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México

Autodefensas protestan contra privatización de PEMEX

Unos 250 policías comunitarios de Tixtla, Guerrero, ciudadanos y estudiantes de Ayotzinapa, marcharon por las calles en contra de la privatización de Pemex, de la educación pública, la imposición de IVA en alimentos y medicinas.

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Unos 250 policías comunitarios de Tixtla, Guerrero, ciudadanos y estudiantes de Ayotzinapa, marcharon por las calles en contra de la privatización de Pemex, de la educación pública, la imposición de IVA en alimentos y medicinas.

Asimismo, por la salida del Ejército y la Marina de territorios indígenas y el cese al hostigamiento a las policías comunitarias de Olinal por parte de las fuerzas castrenses.

La marcha de protesta fue encabezada por los policías comunitarios, quienes portaban sus armas, y caminaron a lo largo de dos kilómetros rumbo al zócalo de esta población.

Los ciudadanos y normalistas enarbolaron en sus manos carteles con leyendas en contra de la privatización de Pemex, en algunas de esas cartulinas se lea: “el pueblo apoya a la policía comunitaria” y “no a la privatización de Petróleos Mexicanos”.

Gonzalo Molina, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Policía Comunitaria (CRAC-PC) y quien funge como coordinador en el Paraso, del municipio de Ayutla y de este municipio, denunció que los militares y marinos hostigan a la fuerza policiaca de defensa del pueblo, por lo que exigió su salida.

Molina acusó al gobierno federal de utilizar la cruzada contra el hambre para que los militares invadan las poblaciones indígenas con el propósito de desaparecerlas.

Criticó que las reformas del presidente Enrique Peña Nieto solo buscan beneficiar a las empresas transnacionales, “quiere consumar el robo del siglo, lo que significa traición a la Patria”

Dijo que las policías comunitarias y la población darán “una lucha sin cuartel como lo hizo Vicente Guerrero, contra los enemigos de la Patria, por eso nuestra campaña lleva el nombre de: mi patria es primero”.

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Chihuahua

Sheinbaum señala a Chihuahua por operativo con EU sin aval federal

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Ciudad de México.– La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Gobierno de Chihuahua incurrió en una falta al solicitar la colaboración de autoridades de Estados Unidos en un operativo antidrogas sin la autorización del Ejecutivo federal, en el que murieron dos funcionarios estadounidenses y dos mexicanos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que su administración no busca generar un conflicto con el Gobierno estadounidense, pero insistió en que cualquier cooperación en materia de seguridad debe apegarse a la Constitución y a las leyes mexicanas. Indicó que el objetivo es garantizar que se cumplan los acuerdos establecidos entre ambas naciones.

Sheinbaum cuestionó las condiciones bajo las cuales se permitió la participación de agentes estadounidenses en el operativo realizado en Chihuahua. Señaló que este tipo de colaboración requiere autorización expresa del Ejecutivo federal y consideró que, en este caso, se vulneró el marco legal vigente.

La presidenta responsabilizó al gobierno estatal encabezado por Maru Campos por haber solicitado dicha intervención sin seguir los procedimientos correspondientes. Añadió que también el Gobierno de Estados Unidos, a través de su representación diplomática, debió informar a las autoridades federales mexicanas sobre su participación.

En ese contexto, Sheinbaum informó que la gobernadora de Chihuahua sostendrá una reunión con el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, para abordar el tema.

La titular del Ejecutivo reiteró sus condolencias por la muerte de los agentes estadounidenses y de los mexicanos involucrados, y destacó que su postura ha sido expresar solidaridad con las familias de las víctimas. Esto luego de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, solicitara mayor empatía ante los hechos ocurridos en territorio mexicano.

Inicialmente, la Fiscalía de Chihuahua indicó que los agentes estadounidenses regresaban del operativo; posteriormente, aclaró que no participaron directamente en el aseguramiento de un laboratorio de narcotráfico, sino que realizaban labores de adiestramiento.

La controversia aumentó tras un reporte del diario The Washington Post, que señaló que los dos estadounidenses presuntamente pertenecían a la CIA y habrían brindado apoyo de inteligencia en la operación, en medio de un contexto de presión de Washington hacia México en temas de seguridad. Hasta el momento, no se ha emitido un posicionamiento oficial adicional por parte de las autoridades federales sobre estos señalamientos

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