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Chihuahua

Avanzan acuerdos para ordenar acuíferos en el estado

Como parte de las acciones emprendidas por el Gobierno Estatal, Octavio Legarreta Guerrero, Secretario de Desarrollo Rural, sostuvo una reunión de trabajo con Óscar Pimentel González, Coordinador General de Atención a Emergencias y Consejos de Cuenca, y con el  Subdirector General de Administración del Agua, Francisco José Muñiz Pereyra,  en donde se dio a conocer la problemática que existe en el acuífero Santa Clara, zona en la que ya hay graves problemas con la administración y explotación del agua.

 

Legarreta Guerrero expuso que el acuífero Santa Clara está vedado desde 1957, esto por la construcción de la presa “Las Lajas” obra que permitió la creación del distrito de riego 089. Sin embargo,  y a pesar de la estricta prohibición para la establecer nuevos aprovechamientos de agua, en los últimos 12 años se permitió la construcción de aprovechamientos tanto superficiales como subterráneos.

 

El funcionario estatal dijo que es necesario atender la problemática de manera urgente, ya que la disponibilidad de agua en el noroeste del estado de Chihuahua no es equitativa a causa de los embalses y obras ilegales que retienen el flujo natural del río, por lo cual  lo cual, Legarreta Guerrero fue enfático en solicitar la coordinación de todos los niveles de gobierno, a través de acciones coordinadas, que permitan que ese flujo de agua llegue a la presa Las Lajas.

 

En su intervención, Óscar Pimentel González, Coordinador General de Atención a Emergencias, de la Comisión Nacional del Agua, expresó que la dependencia federal está bajo una nueva administración, y está en toda la disposición para atender de manera inmediata la problemática de las diferentes zonas del estado.

 

Pimentel González, aclaró que bajo la administración del presidente Enrique Peña   Nieto, se tiene la voluntad real de buscar la colaboración entre el Gobierno del Estado, Legisladores y asociaciones de productores, para establecer el orden que debe de prevalecer en la explotación del agua, “tenemos muchas cosas que hacer, habremos de llevar a cabo las acciones necesarias para lograr el ordenamiento de las cuencas y aprovechamientos del recurso agua” puntualizó.

 

En una reunión de trabajo en la que prevaleció el diálogo participaron representantes de productores, diputados federales y los delegados estatales de la Conagua y Sagarpa, se lograron acuerdos específicos, como lo son la reactivación de los operativos para liberar el cauce del río del Carmen, pero en esta ocasión desde oficinas centrales de la Comisión Nacional del Agua.

 

Estos operativos estarán coordinados y avalados por el Gobierno del Estado, Conagua y Sagarpa con la única finalidad de ordenar el tema del agua para su uso agrícola del acuífero en mención.

 

Además, se tomó el acuerdo de que son necesarias no solo acciones para la revisión de aprovechamientos ilegales, si no que además, es obligado alinear recursos federales y estatales para la creación de obras de infraestructura y recarga de acuíferos, como pozos de inserción de agua, programas para lograr el equilibrio y mejora de los acuíferos, como resiembra de pastizales.

 

Aunado a lo anterior se logró el acuerdo de crear por parte de la federación, programas emergentes de inspección y ordenamiento de las fuentes de agua en otros acuíferos abatidos y sobreexplotados,  un programa de rehabilitación de pozos agrícolas, así como un programa para lograr una mayor eficiencia electromecánica que permita al productor extraer agua con menores costos.

 

Redacción: Corina Muruato

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Chihuahua

Empresarios advierten retroceso institucional por reformas que eliminan el Coneval y restringen retiros de Afores

Chihuahua, Chih.— La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Chihuahua manifestó su profunda preocupación ante la aprobación, por parte del Congreso de la Unión, de dos reformas que —a juicio del sector empresarial— representan un retroceso en la gobernanza pública y una afectación directa a millones de ciudadanos.

Jorge Treviño, presidente del organismo empresarial en el estado, cuestionó que dichas reformas —la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la modificación al artículo 191 que impone nuevos candados al retiro por desempleo en las Afores— fueron aprobadas de forma acelerada, sin el debate suficiente y en medio de un contexto nacional e internacional de distracción política.

“La desaparición del Coneval implica un retroceso alarmante en la evaluación técnica y objetiva de las políticas sociales. Se elimina una de las pocas instituciones autónomas con prestigio internacional, sin ofrecer una alternativa con igual independencia ni claridad legal sobre la transición”, señala el comunicado difundido por Coparmex.

El Coneval, añade el documento, era una herramienta indispensable para medir la pobreza con criterios técnicos verificables. Su eliminación, sin preservar su estructura ni su autonomía, desmantela la capacidad del Estado mexicano para tomar decisiones con base en evidencia y no en discursos.

Respecto a la reforma al sistema de pensiones, Coparmex advierte que las nuevas restricciones al retiro por desempleo en las Afores —aunque pretenden frenar abusos— terminarán castigando a quienes más necesitan el recurso: trabajadores jóvenes, informales o con trayectorias laborales intermitentes.

“México carece de un seguro de desempleo formal. Para millones de trabajadores, el ahorro pensionario es el único respaldo ante la pérdida de ingresos. Restringirlo sin construir alternativas agrava la vulnerabilidad de los sectores más frágiles”, advirtió la organización.

Ante este escenario, Coparmex Chihuahua exigió tres medidas urgentes:

Que se garantice la autonomía técnica y operativa del organismo que asuma las funciones del Coneval, con presupuesto suficiente y un marco legal robusto.

Que se diseñe e implemente un seguro de desempleo sólido, sin seguir debilitando el fondo de retiro de los trabajadores.

Que el Congreso legisle con transparencia, evidencia y participación, evitando periodos legislativos extraordinarios que faciliten reformas sin diálogo.

“México no puede permitirse reformas improvisadas que responden más a intereses políticos que a soluciones estructurales. Sin evidencia, sin transparencia y sin instituciones sólidas, no hay desarrollo sostenible ni certidumbre para la ciudadanía”, concluye el posicionamiento empresarial.

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