El Estado Islámico ha asumido la autoría del ataque terrorista en una sala de conciertos en Moscú, que ha dejado más de 40 muertos y 100 heridos.
Los terroristas del Isis han asegurado que el ataque iba específicamente dirigido contra una reunión de cristianos, según ha asegurado en su canal de Telegram.
Los atacantes han accedido al edificiovestidos de camuflaje y armados con metralletas y han realizado numerosas ráfagas de disparos contra civiles. Agentes de las fuerzas especiales de la Guardia Nacional de Rusia han sido trasladados hasta el lugar de los hechos, recoge la agencia TASS. Las fuerzas especiales han logrado evacuar el edificio y han puesto en marcha un operativo para capturar a los cinco presuntos autores del tiroteo, informa Ep
Las autoridades rusas han puesto en marcha una investigación ante lo que consideran es un atentado terrorista. El FSB ha adelantado que los datos preliminares apuntan al mencionado balance, si bien aún se llevan a cabo las acciones de investigación pertinentes. Además se ha registrado un virulento incendio que consume cerca de un tercio del edificio, lo que ha provocado la intervención de servicios de Bomberos.
Los equipos de emergencias también se han trasladado hasta el lugar y han logrado rescatar a un centenar de personas refugiadas en el interior. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha asegurado que el presidente Vladimir Putin ha sido notificado de lo ocurrido apenas unos minutos después de conocerse la noticia del tiroteo, y que desde entonces recibe «constantemente información» actualizada sobre el avance de las investigaciones y las operaciones de seguridad.
La Dirección Principal de Investigación rusa ha abierto una causa penal por un posible ataque terrorista, un extremo compartido por la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zajarova, que también ha apuntado a las posibles motivaciones terroristas del suceso. Además, Zajarova ha informado más tarde durante una entrevista para Rossiya24 que los diplomáticos rusos en Naciones Unidas propondrán que se aborde este suceso durante una reunión del Consejo de Seguridad para «obtener de la mayoría mundial, y de la organización internacional más grande, la condena de estas acciones».
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.
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