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Apuran el paso para repartir 176 millones de libros de texto

Entregar 176 millones de libros de texto en 45 días. Ese es el reto que enfrenta la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México y que debe cumplir antes del inicio de cursos el próximo 26 de agosto. Los materiales didácticos beneficiarán a 25,7 millones de alumnos y a 1,4 millones de docentes en 186.000 escuelas.

Las autoridades han descartado las dudas sobre la capacidad del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ha iniciado su sexenio el pasado 1 de diciembre, de solventar esta apoteósica tarea y aseguran que 150 millones de libros llegarán a los 32 Estados del país durante el mes de julio y que el reparto se terminará en agosto. «Habrá libros en tiempo y forma», afirma Antonio Meza, director de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg).

La Conaliteg asegura que ha logrado sobreponerse a un atraso de tres meses en comparación con los tiempos habituales. Los libros se comisionan, normalmente, en enero, pero esta vez el proceso se recorrió hasta abril. La demora se debió en parte por el cambio de Gobierno y la necesidad de consolidar las compras de insumos y las licitaciones con los proveedores. «Ha habido muchas afirmaciones peregrinas», señala Meza, un experimentado funcionario que ya ocupó el cargo entre 1994 y 1999, en el Gobierno de Ernesto Zedillo. «En esta Administración se han pisado muchos callos hablando en términos económicos, personas que se llevaban licitaciones previamente asignadas o directamente sin licitación, ellos son básicamente los que están molestos», asegura.

La Conaliteg ha buscado el apoyo de las Fuerzas Armadas y de otras dependencias gubernamentales, que han colaborado para llevar los materiales a las zonas del país a las que es más difícil llegar. Y alrededor de 600 trabajadores trabajan a marchas forzadas para lograr el reparto desde los dos centros de distribución de Querétaro —que atiende a la zona norte del territorio— y de Tlalnepantla —que sirve al centro y sur del país—. Desde ahí, los libros se empaquetan, se envían a cada uno de los 367 centros regionales y llegan igual a las sinuosas carreteras de Sinaloa que a las montañas de Guerrero o a la populosa capital.

La SEP debe garantizar el abasto de libros de forma gratuita a todos los alumnos de preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria y telebachillerato, así como a escuelas de tiempo completo y centros de convivencia escolar. Tiene además publicaciones en sistema braille y en tamaño aumentado para que personas con debilidad visual e invidentes puedan tener acceso a la educación.

Pero quizás el ejemplo más claro de la complejidad de cumplir con esta tarea es la obligación de garantizar materiales en cada una de las lenguas nacionales del país. Se publican materiales en más de 60 idiomas y 120 variantes. Los tirajes pueden ser tan variados como los 300.000 ejemplares que se imprimen en náhuatl, la lengua indígena más hablada a la fecha, o los poco más de 1.000 que se producen en idioma popoloca, asentados los Estados de Puebla y Oaxaca.

En un país de más de 120 millones de habitantes y casi dos millones de kilómetros cuadrados de superficie, montañas de libros se alistan para llegar en el curso 2019-2020. «Es una carrera contra el tiempo», afirma Meza.Tan solo en julio, el Gobierno mexicano enviará hasta cuatro millones de ejemplares diarios y espera producir 32 millones de libros adicionales antes de que termine 2019 para preparar el suministro de los próximos dos años.

Fuente: El País

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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