México
Buscan 120 a 26 mil desaparecidos; fiscalía especial tiene 800 expedientes
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Un total de 120 personas tienen la misión de dar con el paradero de 26 mil desaparecidos en el país.Un total de 120 personas tienen la misión de dar con el paradero de 26 mil desaparecidos en el país.
Adscritas a la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que inició operaciones el pasado 10 de octubre, ya tienen integrados 800 expedientes.
Eber Omar Betanzos Torres, subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad a cargo de esta nueva fiscalía, afirma que se reforzará al personal para tener una mejor plantilla de investigación.
De entrada, dice, “tenemos dedicadas 120 personas que colaboran en la fiscalía, entre Ministerios Públicos (MP), auxiliares del MP y fuerzas de la Agencia de Investigación Criminal que están dedicados al análisis de este tipo de asuntos para realizar las diligencias que converjan”.
El funcionario explicó que con los instrumentos con los que ya se cuenta se ha logrado resolver la localización con vida de aproximadamente cien personas.
Adelantó que para las tareas de esta nueva dependencia se trabaja en la integración de un Registro Nacional de Fosas Clandestinas, del banco de datos de ADN más completo de América Latina y en el uso de drones para la localización de las víctimas.
“Los drones ya se encuentran en su fase de operación; era necesario realizar una serie de adaptaciones y de capacitación al personal que los va a operar, y hoy podemos hacer uso de ellos”, explicó.
Dijo que en el caso del uso del ADN, servicios periciales de la PGR tiene la tecnología de punta con el laboratorio mejor equipado de América Latina en temas forenses.
120 agentes para 26 mil desaparecidos; trabajo de la Fiscalía especializada
Comenzó sus operaciones el pasado 10 de octubre y ya tiene integrados ?800 expedientes; se han resuelto 100 casos de localizaciones con vida.
La Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que inició sus operaciones el pasado 10 de octubre, contará con 120 empleados, ya tiene integrados 800 expedientes y deberá investigar más de 26 mil casos.
El subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República (PGR), que administrará el trabajo de la nueva fiscalía, Eber Omar Betanzos Torres, informó que se reforzará al personal para tener una mejor plantilla de investigación.
“Tenemos dedicadas 120 personas que colaboran en la fiscalía, entre Ministerios Públicos, auxiliares del MP, fuerzas de la Agencia de Investigación Criminal, que están dedicados al análisis de este tipo de asuntos para realizar las diligencias que converjan.
“Lo que era la Unidad Especializada ha tenido un reforzamiento fundamental para contar con una plantilla de personal más sólida, y poder contar con todas las herramientas que requiera para realizar su trabajo”, explicó Betanzos Torres.
En mayo de 2013, la PGR anunció la creación de la Unidad de Búsqueda para Personas Desaparecidas, la que inició con la integración de la información, en una base de los datos, para conocer una cifra más exacta de casos y los procedimientos a desarrollar para la localización de víctimas.
Los trabajos llevaron a un acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja para la utilización de la Base de Datos AM/PM (ante mortem/post motem), utilizada en este tipo de casos.
Además, el pasado 10 de octubre entró en vigor el acuerdo de creación de la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas, la que ya tiene integrados los primeros 800 expedientes.
Hasta el pasado 30 de septiembre se tenían reportados un total de 26 mil 798 casos en el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED)
“Como se ha manifestado, la cifra de personas desaparecidas en el Estado mexicano aborda las 26 mil personas, esos desaparecidos no quiere decir que sean todos vinculados con ilícitos penales, la cifra es distinta en el contexto de una averiguación previa iniciada en las instancias locales o federales.
“Hay 800 expedientes de búsqueda de personas, en donde la búsqueda está iniciada en la PGR porque hay indicios, señalados por los denunciantes de que hubo algún ilícito cometido”, explicó.
El subprocurador de Derechos Humanos de la PGR explicó que se debe diferenciar los casos de personas cuyo paradero se desconoce, en donde los responsables son particulares, de los casos en donde las autores son autoridades.
En esta segunda hipótesis entra el concepto de ?desaparición forzada, en donde se ha detectado que la mayoría de los casos han sido cometidos por autoridades municipales.
“La desaparición cometida por particulares es una constante muy importante en el grueso de los expedientes que tiene la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas, más de 95 por ciento de los casos, en indicios que están en investigación.
