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Así vigilará el SAT los depósitos en efectivo que recibas en 2022

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La iniciativa de Ley de Ingresos obligará a los bancos a reportar mensualmente los ingresos que perciban los contribuyentes en sus cuentas

 

La iniciativa de Ley de Ingresos de 2022 propone novedades importantes, y una de las más destacadas es que el gobierno federal quiere obligar a los bancos a reportar mensualmente los depósitos en efectivo que reciban sus clientes, siempre y cuando el monto supere 15,000 pesos.

 

En realidad, la Ley del Impuesto sobre la Renta ya exigía a las instituciones financieras compartir esta información. Así lo determina el artículo 55, en su sección V; sin embargo, la Miscelánea Fiscal 2021 concedía dos opciones para cumplir con este deber: brindar los datos de forma mensual, a más tardar el 10 de cada mes; o hacerlo solo una vez al año, antes del 15 de febrero.

 

Ahora, el ejecutivo quiere reformar ese párrafo para que los organismos bancarios estén obligados a presentar el reporte mensualmente ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), eliminando así la posibilidad de hacerlo anualmente.

 

Si se aprueba el proyecto, a partir de 2022, los bancos deberán realizar un informe mensual en el que notifiquen al SAT los nuevos depósitos que recibió el contribuyente en su cuenta por más de 15,000 pesos. Sin embargo, solo facilitarán estos datos cuando el depósito se realice en efectivo, y no se tendrán en cuenta los pagos realizados por medio de cheques o transferencias electrónicas.

 

 

Además, según explicaron los expertos, la modificación que propone esta disposición se refiere únicamente a los nuevos depósitos. Es decir, si el contribuyente contaba con unos ahorros de 200,000 pesos, el fisco no investigará la procedencia de ese dinero.

 

Con esta medida, el SAT busca aumentar la vigilancia sobre los depósitos en efectivo, que cuando superan los 15,000 pesos, deben declararse.

El SAT obligará a los jóvenes de 18 años a sacar su RFC

La iniciativa de Ley de Ingresos 2022 también buscará obligar a los mexicanos a inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) a partir de los 18 años de edad.

 

Con esta medida, que entraría en vigor en 2022, la Secretaría de Hacienda explicó que busca facilitar a los jóvenes la incorporación a la vida laboral y simplificar trámites para los que requieren esta clave, como por ejemplo, la emisión de la cédula profesional. Sin embargo, los expertos fiscales coinciden en que esta propuesta en realidad tiene otro objetivo: combatir la informalidad.

 

Según cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOEN) del INEGI, en 2020, un total de 31.3 millones de personas formaron parte de la economía sumergida. Esto significa que no declararon sus ingresos ante el Servicio de Atención Tributaria (SAT), ni pagaron sus impuestos. Ellos representan un 56.2% de la población ocupada.

 

 

Al obligar a los jóvenes a obtener su RFC a partir de los 18 años, la autoridad tributaria mexicana contará con una base de datos de futuros contribuyentes. Esta información le permitirá rastrear sus actividades y exigirles que cumplan con sus obligaciones fiscales. Y es que los mayores de edad tendrán que aclarar de dónde proceden los depósitos superiores a 15,000 pesos que reciban en sus cuentas bancarias. Además, el SAT podría enviarles notificaciones a través del buzón tributario.

 

Para que la acción pueda aplicarse, la iniciativa planteada en la Miscelánea Fiscal 2022 propone añadir un párrafo al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación (CFF). En este texto se señala específicamente que las personas físicas de 18 años o más deben contar con el RFC.

México

INE estima gasto operativo de casi 4 mil millones para 2027

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El Instituto Nacional Electoral (INE) proyectó un gasto operativo de 3 mil 948 millones 471 mil 536 pesos para el ejercicio fiscal de 2027, monto que será incorporado al Anteproyecto de Presupuesto del organismo de cara al próximo proceso electoral federal.

La estimación fue elaborada a partir de un análisis metodológico sustentado en el comportamiento histórico registrado entre 2023 y 2025, bajo los lineamientos aprobados por la Comisión Temporal del Presupuesto del instituto.

De acuerdo con la distribución prevista, las oficinas centrales concentrarán la mayor parte de los recursos, con una asignación de 2 mil 380 millones 841 mil 144 pesos. Por su parte, las juntas locales y distritales ejecutivas contarán con mil 567 millones 630 mil 392 pesos para sus operaciones.

El organismo electoral precisó que esta proyección tiene como objetivo garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento ordinario del instituto durante el año en que se desarrollarán las elecciones federales.

El cálculo presupuestal excluye diversos conceptos que forman parte de otros rubros de gasto. Entre ellos se encuentran los servicios personales, la Cartera Institucional de Proyectos, las prerrogativas destinadas a los partidos políticos nacionales y el denominado presupuesto precautorio.

Con esta previsión financiera, el INE busca establecer una base presupuestaria para la organización y operación del proceso electoral de 2027.

Por otra parte, la consejera presidenta del instituto, Guadalupe Taddei Zavala, señaló el pasado 25 de mayo que el organismo carece de facultades ministeriales y judiciales para investigar posibles vínculos entre candidatos y grupos del crimen organizado.

Ante la propuesta de crear una Comisión de Verificación de Integridad para las elecciones de 2027, la funcionaria planteó que la legislación defina con precisión las responsabilidades de cada institución involucrada. Asimismo, propuso que la verificación de antecedentes penales, financieros y de seguridad nacional sea realizada por instancias especializadas del Estado mexicano.

Según lo expuesto, el INE se limitaría a recibir los registros de los partidos políticos, remitir los expedientes a las dependencias competentes y notificar si existe algún impedimento legal para una candidatura.

Hasta el momento, la propuesta relacionada con la verificación de integridad de aspirantes continúa en discusión.

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