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Aprueban Ley de Telecomunicaciones

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La Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular el dictamen de reforma en materia de telecomunicaciones la madrugada de este viernes, luego de una sesión que se prolongó por 17 horas.

Previo a la votación, los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN, PRD, Partido Verde y Nueva Alianza acordaron presentar en conjunto una serie de reservas al dictamen.

Entre los principales puntos aprobados destacan el cambio a los conceptos de must carry-must offer, el añadido de la métrica de audiencia para la declaratoria de los agentes predominantes, además de que sólo se licitarán las concesiones del espectro radioeléctrico y que en la radiodifusión se permitirá una participación de inversión extranjera de hasta 49%, con una cláusula de reciprocidad.

El dictamen, que también debe recibir el aval del Senado, es la primera gran reforma económica de Peña Nieto y plantea que ningún actor tenga más del 50% de participación del mercado de telecomunicaciones y medios, a fin de garantizar que no haya dominancia, bajar tarifas y ofrecer mejores servicios.

La norma podría forzar a las enormes compañías que lideran el negocio a realizar desinversiones. También contempla permitir mayor inversión extranjera en el sector y licitar dos cadenas de televisión abierta.

El gigante de las telecomunicaciones América Móvil, centro del imperio de negocios de Carlos Slim, controla cerca del 70% del mercado de telefonía móvil mexicano y alrededor del 80% del de línea fija.

Por su parte, el grupo de medios Televisa, de Emilio Azcárraga, ha dicho que tiene alrededor del 70% de la audiencia en televisión abierta y además es uno de los jugadores más importantes en televisión de paga.

Las acciones de Televisa, de TV Azteca, la segunda cadena de televisión del país, y América Móvil, han sido castigadas por los inversores desde que se presentó el proyecto el 11 de marzo.

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México

Sheinbaum defiende propuesta de reforma electoral tras rechazo en la Cámara de Diputados

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el rechazo de la reforma electoral en la Cámara de Diputados no representa una derrota para su gobierno. Durante su conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional, sostuvo que la iniciativa tenía como objetivo principal eliminar prácticas de corrupción y reducir privilegios dentro del sistema electoral.

“Que no se haya aprobado no es una derrota”, expresó la mandataria al ser cuestionada sobre la votación en el Congreso. Señaló que la propuesta buscaba generar cambios que permitieran mayor austeridad y transparencia en el funcionamiento de las instituciones electorales.

Sheinbaum explicó que uno de los puntos centrales de la reforma consistía en disminuir gastos considerados excesivos en el aparato electoral. De acuerdo con lo planteado por el Ejecutivo federal, los recursos que se obtendrían mediante esos ajustes se destinarían posteriormente a proyectos de obra pública y desarrollo de infraestructura en el país.

Durante su intervención, la presidenta reiteró que la intención de la iniciativa era modificar estructuras que, a su juicio, mantienen privilegios para diversos funcionarios. Insistió en que la propuesta fue elaborada bajo el principio de combatir la corrupción y optimizar el uso del presupuesto público.

El posicionamiento de la titular del Ejecutivo se dio luego de que la reforma electoral no obtuviera los votos necesarios para avanzar en la Cámara de Diputados. Tras la votación, legisladores de distintos grupos parlamentarios manifestaron sus posturas sobre el contenido de la iniciativa y el rumbo que debería seguir la discusión en materia electoral.

Desde el gobierno federal se ha sostenido que los cambios propuestos permitirían redirigir recursos hacia áreas consideradas prioritarias para el desarrollo nacional. Entre ellas se mencionó la inversión en infraestructura y proyectos de obra pública.

La discusión sobre posibles modificaciones al sistema electoral continúa en el ámbito político y legislativo. Hasta el momento, el gobierno federal ha reiterado su postura de impulsar medidas orientadas a reducir costos y revisar el funcionamiento de las instituciones encargadas de organizar los procesos electorales.

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