La apertura del sector energético a la inversión privada, una reforma que buscaron fallidamente los últimos dos presidentes de México, quedó aprobada este miércoles en el Senado, con el aval del PRI y el PAN ante la oposición de la izquierda, que hizo lo posible por alargar la discusión incluso la toma de tribuna.
Con la aprobación, el documento pasará a la Cámara de Diputados, donde el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) tratará de que la principal propuesta del presidente Enrique Peña Nieto quede avalada antes del 15 de diciembre, fecha en la que termina el periodo ordinario de sesiones del Congreso
La reforma energética modifica tres artículos de la Constitución —25, 27 y 28— para permitir que el Estado celebre contratos con particulares nacionales o extranjeros para la producción de energéticos.
“Con el propósito de obtener ingresos que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción mediante asignaciones a empresas productivas del Estado (Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad) o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la ley reglamentaria”, señala el nuevo artículo 27 constitucional, referente al petróleo, el gas y otros hidrocarburos sólidos o líquidos.
El cambio representa un giro de 180 grados respecto de la legislación vigente desde hace 75 años. La expropiación petrolera de 1938, decretada por el entonces presidente Lázaro Cárdena (1934-1940), estableció que esas tareas serían exclusivas del Estado.