México
Aprueban ley para la protección de periodistas
En sesión extraordinaria, integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), aprobaron por mayoría el dictamen por el que se expide la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal.
El dictamen que fue presentado por el diputado Manuel Granados Covarrubias a nombre de la Comisión de Derechos Humanos de este órgano; asimismo el ordenamiento será remitido al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial, y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Al fundamentar el documento, Granados Covarrubias destacó que el dictamen fue creado ante la necesidad de brindar una adecuada protección a periodistas así como a defensores de derechos humanos que, por su labor, enfrentan un riesgo extraordinario.
La iniciativa dará cumplimiento al mandato de tutelar los derechos humanos reconocidos en los Tratados Internacionales y establecer que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos de acuerdo con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
El diputado del PRD indicó que “consideramos cabal, la obligación que mandatan los Artículos sexto y septimo constitucionales de garantizar el derecho a la libertad de expresión así como el numeral nueve de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
“El cual establece que el asesinato, el secuestro, la intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción de material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión” afirmó el legislador.
Y por ello “los Estados tienen el deber de prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada” declaró.
El también Presidente de la Comisión de Gobierno, recalcó que se contó con observaciones y puntos de vista de comunicadores y de la sociedad civil.
Además de aprobarse en el caso de las personas defensoras de derechos humanos, también serán adoptadas las medidas legislativas que permitan garantizar efectivamente, los postulados de la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos aprobados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
Además se crea el marco jurídico que da certeza sobre las obligaciones de las autoridades para salvaguardar la vida e integridad de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas, particularmente el desarrollo de las manifestaciones y de la protesta social en la ciudad de México.
Esto en respuesta a la demanda de distintos organismos de la sociedad civil en el sentido de contar con los elementos legales para ejercer la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.
La comisión dictaminadora estimó que la nueva ley permitirá avanzar en el cumplimiento del Capítulo Octavo del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal y varias de sus líneas de acción que plantean el respeto, protección, promoción y garantía del derecho a la libertad de expresión de las personas.
Esto bajo los principios de igualdad y no discriminación, dando seguimiento puntual al impacto y efectividad de la normativa relacionada con la libertad de expresión y el acceso a la información, así como de los asuntos relacionados con los trabajadores y profesionales de los medios de comunicación.
Fuente: El Diario de Yucatán
México
Exmagistrada Mónica Soto podría llegar al gobierno, dice Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum no descartó que la magistrada Mónica Soto pueda incorporarse posteriormente a la administración pública, luego de que anunciara su renuncia a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aunque aclaró que actualmente no existe un cargo contemplado para ella.
Cuestionada durante su conferencia matutina sobre los rumores de que Soto podría recibir una posición dentro del gobierno federal, Sheinbaum respondió que “podría ser”, pero precisó que por ahora no está previsto.
Podría ser, pero no lo tenemos contemplado en este momento.
La presidenta evitó pronunciarse sobre las razones de la renuncia de Soto y sostuvo que se trató de una decisión personal que está dentro de sus atribuciones, a pesar de que hubo señalamientos respecto a la falta de claridad de la dimisión.
“No, no voy a opinar, no me corresponde; ella tomó la decisión de retirarse del tribunal.
Sheinbaum calificó a Soto como una mujer “con experiencia” y “muy profesional en su trabajo”, además consideró que tuvo un buen desempeño tanto como magistrada como durante el periodo en que encabezó el Tribunal Electoral.
“Me parece a mí que ella hizo un muy buen papel al frente cuando le tocó ser presidenta y también como magistrada”, dijo.
Ante la pregunta sobre si la salida de Soto y otra vacante en el Tribunal Electoral podrían representar un problema de cara a las elecciones de 2027, Sheinbaum rechazó que exista una afectación en términos constitucionales.
“No, no tiene problema en términos de lo que establece la Constitución”, respondió.
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La presidenta explicó que, en caso de una elección presidencial, tendría que buscarse una solución para cubrir las vacantes, y puso como ejemplo el proceso electoral de 2024.
Así fue en el 24, se lo recuerdo. Una magistrada de un poder regional participó en la calificación de la elección presidencial.
Sheinbaum recordó que la reforma al Poder Judicial establece que las magistraturas deben ser electas por voto popular.
Explicó que algunos de los integrantes actuales del Tribunal Electoral ya fueron electos y que, para cubrir las posiciones que permanezcan vacantes, será necesario esperar al proceso electoral de 2028.
La reforma al Poder Judicial establece que ellos deben ser electos; como algunos de ellos ya lo fueron, entonces pues hay que esperar al 28 para elegir a los otros dos que faltan.
La mandataria aclaró que desconoce en ese momento cuántos magistrados podrían dejar el Tribunal Electoral antes de esa fecha, pero insistió en que las vacantes no representan, por sí mismas, un impedimento para el funcionamiento del órgano de cara a las elecciones intermedias de 2027.
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