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Opinión

Bonilla vs. Pérez Cuéllar: Rivalidad que marca el rumbo político del estado

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La política en Chihuahua vive un pulso cada vez más intenso. Marco Bonilla, alcalde de la capital, y Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de Ciudad Juárez, han convertido sus diferencias en un enfrentamiento público que ya trasciende la rutina de los ayuntamientos y llama la atención del país. Lo que comenzó como fricciones políticas ha escalado a acusaciones directas y gestos simbólicos que mantienen a la ciudadanía en vilo.

Pérez Cuéllar ha acusado a Bonilla de orquestar lo que él llama una “guerra sucia”, vinculando al alcalde capitalino con la difusión de rumores sobre una investigación de la DEA en su contra. Bonilla, por su parte, niega cualquier implicación y reta a su homólogo a presentar pruebas, insistiendo en que su prioridad son las soluciones para Chihuahua, no las polémicas personales.

La tensión se materializa incluso en lo visual: en agosto de 2025 apareció en Ciudad Juárez una pintura con la frase “Bonilla es Juárez”, que desató especulaciones sobre provocaciones políticas y estrategias de confrontación simbólica. Pérez Cuéllar restó importancia al asunto, calificándolo de “chafilla”, mientras la gobernadora Maru Campos llamó a ambos a mantener una conducta íntegra y a no caer en prácticas corruptas, sin tomar partido en el conflicto.

Analistas locales advierten que la pugna podría intensificarse con la mirada puesta en el ciclo electoral de 2027, pues ambos alcaldes han extendido su influencia más allá de sus municipios, lo que sugiere aspiraciones políticas que van más allá de sus cargos actuales.

Lo que hoy parece un enfrentamiento municipal podría convertirse en un termómetro del poder político en Chihuahua. Cada declaración, cada gesto y cada rumor construyen un escenario donde la rivalidad entre Bonilla y Pérez Cuéllar ya no es solo un choque personal: es un indicador de hacia dónde podría inclinarse la política del estado en los próximos años. La ciudadanía observa, y la tensión política solo parece ir en aumento.

Opinión

Duarte: de los bares de Chihuahua al Altiplano. Por Karen Torres

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En México y en la política, lo que parece pasado, siempre regresa para explicar el presente. Hay nombres que regresan una y otra vez como si fueran espectros empeñados en recordarnos las fracturas del sistema. Uno de ellos es César Horacio Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua (2010-2016), figura central de uno de los expedientes de corrupción más voluminosos en la historia reciente del país.

Karen Torres A.

Y ahora, tras años de idas y venidas judiciales, vuelve a los titulares: la Fiscalía General de la República ordenó su recaptura y lo trasladó al penal de máxima seguridad del Altiplano.

Este episodio no ocurre en el vacío. Es parte de una historia que lleva casi una década escribiéndose entre detenciones, extradiciones, procesos fragmentados y una libertad condicional que muchos chihuahuenses vieron como una burla abierta.

Pero también es un movimiento político que envía un mensaje contundente: la nueva administración federal quiere que se entienda que, al menos en la Fiscalía, el viejo pacto de impunidad ya no opera “para algunos”. Y Duarte es la vívida señal, ojalá esto no se trate únicamente de justicia selectiva.

Duarte huyó de México en 2017, cuando la entonces Fiscalía de Chihuahua, bajo el gobierno de Javier Corral, integró al menos 21 órdenes de aprehensión en su contra. Los cargos eran amplios y concretos:

  • Peculado agravado por más de 1,200 millones de pesos,
  • Desvío de recursos públicos hacia campañas priistas,
  • Enriquecimiento ilícito,
  • Uso indebido de atribuciones y facultades
  • Y una red de empresas fantasma operadas desde su círculo íntimo.

Fue detenido en Miami el 8 de julio de 2020 en Estados Unidos. Ahí pasó 2 años mientras se resolvía un proceso de extradición. Finalmente, en junio de 2022, el gobierno estadounidense lo entregó a México bajo cargos de peculado agravado y asociación delictuosa.

Su llegada al país fue presentada por la Fiscalía como un triunfo institucional. Pero para Chihuahua comenzaba un capítulo distinto: la prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán, donde Duarte permaneció alrededor de 2 años más, entre audiencias diferidas, cambios de jueces y tácticas legales el caso se fue transformando en un rompecabezas jurídico que pocos lograron seguir con claridad.

Llegó la cuestionada libertad condicional de 2024: 

En agosto de 2024, en una audiencia sorpresiva, Duarte obtuvo libertad condicional bajo el argumento de que llevaba tiempo suficiente privado de la libertad y que su conducta había sido “adecuada”, sin haber recibido sentencia alguna.

La imagen era insólita: un político acusado de desviar más de mil millones de pesos, señalado de haber quebrado fondos públicos y endeudado al estado por generaciones…

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