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Aprueban ley para la protección de periodistas

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En sesión extraordinaria, integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), aprobaron por mayoría el dictamen por el que se expide la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal.

El dictamen que fue presentado por el diputado Manuel Granados Covarrubias a nombre de la Comisión de Derechos Humanos de este órgano; asimismo el ordenamiento será remitido al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial, y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.

Al fundamentar el documento, Granados Covarrubias destacó que el dictamen fue creado ante la necesidad de brindar una adecuada protección a periodistas así como a defensores de derechos humanos que, por su labor, enfrentan un riesgo extraordinario.

La iniciativa dará cumplimiento al mandato de tutelar los derechos humanos reconocidos en los Tratados Internacionales y establecer que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos de acuerdo con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

El diputado del PRD indicó que “consideramos cabal, la obligación que mandatan los Artículos sexto y septimo constitucionales de garantizar el derecho a la libertad de expresión así como el numeral nueve de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

“El cual establece que el asesinato, el secuestro, la intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción de material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión” afirmó el legislador.

Y por ello “los Estados tienen el deber de prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada” declaró.

El también Presidente de la Comisión de Gobierno, recalcó que se contó con observaciones y puntos de vista de comunicadores y de la sociedad civil.

Además de aprobarse en el caso de las personas defensoras de derechos humanos, también serán adoptadas las medidas legislativas que permitan garantizar efectivamente, los postulados de la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos aprobados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

Además se crea el marco jurídico que da certeza sobre las obligaciones de las autoridades para salvaguardar la vida e integridad de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas, particularmente el desarrollo de las manifestaciones y de la protesta social en la ciudad de México.

Esto en respuesta a la demanda de distintos organismos de la sociedad civil en el sentido de contar con los elementos legales para ejercer la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.

La comisión dictaminadora estimó que la nueva ley permitirá avanzar en el cumplimiento del Capítulo Octavo del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal y varias de sus líneas de acción que plantean el respeto, protección, promoción y garantía del derecho a la libertad de expresión de las personas.

Esto bajo los principios de igualdad y no discriminación, dando seguimiento puntual al impacto y efectividad de la normativa relacionada con la libertad de expresión y el acceso a la información, así como de los asuntos relacionados con los trabajadores y profesionales de los medios de comunicación.

Fuente: El Diario de Yucatán

México

INE estima gasto operativo de casi 4 mil millones para 2027

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El Instituto Nacional Electoral (INE) proyectó un gasto operativo de 3 mil 948 millones 471 mil 536 pesos para el ejercicio fiscal de 2027, monto que será incorporado al Anteproyecto de Presupuesto del organismo de cara al próximo proceso electoral federal.

La estimación fue elaborada a partir de un análisis metodológico sustentado en el comportamiento histórico registrado entre 2023 y 2025, bajo los lineamientos aprobados por la Comisión Temporal del Presupuesto del instituto.

De acuerdo con la distribución prevista, las oficinas centrales concentrarán la mayor parte de los recursos, con una asignación de 2 mil 380 millones 841 mil 144 pesos. Por su parte, las juntas locales y distritales ejecutivas contarán con mil 567 millones 630 mil 392 pesos para sus operaciones.

El organismo electoral precisó que esta proyección tiene como objetivo garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento ordinario del instituto durante el año en que se desarrollarán las elecciones federales.

El cálculo presupuestal excluye diversos conceptos que forman parte de otros rubros de gasto. Entre ellos se encuentran los servicios personales, la Cartera Institucional de Proyectos, las prerrogativas destinadas a los partidos políticos nacionales y el denominado presupuesto precautorio.

Con esta previsión financiera, el INE busca establecer una base presupuestaria para la organización y operación del proceso electoral de 2027.

Por otra parte, la consejera presidenta del instituto, Guadalupe Taddei Zavala, señaló el pasado 25 de mayo que el organismo carece de facultades ministeriales y judiciales para investigar posibles vínculos entre candidatos y grupos del crimen organizado.

Ante la propuesta de crear una Comisión de Verificación de Integridad para las elecciones de 2027, la funcionaria planteó que la legislación defina con precisión las responsabilidades de cada institución involucrada. Asimismo, propuso que la verificación de antecedentes penales, financieros y de seguridad nacional sea realizada por instancias especializadas del Estado mexicano.

Según lo expuesto, el INE se limitaría a recibir los registros de los partidos políticos, remitir los expedientes a las dependencias competentes y notificar si existe algún impedimento legal para una candidatura.

Hasta el momento, la propuesta relacionada con la verificación de integridad de aspirantes continúa en discusión.

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