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México

Arraigan a general Escorcia Vargas y al teniente coronel Hernández Soto

El general de división en retiro Ricardo Escorcia Vargas y el teniente coronel retirado Isidro de Jesús Hernández Soto, fueron arraigados éste sábado por 40 días con base en una orden de un juez federal especializado, con el propósito de profundizar en la investigación por sus presuntos nexos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

La Procuraduría General de la República (PGR) informó que la medida cautelar fue solicitada con motivo de la investigación que lleva a cabo la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada en Delincuencia Organizada (SIEDO) por delitos de delincuencia organizada contemplados en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS//112/2010, la cual fue iniciada en marzo pasado con antecedentes de indagatorias de 2009.

Por tal motivo el divisionario y el teniente coronel de caballería permanecerán los siguientes 40 días en el Centro Federal del Investigaciones junto con los generales Tomas Ángeles y Roberto Dawe, acusados también de vínculos con la delincuencia organizada.

En la  investigación que lleva a cabo la PGR se relaciona a los militares con dicho cártel, en la que se incluyen señalamientos de procesados y testigos colaboradores.

Cabe señalar que la orden de localización y presentación de la PGR contra los cuatro militares fue emitida el pasado 7 de mayo.

La dependencia señaló que el arraigo judicial se decretó con base en lo establecido en el Artículo 16 constitucional y es parte del periodo de investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público de la Federación.

Escorcia Vargas y Hernández Soto fueron  trasladados en medio de un fuerte dispositivo de seguridad al Centro Federal de Investigaciones, ubicado en la colonia Doctores, donde también permanecen los generalesTomas Ángeles y Roberto Dawe.

La vigilancia de dicho inmueble fue reforzada con elementos de las Secretarías de Marina y de Seguridad Pública Federal.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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