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México

Aprueban Ley de Telecomunicaciones

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular el dictamen de reforma en materia de telecomunicaciones la madrugada de este viernes, luego de una sesión que se prolongó por 17 horas.

Previo a la votación, los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN, PRD, Partido Verde y Nueva Alianza acordaron presentar en conjunto una serie de reservas al dictamen.

Entre los principales puntos aprobados destacan el cambio a los conceptos de must carry-must offer, el añadido de la métrica de audiencia para la declaratoria de los agentes predominantes, además de que sólo se licitarán las concesiones del espectro radioeléctrico y que en la radiodifusión se permitirá una participación de inversión extranjera de hasta 49%, con una cláusula de reciprocidad.

El dictamen, que también debe recibir el aval del Senado, es la primera gran reforma económica de Peña Nieto y plantea que ningún actor tenga más del 50% de participación del mercado de telecomunicaciones y medios, a fin de garantizar que no haya dominancia, bajar tarifas y ofrecer mejores servicios.

La norma podría forzar a las enormes compañías que lideran el negocio a realizar desinversiones. También contempla permitir mayor inversión extranjera en el sector y licitar dos cadenas de televisión abierta.

El gigante de las telecomunicaciones América Móvil, centro del imperio de negocios de Carlos Slim, controla cerca del 70% del mercado de telefonía móvil mexicano y alrededor del 80% del de línea fija.

Por su parte, el grupo de medios Televisa, de Emilio Azcárraga, ha dicho que tiene alrededor del 70% de la audiencia en televisión abierta y además es uno de los jugadores más importantes en televisión de paga.

Las acciones de Televisa, de TV Azteca, la segunda cadena de televisión del país, y América Móvil, han sido castigadas por los inversores desde que se presentó el proyecto el 11 de marzo.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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