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México

Benjamín Saúl Huerta, exdiputado de Morena, es sentenciado a 22 años de prisión por abuso sexual

Benjamín Saúl Huerta fue encontrado responsable de abusar de cuatro adolescentes; la defensa busca aumentar esta sentencia.

Ciudad de México.- Tras más de un año en búsqueda de justicia por parte de las víctimas, este miércoles Benjamín Saúl Huerta, exdiputado de Morena, fue sentenciado a 22 años de prisión por el delito de violación a un menor de edad, hecho ocurrido en el Estado de Puebla.

Fue el Tribunal de Enjuiciamiento de Puebla el órgano encargado de establecer esta sentencia, la cual se derivó luego de que exfuncionario público fuese encontrado culpable de haber atacado a cuatro jóvenes cuando ellos tenían entre 13 y 16 años.

Teófilo Benítez Granados, abogado del denunciante del exfuncionario, dijo que apelarán la sentencia designada por el Tribunal, pues la consideran insuficiente para reparar el daños a las víctimas.

Lo que buscarán es interponer recursos legales paa que la sentencia pueda aumentar hasta 40 años de prisión y, de esta manera, “las víctimas puedan recibir un poco de justicia”.

“Después de más de un año de lucha se logró que el diputado por Morena, Saúl Benjamín Huerta Corona, fuera condenado a 22 años de prisión por un Tribunal de Enjuiciamiento, por el delito de violación. Sin embargo, no estamos satisfechos con eso y apelaremos para que se pueda incrementar la sentencia hasta 40 años, y las víctimas puedan recibir un poco de justicia, por haberse afectado de manera permanente la vida de las víctimas», señaló el abogado.

Además de la condena de 22 años de prisión, Benjamín Saúl Huertatambién deberá destinar una cantidad económica como parte de la reparación del daño y otra para contribuir a las terapias psicológicas de las víctimas para que puedan liberarse del trauma que les causó su violación.

¿Cuáles fueron los delitos cometidos por Saúl Huerta?

Mientras era diputado de Morena, Benjamín Saúl Huerta, abuso sexualmente de un adolescente. Los hechos ocurrieron en la Ciudad de México y, entonces, la víctima lo denunció ante la policía y el político fue detenido.

Esta denuncia motivo a otros adolescentes a hablar y fue uno de esos casos que el Tribunal de Enjuiciamiento de Puebla sentenció.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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