Dinero

Burócratas se aferran a su salario; prevén gran número de amparos

Published

hace 7 años

Nov 19, 2018

Edicion

Personal de confianza de 297 entes de la administración pública federal contactó al despacho de abogados Trusan & Roma para asesorarse en busca de un amparo que impida la reducción de su salario.

La nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos establece que los funcionarios no podrán ganar más que el presidente electo (108 mil pesos netos al mes) y que ya no habrá compensaciones.

“Servidores públicos de la administración actual federal y del Poder Judicial de la Federación están con una grave preocupación”, afirmó Rodolfo Martínez, experto en derecho constitucional y socio de la firma Trusan & Roma.

En un correo del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares informan de una “colectividad de 40 servidores públicos interesados en tener mayor información de su propuesta de amparo”.

Algunas dependencias operan con más de 70% de trabajadores de confianza, según datos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Funcionarios federales de al menos 297 entes analizan cómo protegerse ante la reducción de ingresos o de prestaciones.

Personal de confianza de al menos 297 entes de la administración pública federal ya contactó a la firma de abogados Trusan & Roma para explorar la posibilidad de ampararse ante una inminente reducción de su salario a partir de la primera quincena de enero de 2019.

La nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos elimina las compensaciones e impide a los funcionarios ganar más que el Presidente, y como Andrés Manuel López Obrador anunció que su salario mensual será de 108 mil pesos netos, se verán afectados los funcionarios que tienen sueldos de entre 140 mil y 220 mil pesos al mes.

Desde que dicha ley se publicó el 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los teléfonos de la firma de abogados Trusan & Roma no paran de sonar, las visitas de los servidores públicos a las instalaciones no cesan y la bandeja de correos está saturada.

Excélsior acudió a una reunión en Trusan & Roma en la que decenas de servidores públicos solicitaron información para obtener un amparo y evitar con ello una disminución de sus salarios o sus compensaciones.

Quienes ganan menos de 108 mil pesos mensuales están buscando ampararse para no perder sus compensaciones, como seguros de gastos médicos mayores, seguros de vida y de separación individualizado, mientras que los directivos que sí ganaban más de esa cantidad están buscando jubilarse de manera anticipada o de plano exigen su liquidación.

“Si me preguntas en cuáles dependencias se está viviendo más incertidumbre, yo te diría que la respuesta es: en todas. Todos los servidores públicos de la administración actual federal y del Poder Judicial de la Federación están con una grave preocupación por ver reducidas sus remuneraciones”, afirmó Rodolfo Martínez, experto en derecho constitucional, de la Facultad de Derecho de la UNAM, y socio de la firma Trusan & Roma.

Son cientos de correos los que Trusan & Roma está recibiendo. Entre ellos hay uno de un empleado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que labora en el extranjero, y le solicita a la firma que videograbe alguna de las próximas dos reuniones que habrá con servidores públicos.

En un correo del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares informan de una “colectividad de 40 servidores públicos interesados en tener mayor información de su propuesta de amparo, pero de viva voz”.

Algunas dependencias operan con más de 70% de trabajadores de confianza, según datos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Excelsior

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Avala Congreso Fortalecimiento Financiero para el Estado

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hace 1 día

Dic 17, 2025

segundoasegundo

-Por tres mil millones de pesos que serán inversión pública productiva.

La 68 Legislatura de Chihuahua, por mayoría de votos autorizó al Poder Ejecutivo del Estado a realizar las operaciones de financiamiento establecidas hasta por los montos y conforme a los destinos, términos y condiciones previstos en el mismo, por la cantidad de $3,000,000,000.00 (Tres mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), más los recursos necesarios para cubrir los costos y gastos relacionados con su implementación y más fondos de reserva.

Dicho monto habrá de ser destinado a inversión pública productiva particularmente en infraestructura carretera y en el desarrollo del Polo de Desarrollo para el Bienestar en San Jerónimo, así como el refinanciamiento de créditos de largo plazo, incluido un crédito con Banobras bajo el esquema de Bono Cupón Cero, y la contratación de instrumentos derivados para mitigar riesgos por incrementos en tasas de interés.

Fue la diputada Carla Rivas Martínez la encargada de presentar el dictamen de Decreto ante el Pleno Legislativo, quien refirió que la autorización se da una vez realizado el análisis del destino y la capacidad de pago del Estado de Chihuahua, así como el Techo de Financiamiento Neto que le corresponde y los recursos que fungirán como fuente de pago de dicho financiamiento.

En este sentido y una vez autorizado financiamiento, el Poder Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de Hacienda, en los términos y condiciones previstos en este Decreto, y hasta por los montos establecidos, podrán contratar financiamiento en una o varias etapas, según corresponda, para llevar a cabo las operaciones correspondientes.

Los recursos derivados del Financiamiento para Inversión Público Productiva (Financiamiento IPP) deberán ser destinados a financiar proyectos de inversión pública productiva destinados a:

-Construcción de obras para el abastecimiento de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones.
-Construcción de vías de comunicación.
-División de terrenos y construcción de obras de urbanización.
-Edificación no habitacional.
-Instalación y equipamiento en construcciones.
-Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.
-Infraestructura y equipamiento en seguridad pública y de justicia.
-Infraestructura y equipamiento en el sector salud.
-Infraestructura y equipamiento para el desarrollo de actividades primarias, incluyendo, pero no limitando, pesca, agricultura y ganadería.

En los artículos transitorios del decreto de autorización, se planteó que el detalle de los proyectos de inversión público productiva a desarrollarse deberá estar descrito en los contratos a través de los cuales se implemente el Financiamiento IPP.

Cabe destacar que se aprobó la reserva del diputado Jorge Soto Prieto, en la que se señaló que los instrumentos derivados, al igual que los financiamientos, tienen que ser registrados ante la Unidad de Coordinación con las Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como lo marca la regulación federal. Para cumplir con la norma, la autorización de este Congreso debe contener específicamente la clave de registro de los créditos a los cuales se les contratará un instrumento derivado tal y como lo marca el Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.

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