fortaleza política.

E insisto, Chihuahua nunca ha sido gobernado por la izquierda.

Pero demasiados caminos de la izquierda nacional conducen hacia Chihuahua. Tierra que la presidenta ha llamado “su Estado favorito”.

Por eso todos van a ir.

Morena buscará aquello que todavía no tiene. El PAN defenderá aquello que no puede permitirse perder. El PT tendrá que acomodarse después de haber apostado abiertamente por Andrea. La gobernadora Maru Campos defenderá su legado y Marco Bonilla tendrá que salir de la comodidad de la capital y hacer campaña lo más pronto posible.

Y en medio estarán Cruz y Andrea.

Ella tendrá que decidir qué hacer con su derrota.

Él, qué hacer con su victoria.

Falta más de un año.

Pero Chihuahua ya dejó de prepararse para el 2027.

Chihuahua ya está en el 2027 y el país entero querrá saber qué sucederá ahí. Podría convertirse en la madre de todas las batallas.

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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