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Avalan diputados en lo general reforma laboral; deja fuera el ‘outsourcing’

Con 417 votos a favor, 29 abstenciones y uno en contra, el pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general el dictamen de reformas en materia laboral con la que entierra el “charrismo” sindical y abre la puerta a la democracia en la elección de las dirigencias obreras a través del voto libre, secreto y directo; sin embargo, se dejó fuera el outsourcing.

El dictamen en lo general recibió el respaldo de Morena y sus aliados, además de las bancadas del PRI, PAN, PRD y la abstención de Movimiento Ciudadano. Sin embargo, se enlistaron 50 diputados de distintos partidos para presentar reservas a 104 artículos, por lo que se prevé una jornada de varias horas.

Isaías González Cuevas, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), anunció el apoyo de su bancada en lo general al dictamen que construye un nuevo modelo de justicia en la materia, que elimina los contratos de protección y sindicatos blancos.

El también líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), cargo que ocupa desde 2005, aclaró que el apoyo de su bancada al dictamen resulta de una consulta a la base sindical y de la decisión de privilegiar en todo tiempo el interés superior de los trabajadores y sus familias.

“No podríamos jamás ir en contra de la libertad sindical que corresponde con la garantía de la democracia sindical expresada a través del voto personal libre y secreto de los trabajadores”, subrayó al tiempo de reiterar que están a favor de la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones con sus agremiados.

En tanto, por el Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña aclaró que su bancada votará a favor del dictamen, pero reclamó que el tema de outsourcing no haya sido incluido y reprochó que esta Cámara de Diputados tiene una empresa outsourcing que cada año cambia de nombre, que no les reconoce ninguna antigüedad a los trabajadores de limpieza, que les da salarios miserables y ni siquiera les paga el día 15.

Y cuestionó: “¿Hay en Palacio Nacional outsourcing? Hay en todas las dependencias, en las universidades, en el Politécnico, en los gobiernos estatales, en los gobiernos municipales”.

Desde la máxima tribuna, el legislador afirmó que “outsourcing quiere decir: te vamos a joder, porque se trata de que la gente no tenga pensión, no tenga jubilación, no tenga aguinaldo, no tenga vacaciones, no tenga ni siquiera el reconocimiento una relación laboral”.

El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo consideró que el actual sistema de justicia laboral tripartita se utiliza como mecanismo formal de negociación, o en el peor de los casos, como herramienta de extorsión que pueden manifestar algunos abogados, despachos, sindicatos blancos, patrones o los mismos servidores públicos en las juntas de conciliación.

Manuel de Jesús Baldenebro durante la aprobación del dictamen de la Reforma Laboral.

Al presentar el dictamen de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, entre otras leyes, en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva, sostuvo que quedarán eliminadas las juntas de Conciliación y Arbitraje para crear los Tribunales Laborales que formarán parte de los poderes Judicial federal y estatales, respectivamente.

Además, se crea el Fondo del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para atender lo relativo a los contratos colectivos y asociaciones sindicales.

Por el Partido Acción Nacional (PAN), Evaristo Lenin Pérez Rivera reconoció avances en la reforma en materia laboral, pero consideró que se queda corta al no haber incluido a los trabajadores que se encuentran en el Apartado B, previstos en el Artículo 123 constitucional.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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