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Política

Bukele anuncia la ruptura del acuerdo anticorrupción entre El Salvador y la OEA

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este viernes en rueda de prensa que su país rompe su acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) para combatir la corrupción mediante una Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicies).

«Hemos decidido que como Presidencia también vamos a romper nuestro convenio con la OEA-Cicies, porque es un despropósito completo que estemos tratando de combatir la impunidad con, precisamente, las personas que están promoviendo la impunidad en El Salvador», declaró el mandatario.

Indicó que el paso fue provocado por la decisión del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de nombrar para el cargo de asesor al exalcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt, que actualmente es procesado penalmente en El Salvador.

«Cometimos el error de confiar en la OEA», declaró el presidente, y preguntó a continuación: «¿Cómo pudimos confiar en gente que da impunidad a los criminales?».

«Nosotros pudimos haber seguido trabajando con ellos, y hacer como si nada pasaba. Pero nosotros no trabajamos así. Para nosotros es importante tener principios», destacó. Y afirmó que su país buscará «otra organización que sí quiera combatir la impunidad».

Por su parte, la embajada de EE.UU. en El Salvador lamentó la decisión de la Administración de Bukele de cerrar su acuerdo con la OEA. «La lucha contra la corrupción es esencial y fundamental. Vamos a seguir buscando la forma de reducir y combatir la corrupción y la impunidad», afirmó esa representación diplomática a través de su cuenta en Twitter.

Este viernes, el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador decretó arresto domiciliario para Muyshondt. Es procesado por delitos de fraude electoral y asociaciones ilícitas, después que, siendo diputado, supuestamente negociara con pandillas a cambio de votos.

Poco después, la Policía Nacional Civil comunicó que detuvo a Muyshondt, «tras una nueva orden de detención administrativa de captura, girada por la Fiscalía General de la República por el delito de apropiaciones indebidas de retenciones en perjuicio de la Hacienda Pública».

Chihuahua

Militantes del PAN analizan solicitar expulsión de Fernanda Martínez

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En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.

De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.

Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.

Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.

Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.

Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.

Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.

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