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México

Aún no se puede confirmar el fusilamiento de 17 personas

Las investigaciones hasta el momento no permiten confirmar que hubo un fusilamiento de 17 personas en San José de Gracia, Michoacán, aunque ya hay denuncias de lugares en donde pudieron haber llevado los cuerpos de víctimas, informó Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública.

No podemos confirmar ningún número porque no hay cuerpos. Hay una denuncia anónima donde posiblemente pudieron llevar los cuerpos. Las evidencias hacen presumir que hay un cuerpo del “Pelón”, y presumiblemente algunos de los acompañantes fueron privados de la vida”, dijo.

Mejía Berdeja informó que no se puede “decir una cifra”, pero de los indicios encontrados “se advierte que hubo lesiones, gente afectada, huellas hemáticas” y balas.

Pero, el subsecretario, fue claro en que las investigaciones de hasta el momento no arrojan un soporte de que la información del fusilamiento de 17 personas que circuló en videos sea correcta.

Sí hubo un enfrentamiento

El subsecretario aclaró que las entrevistas que se han realizado con testigos que acudieron al velorio arrojan que hubo un enfrentamiento entre integrantes de un mismo cártel que tenían rencillas entre sí.

De acuerdo con las investigaciones uno de ellos, Alejandro N. “El Pelón”, acudió al velorio de su madre y estaba amenazado de muerte por Abel N. “El Viejón”.

Ambos eran vecinos de San José de Gracia, pero uno de ellos operaba en otros estados.

Velorio era de la madre de una de las presuntas víctimas

Según las autoridades y los testimonios,Alejandro N. llegó al velorio de su madre con 15 sicarios, quienes presuntamente son los que aparecen en los videos que circulan frente al portón de un domicilio.

El en el enfrentamiento Alejandro N. fue presuntamente asesinado por su rival, quien ya se encuentra imputado.

Sobre el supuesto fusilamiento, aclaró que “no hubo una acción sincronizada” por las evidencias que se encontraron en el lugar.

“Llama la atención que estos sujetos arriban al lugar de los hechos con el instrumental de poder inyectar agua y tratar de borrar evidencia. Es atípico. Este sujeto, Abel, que ya está imputado, haya tratado de recoger los cuerpos. No se tiene una certeza, número, ya empezaron a llegar denuncias anónimas del posible lugar donde pudieron haber depositado los cuerpos”, indicó.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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