Conecta con nosotros

México

Aumentó violencia contra sacerdotes en gobierno de Peña

La tendencia de atentados contra sacerdotes sigue al alza, al registrar un aumento de 120 por ciento tan sólo en los primeros cuatro meses del tercer año de gobierno de Peña Nieto, en comparación con todo el tercer año de la administración anterior.

México, D.F. La violencia en contra de los sacerdotes en México ha aumentado en un 400 por ciento en los dos primeros años del presente gobierno, pues con el asesinato del padre Francisco Javier Gutiérrez Díaz, de la Confraternidad de los Operarios del Reino de Cristo, ocurrido el pasado lunes 6 de abril, son ya diez los sacerdotes asesinados de forma violenta y dos se encuentran desaparecidos.

El Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México (Siame) indicó que de acuerdo con los datos del último reporte de homicidios contra clérigos del Centro Católico Multimedial (CCM), que dirige el padre Sergio Omar Sotelo Aguilar, la tendencia de atentados contra sacerdotes sigue al alza, al registrar un aumento de 120 por ciento tan sólo en los primeros cuatro meses del tercer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, en comparación con todo el tercer año de la administración anterior.

El padre Omar Sotelo destacó que “sólo en los dos primeros años de gobierno diez sacerdotes perdieron la vida y dos están desaparecidos, y lo más preocupante es la manera muy violenta en la que han sido asesinados”.

Muestra de esta situación, señala Siame, es el caso del Padre Francisco Javier Gutiérrez Díaz, de 60 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado la noche del martes 7 de abril con impactos de bala en la cabeza, abandonado por sus agresores a la orilla de un camino cercano a los poblado de Ojo de Agua de Ballesteros y San Nicolás de la Condesa, en el municipio de Salvatierra, Guanajuato.

Siame advierte que en el balance general del CCM arroja que en los últimos 25 años han ocurrido 50 atentados contra miembros de la Iglesia católica, de los cuales 48 sacerdotes fueron asesinados arteramente y dos se encuentran en calidad de desaparecidos.

La lista de los Agentes Pastorales que han perdido la vida de 1990 a 2015, incluye un cardenal, 36 sacerdotes, un diacono, 4 religiosos, 5 laicos y una periodista católica.

“Ante estos hechos tan dolorosos, resumimos que la población en México vive serias dificultades de seguridad en distintas zonas geográficas del país. En particular los ataques contra religiosos en lo que va de la presente administración del presidente Peña Nieto, son una clara manifestación del incremento de este fenómeno que lastima a todo el país. La muerte de un mexicano, sea cual sea su función en el mundo, lastima a todos”, concluye el informe del Centro Católico Multimedial.

Cronologia del CCM:

2013

P. José Flores Preciado: asesinado el martes 5 de febrero. Los delincuentes arribaron al Templo Cristo Rey, en Colima, cerca de las 11 de la noche para perpetrar un asalto, pero se percataron de que el sacerdote se hallaba dormido en el lugar, por lo que fue sometido y golpeado; su muerte ocurrió en el hospital.

P. Ignacio Cortez Álvarez: asesinado el 22 de julio. La Procuraduría General de Justicia de Baja California, informó que el móvil fue robo con violencia. El padre era responsable de la parroquia María Auxiliadora en el municipio de Ensenada.

P. Hipólito Villalobos Lima (45 años) y P. Nicolás de la Cruz Martínez (31 años). Fueron encontrados muertos en la Parroquia de San Cristóbal, en el municipio de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, el 29 de noviembre. La diócesis de Tuxpan dice que la zona es controlada por cártel de Jalisco “Nueva Generación” y los Zetas.

P. Joel Román Salazar: de la Diócesis de Ciudad Altamirano, Guerrero. Perdió la vida el 10 de diciembre, cuando su automóvil fue despeñado con premeditación, alevosía y ventaja.

2014

P. Rolando Martínez Lara: fue asesinado la madrugada del el 19 de febrero en el templo de Santa María de Guadalupe, Canalejas, Jilotepec, Estado de México; víctima de un robo en la parroquia.

P. José Ascensión Acuña Osorio (37 años): fue levantado y secuestrado el 21 de Septiembre y su cuerpo fue encontrado dos días después en el río Balsas, muy cerca del pueblo de Santa Cruz de Las Tinajas, en el municipio de San Miguel Totolapan (región de Tierra Caliente de Guerrero).

Misionero P. John Ssenyondo: de origen Ugandés, trabajaba en la Diócesis de Chilpancingo- Chilapa, Guerrero. Fue levantado y secuestrado en el poblado de Nejada, Guerrero, el 30 de abril, su cuerpo fue encontrado en una fosa común, en la comunidad de Cocula, Guerrero, el 28 de Octubre.

P. Gregorio López Gorostieta: Su cuerpo fue encontrado el 25 de diciembre con un impacto de bala en la cabeza. Personas armadas lo secuestraron el 22 de diciembre en el Seminario Mayor La Asunción, ubicado a las afuera de Ciudad Altamirano, en las faldas del cerro Chuperio; al no morir de forma inmediata por el disparo, fue asfixiado.

Extraído de Vanguardia

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto