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México

Avanza ley que despenaliza marihuana en México

Una ley para despenalizar en México el consumo, la producción y la comercialización de marihuana avanzaba el viernes, con la discusión en comisiones del Senado de un proyecto oficialista que sería un paso trascendente para un país golpeado por los estragos de la violencia asociada al narcotráfico.

La iniciativa surge después de que la Suprema Corte considerara inconstitucionales en 2018 las leyes que prohíben el consumo de cannabis, lo que en la práctica ha sido visto por algunos productores y usuarios casi como una invitación a cultivar y consumir libremente la droga.

Muestra de ello son un simbólico «jardín» de marihuana instalado junto al edificio del Senado, donde ciudadanos fuman la droga sin temor a ser arrestados, o algunos invernaderos en el país donde ya se está cultivando la planta a la espera de que se materialice la despenalización.

La iniciativa, avalada también por la nueva estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador de combatir el narcotráfico atacando las raíces sociales del fenómeno, comenzó a debatirse el viernes en una sesión conjunta de las comisiones de Salud, Justicia, y Estudios Legislativos de la cámara alta.

Según una nota informativa de la oficina del jefe de bancada en el Senado del partido oficialista Morena, Ricardo Monreal, el plan permitiría «almacenar, comercializar, consumir, cosechar, cultivar, distribuir, exportar, importar, investigar, plantar, portar, tener o poseer» el producto.

El proyecto, que se suma otros intentos previos de regular la marihuana en los últimos años, limitaría a cuatro plantas de cannabis psicoactivo el cultivo en casa, sancionaría penalmente la posesión de más de 200 gramos de la droga y crearía un Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis.

«Lo que todavía no está incluido es el uso del cáñamo para la industria», en sectores como construcción o alimentación, por ser «un tema complicado», dijo a Reuters una fuente legislativa, ante los intereses económicos y estratégicos de los mayores comerciales regionales de México, Estados Unidos y Canadá.

Algunos actores de la incipiente pero millonaria industria legal de cannabis, como Canopy Growth y The Green Organic Dutchman, de Canadá; y una unidad de la californiana Medical Marijuana Inc, dijeron recientemente a Reuters estar ansiosos por acceder al nuevo mercado mexicano.

Fuente: Reuters

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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