Opinión

Aserto: Sin ejes de gobierno por Luis Javier Valero Flores

Han iniciado las campañas electorales, al principio del mes las de los candidatos al Gobierno del Estado y al final -el 28- las de los candidatos a los cabildos y el Congreso local.

Lo hacen en uno de los peores momentos para la clase política, marcado por la mayoritaria descalificación ciudadana hacia ella y sus partidos; algo de eso recoge la encuesta realizada por la empresa Confirme, contratada por El Diario, y de la cual damos cuenta en las páginas interiores, además de un análisis de las cifras arrojadas, resultado de las preguntas efectuadas a mil 200 personas.

El hecho de tomarla en cuenta para realizar un análisis del comportamiento electoral deriva del hecho que en las dos elecciones anteriores los resultados de las encuestas efectuadas pocos días antes de la fecha de las elecciones sí han marcado las tendencias que finalmente expresaron los ciudadanos en las urnas.
Las que hoy se publican deberá, como todas, obtener su legitimidad con el resultado de las elecciones, no sin enfatizar en el hecho de que es la fotografía de un momento determinado en el actual proceso electoral.
La competencia electoral, desde el primer día, se ha circunscrito a la rivalidad entre los dos punteros -Javier Corral, del PAN, y Enrique Serrano, de la coalición del PRI, PANAL, PT y Verde Ecologista- y a la expectativa del crecimiento, o no, de las simpatías por el candidato independiente, José Luis Barraza.
En los primeros días, los obuses entre los dos primeros han sido de grueso calibre. En tanto Corral llamó a César Duarte “vulgar ladrón” y al candidato Serrano su subordinado, el dirigente estatal priista, Guillermo Dowell, amenazó con denunciar penalmente, ante la PGR, al candidato blanquiazul por colusión con el crimen organizado, sólo porque éste acusó al jefe de la policía municipal de Bachíniva de ser cómplice del afamado “80”, un jefe de grupos armados en la región del noroeste.

Quizá porque Corral logró colocar en el centro de la discusión pública la detención del gobernador Duarte, de llegar al gobierno, los primeros pronunciamientos de Serrano se han centrado en el combate a la corrupción, de la manera como lo abordaría el candidato de la oposición, partiendo del hecho de que la administración a sustituir hubiese gozado de tal característica y ha mostrado una apresurada tendencia a deslindarse del gobierno anterior, cuando todos los chihuahuenses lo ubican como parte esencial del actual grupo gobernante.

Y es que el deslinde es en las formas, en las declaraciones, realizadas apresuradamente y como respuesta del momento a los cuestionamientos de los medios de comunicación y no como una manera de perfilar, ni su candidatura, ni su posible gobierno, de tal modo que en lugar de convencer de su separación del mandatario logra exactamente lo contrario.
Vistos así los inicios de la campaña, pareciera que el principal candidato de la oposición ha logrado colocar su agenda y ha llevado al resto de los contendientes al terreno planteado por él, incluido el “independiente” Barraza que ya empezó a criticar a quienes “endeudaron irresponsablemente” al estado y a quienes “ante los moches legislativos” nada hicieron, en franca referencia a Gustavo Madero.

Es de tal magnitud el esfuerzo de Corral por colocar a Serrano en la esfera de Duarte y enfatizar en las corruptelas denunciadas, que los esfuerzos del candidato oficialista son de la misma dimensión, para expresar que no forma parte, ya, de aquel equipo que alegre tomaba posesión de sus cargos a principios de octubre del 2010.
Quizá ese vaya a ser el eje de la actual campaña electoral; puede ser, por tanto, en el tema que defina quien ocupará la silla principal de Palacio de Gobierno. De mala manera porque hasta los primeros días de la campaña ninguno de los candidatos había delineado los ejes centrales de su hipotético gobierno.
¿Cuáles serán?

Lee:

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.