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México

Aprueban Ley de Ingresos 2025, gobierno de Sheinbaum tendrá 9.3 billones de pesos

Este martes 26 de noviembre, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 367 votos a favor, 95 en contra y 0 abstenciones, el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2025, en el cual la administración federal tendrá nueve billones 302 mil 015.8 millones de pesos.

Los partidos de oposición criticaron el alto nivel de endeudamiento que representa esta cifra, pues será necesario contratar créditos por 1.5 billones de pesos, es decir, deuda pública.

El Ejecutivo Federal tiene la facultad de contratar y ejercer créditos, incluyendo la emisión de valores, para financiar el presupuesto de egresos. Se ha autorizado un endeudamiento neto interno de hasta un billón 580 mil millones de pesos y un endeudamiento neto externo de hasta 15 mil 500 millones de dólares.

Ahora, los legisladores discuten en lo particular el proyecto de dictamen, en el cual ajustarán el presupuesto para áreas como educación, salud y cultura.

El Gobierno Federal ha proyectado ingresos totales por impuestos de 5 billones 297 mil 812.9 millones de pesos, mientras que los ingresos derivados de financiamientos alcanzarán un billón 246 mil 366.5 millones de pesos. Además, se espera recaudar 603 mil 077.9 millones de pesos por cuotas y aportaciones de seguridad social, y 137 mil 500.5 millones de pesos por derechos. Otros ingresos provendrán de productos y aprovechamientos, sumando 13 mil 707.1 millones de pesos y 223 mil 166.3 millones de pesos, respectivamente.

En cuanto a los ingresos por ventas de bienes y servicios, se estima que alcanzarán un billón 500 mil 579.0 millones de pesos. Las transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, junto con pensiones y jubilaciones, sumarán 279 mil 766.8 millones de pesos. Asimismo, se prevé una recaudación federal participable de 4 billones 892 mil 179.6 millones de pesos.

Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) han recibido autorización para adquirir deuda interna y externa como parte del financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación 2025.

Pemex podrá endeudarse internamente hasta por 143 mil 403.7 millones de pesos y externamente hasta por 5 mil 512.7 millones de dólares. Por su parte, la CFE y sus subsidiarias podrán obtener un endeudamiento interno de hasta 10 mil 27 millones de dólares y uno externo de 991 millones de dólares.

 

Por otro lado, se ha autorizado a la Ciudad de México un endeudamiento neto de 3 mil 500 millones de pesos para financiar obras incluidas en su presupuesto de egresos para 2025.

Finalmente, se espera que la Federación perciba ingresos por proyectos de infraestructura productiva de largo plazo de la CFE, totalizando 317 mil 080.8 millones de pesos, de los cuales 132 mil 503.3 millones de pesos corresponden a inversión directa y 184 mil 577.5 millones de pesos a inversión condicionada.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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