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México

Autodefensas protestan contra privatización de PEMEX

Unos 250 policías comunitarios de Tixtla, Guerrero, ciudadanos y estudiantes de Ayotzinapa, marcharon por las calles en contra de la privatización de Pemex, de la educación pública, la imposición de IVA en alimentos y medicinas.

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Unos 250 policías comunitarios de Tixtla, Guerrero, ciudadanos y estudiantes de Ayotzinapa, marcharon por las calles en contra de la privatización de Pemex, de la educación pública, la imposición de IVA en alimentos y medicinas.

Asimismo, por la salida del Ejército y la Marina de territorios indígenas y el cese al hostigamiento a las policías comunitarias de Olinal por parte de las fuerzas castrenses.

La marcha de protesta fue encabezada por los policías comunitarios, quienes portaban sus armas, y caminaron a lo largo de dos kilómetros rumbo al zócalo de esta población.

Los ciudadanos y normalistas enarbolaron en sus manos carteles con leyendas en contra de la privatización de Pemex, en algunas de esas cartulinas se lea: “el pueblo apoya a la policía comunitaria” y “no a la privatización de Petróleos Mexicanos”.

Gonzalo Molina, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Policía Comunitaria (CRAC-PC) y quien funge como coordinador en el Paraso, del municipio de Ayutla y de este municipio, denunció que los militares y marinos hostigan a la fuerza policiaca de defensa del pueblo, por lo que exigió su salida.

Molina acusó al gobierno federal de utilizar la cruzada contra el hambre para que los militares invadan las poblaciones indígenas con el propósito de desaparecerlas.

Criticó que las reformas del presidente Enrique Peña Nieto solo buscan beneficiar a las empresas transnacionales, “quiere consumar el robo del siglo, lo que significa traición a la Patria”

Dijo que las policías comunitarias y la población darán “una lucha sin cuartel como lo hizo Vicente Guerrero, contra los enemigos de la Patria, por eso nuestra campaña lleva el nombre de: mi patria es primero”.

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México

Sheinbaum defiende propuesta de reforma electoral tras rechazo en la Cámara de Diputados

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el rechazo de la reforma electoral en la Cámara de Diputados no representa una derrota para su gobierno. Durante su conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional, sostuvo que la iniciativa tenía como objetivo principal eliminar prácticas de corrupción y reducir privilegios dentro del sistema electoral.

“Que no se haya aprobado no es una derrota”, expresó la mandataria al ser cuestionada sobre la votación en el Congreso. Señaló que la propuesta buscaba generar cambios que permitieran mayor austeridad y transparencia en el funcionamiento de las instituciones electorales.

Sheinbaum explicó que uno de los puntos centrales de la reforma consistía en disminuir gastos considerados excesivos en el aparato electoral. De acuerdo con lo planteado por el Ejecutivo federal, los recursos que se obtendrían mediante esos ajustes se destinarían posteriormente a proyectos de obra pública y desarrollo de infraestructura en el país.

Durante su intervención, la presidenta reiteró que la intención de la iniciativa era modificar estructuras que, a su juicio, mantienen privilegios para diversos funcionarios. Insistió en que la propuesta fue elaborada bajo el principio de combatir la corrupción y optimizar el uso del presupuesto público.

El posicionamiento de la titular del Ejecutivo se dio luego de que la reforma electoral no obtuviera los votos necesarios para avanzar en la Cámara de Diputados. Tras la votación, legisladores de distintos grupos parlamentarios manifestaron sus posturas sobre el contenido de la iniciativa y el rumbo que debería seguir la discusión en materia electoral.

Desde el gobierno federal se ha sostenido que los cambios propuestos permitirían redirigir recursos hacia áreas consideradas prioritarias para el desarrollo nacional. Entre ellas se mencionó la inversión en infraestructura y proyectos de obra pública.

La discusión sobre posibles modificaciones al sistema electoral continúa en el ámbito político y legislativo. Hasta el momento, el gobierno federal ha reiterado su postura de impulsar medidas orientadas a reducir costos y revisar el funcionamiento de las instituciones encargadas de organizar los procesos electorales.

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