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Burócratas se aferran a su salario; prevén gran número de amparos

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Personal de confianza de 297 entes de la administración pública federal contactó al despacho de abogados Trusan & Roma para asesorarse en busca de un amparo que impida la reducción de su salario.

La nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos establece que los funcionarios no podrán ganar más que el presidente electo (108 mil pesos netos al mes) y que ya no habrá compensaciones.

“Servidores públicos de la administración actual federal y del Poder Judicial de la Federación están con una grave preocupación”, afirmó Rodolfo Martínez, experto en derecho constitucional y socio de la firma Trusan & Roma.

En un correo del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares informan de una “colectividad de 40 servidores públicos interesados en tener mayor información de su propuesta de amparo”.

Algunas dependencias operan con más de 70% de trabajadores de confianza, según datos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Funcionarios federales de al menos 297 entes analizan cómo protegerse ante la reducción de ingresos o de prestaciones.

Personal de confianza de al menos 297 entes de la administración pública federal ya contactó a la firma de abogados Trusan & Roma para explorar la posibilidad de ampararse ante una inminente reducción de su salario a partir de la primera quincena de enero de 2019.

La nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos elimina las compensaciones e impide a los funcionarios ganar más que el Presidente, y como Andrés Manuel López Obrador anunció que su salario mensual será de 108 mil pesos netos, se verán afectados los funcionarios que tienen sueldos de entre 140 mil y 220 mil pesos al mes.

Desde que dicha ley se publicó el 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los teléfonos de la firma de abogados Trusan & Roma no paran de sonar, las visitas de los servidores públicos a las instalaciones no cesan y la bandeja de correos está saturada.

Excélsior acudió a una reunión en Trusan & Roma en la que decenas de servidores públicos solicitaron información para obtener un amparo y evitar con ello una disminución de sus salarios o sus compensaciones.

Quienes ganan menos de 108 mil pesos mensuales están buscando ampararse para no perder sus compensaciones, como seguros de gastos médicos mayores, seguros de vida y de separación individualizado, mientras que los directivos que sí ganaban más de esa cantidad están buscando jubilarse de manera anticipada o de plano exigen su liquidación.

“Si me preguntas en cuáles dependencias se está viviendo más incertidumbre, yo te diría que la respuesta es: en todas. Todos los servidores públicos de la administración actual federal y del Poder Judicial de la Federación están con una grave preocupación por ver reducidas sus remuneraciones”, afirmó Rodolfo Martínez, experto en derecho constitucional, de la Facultad de Derecho de la UNAM, y socio de la firma Trusan & Roma.

Son cientos de correos los que Trusan & Roma está recibiendo. Entre ellos hay uno de un empleado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que labora en el extranjero, y le solicita a la firma que videograbe alguna de las próximas dos reuniones que habrá con servidores públicos.

En un correo del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares informan de una “colectividad de 40 servidores públicos interesados en tener mayor información de su propuesta de amparo, pero de viva voz”.

Algunas dependencias operan con más de 70% de trabajadores de confianza, según datos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Excelsior

Dinero

EE.UU. impone arancel de 10% a México por política sobre trabajo forzoso

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Estados Unidos anunció una nueva ronda de aranceles para 60 economías, entre ellas México, al que aplicará un gravamen de 10 por ciento por considerar que no prohíbe o no hace cumplir de manera efectiva la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.

La medida fue dada a conocer por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que explicó que la decisión deriva de una investigación realizada bajo la Sección 301, iniciada el 12 de marzo de 2026 por instrucción del presidente Donald Trump. El proceso incluyó dos rondas de audiencias públicas, consultas con más de 45 gobiernos y el análisis de más de 2 mil 100 comentarios.

México forma parte del grupo de países sujetos a un arancel de 10 por ciento, junto con Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido.

De acuerdo con la USTR, esta categoría corresponde a economías que ya cuentan con una prohibición para importar productos elaborados con trabajo forzoso, que asumieron el compromiso de establecerla mediante un Acuerdo sobre Comercio Recíproco o que aplican mecanismos parciales para impedir la entrada de este tipo de mercancías.

La resolución también establece un esquema de tres niveles de sanciones. Para el resto de las economías investigadas se fijó un arancel de 12.5 por ciento, mientras que determinados productos procedentes de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza enfrentarán tasas de 10 o 12.5 por ciento, descontando la tarifa de Nación Más Favorecida cuando corresponda.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló que la decisión responde a la conclusión emitida el pasado 2 de junio, en la que la USTR determinó que las políticas de las 60 economías investigadas obstaculizan o restringen el comercio estadounidense. Agregó que la administración de Donald Trump considera necesario reforzar las medidas contra el trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la resolución no modifica el arancel efectivo que actualmente paga México, ya que más del 80 por ciento de las exportaciones nacionales permanece exento al cumplir con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El funcionario explicó que el gravamen de 10 por ciento para las exportaciones que no cumplen con el T-MEC se mantiene, aunque ahora cambia su fundamento legal al pasar de la Sección 122 a la Sección 301. Añadió que el Gobierno de México continúa las conversaciones con el representante comercial estadounidense para acercar posiciones en materia comercial.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este jueves sostuvo una reunión con Jamieson Greer en Palacio Nacional, donde ambas partes avanzaron en la revisión del T-MEC y en otros acuerdos bilaterales.

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