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México

Borra IEPC al Partido Progresista de Coahuila; serían denunciados

Por no haber obtenido en la pasada elección de julio la votación mínima de 2 por ciento, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila aprobó retirar el registro al Partido Progresista de Coahuila (Pro)

Saltillo, Coahuila.- Por no haber obtenido en la pasada elección de julio la votación mínima de 2 por ciento, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila aprobó retirar el registro al Partido Progresista de Coahuila (Pro), no obstante, valora la posibilidad de interponer una denuncia penal debido a que los representantes del organismo no han atendido los requerimientos legales.

El dictamen presentado por la Comisión de Prerrogativas fue aprobado por mayoría de los consejeros electorales presentes en esta sesión, que tuvo una duración de 10 minutos y a la que asistieron solo cinco de los siete consejeros, así como cuatro representantes de partidos.

El consejero presidente del IEPC, Leopoldo Lara Escalante, comentó que se inició el proceso de liquidación aunque no han logrado localizar a los dirigentes del extinto Progresista de Coahuila.

“Nosotros tenemos que liquidar, tenemos que investigar cuáles son las cuentas pendientes que ellos tienen para nosotros, precisamente para eso sirven las prerrogativas”, comentó Lara Escalante, quien explicó que también deben regresar todo aquello que hayan adquirido con los montos de las prerrogativas.

Añadió que en caso de que no haya respuesta, el Instituto interpondrá denuncias penales porque se trata de recursos públicos los que manejó este organismo político en sus operaciones y campañas.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Prerrogativas, Alberto Campos Olivo, recordó que entre la votación válida emitida, el Partido Progresista no alcanzó el 2 por ciento señalado en la ley como mínimo para la conservación de registro y sus prerrogativas.

El consejero explicó que una vez aprobado ayer el dictamen se inicia el proceso administrativo de liquidación y conclusión de operaciones, sin embargo esto se complica debido a que los representantes de este organismo no han recibido la documentación oficial.

“Es muy probable que vaya a haber un medio de impugnación respecto al acuerdo, es probable que el partido vaya a argumentar alguna irregularidad en la notificación, previendo esta situación ellos han cerrado sus oficinas”, comentó el consejero Rafael Rodríguez Pantoja.

ENTÉRESE

– El Partido Progresista recibió su registro el 12 de marzo de 2013.

– El Pro recibió 2 millones 271 mil pesos para su sostenimiento ordinario y campañas en este 2014.

– Es el único partido que perdió su registro en este año en la entidad.

coahuila politica

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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