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Bolsonaro dice que acabará con la deforestación ilegal antes de 2030 y se compromete a reducir un 40 % las emisiones

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo este jueves, en el marco de la Cumbre de Líderes sobre el Clima, que acabará con la deforestación ilegal antes de 2030 y se comprometió a reducir en un 40 % las emisiones hasta esa fecha. Sin embargo, desde que llegó al poder hace más de dos años, la deforestación en la Amazonía no ha parado de aumentar.

En su breve discurso, el ultraderechista reiteró el compromiso de reducir la emisiones en un 37 % para 2025 y en un 40 % hasta 2030 y afirmó que duplicará los recursos destinados a las acciones de fiscalización ambiental.

El mandatario brasileño también pidió ayuda a nivel internacional para solucionar los «problemas» en la Amazonía. «Ante la magnitud de los obstáculos, incluidos los financieros, es fundamental poder contar con la contribución de países, empresas, entidades y personas dispuestas a actuar de manera inmediata, real y de forma constructiva en la solución de estos problemas», afirmó.

Bolsonaro aseguró que Brasil buscará la neutralidad de carbono para 2050. «Determiné que nuestra neutralidad climática en Brasil se alcanzará para 2050. Por lo tanto, lo adelanto en diez años a lo previamente anunciado», espetó.

Según declaró recientemente el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, si Brasil recibe 1.000 millones de dólares de ayuda de la comunidad internacional se podría reducir hasta en un 40 % la deforestación ilegal de la selva amazónica.

Para los especialistas, la Cumbre del Clima ha supuesto uno de los mayores desafíos diplomáticos para Bolsonaro, más cercano a la anterior administración de Donald Trump y que se ha visto obligado a moderar su discurso con la llegada de Joe Biden a la Presidencia.

También ha expuesto la falta de compromiso de su Gobierno con las metas que estableció cumplir al firmar el Acuerdo de París en 2015 y con las que ya se comprometió, entre otras cosas, a terminar con la deforestación ilegal en 2030.

Entre agosto de 2019 y julio de 2020, la deforestación alcanzó 11.088 kilómetros cuadrados, un aumento del 9,5 % frente al mismo periodo del año anterior.

«Brasil terminó la cúpula de líderes como entró: desacreditado. Bolsonaro pasó la mitad de su discurso pidiendo dinero para alcanzar conquistas medioambientales, que su gobierno intenta destruir desde hacer dos años», comentó en Twitter Marcio Astrini, secretario ejecutivo de la ONG Observatorio del Clima.

Bolsonaro rebaja el tono

Durante la campaña electoral, Biden dijo que de ser electo conversaría con otras naciones para dar a Brasilia un fondo de 20.000 millones de dólares, con el objetivo de acabar con la deforestación. Bolsonaro rechazó la idea, afirmando que no aceptaría «sobornos, criminales demarcaciones o infundadas amenazas».

o, el propio Bolsonaro mandó la semana pasada una carta a su homólogo estadounidense pidiendo recursos para erradicar la deforestación ilegal. Washington pidió «acciones inmediatas» para lograr «resultados concretos».

Esa misma semana, se anunció el reemplazo del superintendente policial del estado de Amazonas, Alexandre Saraiva, después de que este pidiese una investigación contra Salles por presuntamente entorpecer la actuación fiscalizadora del Gobierno en relación con delitos ambientales, como la tala ilegal.

Además de aumentar la deforestación, durante el gobierno de Bolsonaro –a favor de la explotación económica de reservas naturales y tierras indígenas– se han debilitado significativamente los órganos de fiscalización ambiental, como el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama), y se han flexibilizado las normas de protección ambiental.

Diferentes personalidades de Brasil, entre ellas varios exministros, enviaron una carta a los participantes de la Cumbre del Clima para advertir que «frente a la presión internacional y de la sociedad brasileña, el Gobierno de Bolsonaro ha cambiado su discurso, pero no de política«.

Resto del mundo

Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.

Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.

En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.

Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.

Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.

 

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