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México

Artesanos son víctimas de plagio por empresas

Hidalgo.- La cosmovisión de los pueblos de México ha sido plasmada a través de artesanías. Sin embargo, empresas han explotado sus creaciones y por ello han sido acusadas de plagio y robo de iconografía.

Artesanos de Tenango de Doria están en litigio con dos empresas diferentes. Adalberto Flores Gómez y Angélica Martínez, su esposa, acusan a Nestlé México por tomar sus diseños y emplearlos en sus propios productos.

Entre los diseños de los hidalguenses están un venado, un colibrí y un armadillo. Estos aparecen en unas tazas de Chocolate Abuelita.
Esos productos fueron lanzados en 2014. Desde septiembre de 2016 los artesanos emprendieron una denuncia contra la empresa ante la PGR por presunto plagio. Para poder iniciar esta acción penal, tuvieron que registrar sus diseños bordados ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor.

Otros creadores de la comunidad Otomí fueron recientemente víctimas de una firma española que lucró con los bordados de Tenanto de Doria, Hidalgo.
La empresa Mango vende en sus sucursales y su tienda en línea prendas con valor entre mil 599 pesos y blusas de 899 pesos. A los habitantes no les sorprendió que la firma empleara sus modelos de bordado.

Kenia Montiel Pimentel, subsecretaria de Participación Social y Fomento Artesanal de la Secretaría de Desarrollo Social, asegura que es toda una cosmovisión lo que tienen los tenantgos y que el área jurídica de la dependencia analiza acompañar a las artesanas en denuncia penal ante el Ministerio Público.

A mediados del año pasado la página change.org también presentó una petición para que una marca de ropa dejara de apropiarse del patrimonio de los artesanos textiles del país.

La cibernauta Claudia Muñoz publicó que la marca Rapsodia se aprovecha de la desigualdad de oportunidades y mercados para que los creadores no pudieran comercializar sus productos bajo precios justos.

A finales de 2015 la diseñadora francesa Isabel Marant estuvo en polémica luego que reprodujera los bordados de huipil de indígenas mixes de Santa María Tlahuitoltepec.

La comunidad de cerca de 10 mil habitantes rompió el silencio ante los rumores de que la empresa poseía una patente legal por los bordados. La empresa Antik Batik llevó a Marant ante los tribunales. Allí la diseñadora reconoció la influencia mixe de sus estampados.

Isabel Marant retiró las blusas de los aparadores, donde se vendían a unos 290 dólares. «Se deben vender, pero debe ser la confección, las ganancias, las atenciones para el pueblo mixe, no para otra persona, no de otras empresas», dijo en esa ocasión Carmelitana Vázquez, primera regidora de asuntos educativos y culturales de Tlahuitoltepec.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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