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Beatriz Gutiérrez Müller desmiente mudanza a España: “Sigo viviendo y trabajando en México”

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Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, negó haber cambiado su residencia a España, como lo difundieron algunos medios internacionales. A través de una carta publicada este lunes en sus redes sociales, la académica y escritora aseguró que continúa viviendo en México y dedicada a su labor universitaria.

“Me dedico, desde hace décadas, a la docencia e investigación en una universidad pública de mi país, donde continúo trabajando, y desde luego no me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado”, aclaró la doctora Gutiérrez Müller, en respuesta a la publicación del diario español ABC, que afirmaba que ella y su hijo, Jesús Ernesto, se habían mudado al exclusivo barrio de La Moraleja, en Madrid.

El medio europeo incluso detalló que el hijo menor del exmandatario mexicano estudiaría en la Universidad Complutense de Madrid, versión que rápidamente fue desmentida por la también autora de Feminismo silencioso.

Las especulaciones surgieron luego de que, durante el fin de semana, una usuaria en Instagram le preguntó directamente: “¿Dra., se irá a vivir a España?”. La respuesta de Gutiérrez Müller fue clara y breve: “No”.

No es la primera vez que la académica enfrenta rumores sobre un supuesto cambio de nacionalidad o residencia. En mayo pasado, al circular versiones de que había solicitado la nacionalidad española, respondió también a través de redes sociales. Tras publicar la imagen de un gallo con la leyenda “el gallito cantor”, un usuario le escribió: “Saludos a su nueva patria”, acompañado de la bandera española. Ella replicó: “Yo vivo en nuestro bello México”.

Con estas declaraciones, Beatriz Gutiérrez Müller reafirma que permanece en el país, alejada de la política pero activa en su papel como investigadora y escritora, en medio de constantes versiones que buscan ubicarla fuera de México.

México

México acudirá a la CIDH por muertes de connacionales bajo custodia migratoria en EU

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Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que su gobierno presentará por primera vez un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la muerte de mexicanos en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, tras el fallecimiento de un connacional ocurrido el pasado viernes mientras permanecía bajo custodia.

Durante su conferencia matutina, la mandataria informó que, además de la denuncia internacional, se enviarán cartas a autoridades estadounidenses para expresar inconformidad por lo que calificó como una “deficiente atención médica” en el centro de detención de Adelanto, en California, donde se encontraba la persona fallecida.

De acuerdo con datos expuestos, desde el regreso a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump, se ha endurecido la política migratoria, con más de 177 mil mexicanos detenidos y al menos 14 muertes registradas bajo custodia de agentes migratorios.

Sheinbaum detalló que funcionarios mexicanos sostendrán reuniones en Los Ángeles con familiares del fallecido y con organizaciones defensoras de derechos humanos, con el objetivo de generar respaldo comunitario y aumentar la presión hacia las autoridades estadounidenses.

Entre las acciones anunciadas se contempla la realización de una conferencia de prensa en el Consulado de México en Los Ángeles para fijar la postura oficial, así como encuentros con familias y colectivos para brindar acompañamiento. También se prevé el envío de cartas a legisladores de Estados Unidos y la promoción de un diálogo entre el Senado mexicano y su contraparte.

Asimismo, el gobierno mexicano buscará establecer comunicación con el embajador, el fiscal y el gobernador de California para coordinar la atención del caso, además de formalizar la solicitud de audiencia ante la CIDH para visibilizar las muertes registradas en centros de detención migratoria.

El ICE es una agencia del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos encargada de aplicar las leyes migratorias, realizar detenciones y deportaciones, así como investigar delitos relacionados con tráfico de personas y crimen transnacional.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han emitido un posicionamiento oficial sobre el caso.

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