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México

Aumentó canasta básica 12% en 2012

MÉXICO.- Reveló el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en los últimos 6 años el costo de la canasta alimentaria se encareció 12 por ciento, luego de pasar de 805 pesos al cierre de 2006, a mil 148 en el tercer trimestre de 2012.

Cabe mencionar los principales productos de consumo básico, aumentó el número de personas que no pudo adquirirla por lo cual cayo en la llamada tendencia laboral de la pobreza.

Recordemos la canasta alimentaria está compuesta por 37 articulos básicos, entre los que se encuentran maíz, trigo, arroz, cereales, carne de res, y de cerdo procesadas, de pollo, pescados frescos, quesos, derivados de la leche, huevos, tubérculos crudos o frescos, verduras y legumbres frescas, leguminosas, frutas frescas, azúcar y mieles, bebidas no alcohólicas y otros.

Esta situación se agudizó con mayor intensidad en la zona urbana de México, donde el crecimiento de este problema fue de 36 por ciento en el periodo referido, mientras que en la parte rural del país el incremento fue de 6 por ciento.

Sin embargo, por entidad federativa las condiciones fueron diferentes, pues en algunas la incapacidad para comprar la canasta alimentaria con el ingreso de las personas creció hasta cuatro veces más que el promedio nacional.

Es el caso de Nuevo León, que vio prácticamente duplicar a su población trabajadora sin posibilidad de que su ingreso sustentara el costo de los alimentos básicos.

Por su parte Baja California fue la segunda entidad del país con mayor crecimiento de la población incapaz de comprar la canasta alimentaria con su ingreso. En los últimos seis años creció 95 por ciento la población en esa condición.

En cuanto a Baja California Sur, con 84 por ciento; Sonora, con 66.5; Sinaloa, con 64.6; Distrito Federal, con 61.6; Tamaulipas, con 61.2; Chihuahua, con 60, y Quintana Roo, con 50.5 por ciento.

Las entidades donde se presentó el menor incremento de personas con esa incapacidad adquisitiva se dio en Oaxaca, con 2 por ciento; Campeche, con 2.4 por ciento; Jalisco, con 3.8 por ciento, y Veracruz, con 7.8 por ciento.

Chiapas, por su parte, contrastó con el resto de las 31 entidades federativas, pues fue la única donde, al contrario, la población que no podía comprar una canasta alimentaria disminuyó.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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