“En materia de desaparición forzada tenemos participación de autoridades municipales, infiltradas por grupos del crimen organizado, que llevan a situaciones de desaparición”, indicó Betanzos Torres.
Sobre este tema, el funcionario explicó que a partir de los elementos con los que cuenta el Ministerio Público Federal, está buscando acusar de desaparición forzada, a las autoridades detenidas por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Tenemos casos como el Ayotzinapa, que es una desaparición forzada y así lo hizo notar la PGR ante el Poder Judicial Federal, que reclasificó, y la PGR apela y en eso está por determinarse.
“Estimamos que el Poder Judicial Federal tome en cuenta estos aspectos sobre la situación de la desaparición, para clasificarlo como desaparición forzada”, dijo Betanzos Torres.
Ciencia y tecnología
El subprocurador de Derechos Humanos explicó que con los instrumentos con los que ya se cuenta se ha logrado resolver la localización con vida de aproximadamente cien personas.
“Se han resuelto con localizaciones con vida de 100 casos, y esto implica que este tipo de tareas tiene un grado de complejidad si no se tiene información previa de las personas.
“Estamos en el supuesto de personas que están desaparecidas por el cambio de domicilio, de migración, por razones médicas o que ingresaron al sistema penitenciario y por la movilidad no les fue posible comunicarse con su familia”, detalló.
Betanzos Torres anunció que para los trabajos de la nueva fiscalía se trabaja en la integración de un Registro Nacional de Fosas Clandestinas, del bando de datos de ADN más completo de América Latina y en el uso de drones para la localización de víctimas.
“Los drones ya se encuentran en su fase de operación, era necesario realizar una serie de adaptaciones y de capacitación al personal que los va a operar, y hoy podemos hacer uso de ellos.
“En el caso de ADN, servicios periciales de la PGR tiene la tecnología de punta con el laboratorio mejor equipado de América Latina en temas forenses, y en materia de genética se tiene la base de datos más completa de registros, y con intercambio de información con otras autoridades”, dijo Betanzos Torres.
Prevalecen los casos del fuero común
Hasta el 30 de septiembre se tenían reportados un total de 26 mil 798 casos en el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
La cifra está comprendida por 25 mil 918 casos del fuero común registrados de personas que permanecen sin localizar al corte del 31 de julio del presente año, a partir de los reportes presentados por las procuradurías y fiscalías estatales.
A esta cantidad se suman 880 reportes en el RNPED de casos del fuero federal, con averiguaciones previas iniciadas entre 2014 y 2015, y que permanecen sin ser localizados al 30 de septiembre del presente año.
El RNPED es un instrumento que comenzó a compilar en la presente administración para atender el fenómeno de las personas desaparecidas, y que a partir de las denuncias presentadas incluye casos ocurridos desde 2007, anteriores y hasta la fecha.
De acuerdo con el compendio, del total de casos denunciados en ambos fueros, un total de 11 mil 938 están reportados entre los años 2013 y lo que va de 2015, lo que significa que en la presente administración han ocurrido el 44.5 % de las desapariciones en nuestro país.
Casos federales
El RNPED establece en las Estadísticas del Fuero Federal, que de los 880 casos registrados entre años anteriores al 2007 y el 2015, 542 han ocurrido entre 2013 y el presente año, lo que significa que en la presente administración ha ocurrido el 61.5 por ciento de las desapariciones.
Guerrero ocupa el primer lugar con 221 casos, luego Veracruz con 132, Tamaulipas con 108, el DF con 49, Coahuila con 45 y Michoacán con 45 denuncias.
Ámbito local
Por la materia del Fuero Común, el RNPED reporta un total de 25 mil 918 casos a partir de las denuncias registradas por las Procuradurías y fiscalías estatales, entre años anteriores a 2007 y 2015.
La presente administración federal, entre los años 2013 y hasta el 31 de julio, registra 11 mil 396 denuncias, lo que representa el 43.9% de los casos.
Están reportados como desaparecidos 18 mil 732 hombres y siete mil 186 mujeres; de los cuales 23 mil 138 son de mexicanos, 123 extranjeros y dos mil 657 no se especifica este dato.
De los cero a los cuatro años hay dos mil 669 denuncias, mientras que de los 15 a los 19 años hay cuatro mil 93 desaparecidos.
Fuente Excelsior
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México
Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso
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Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».
Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.
Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».
En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.
En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.
Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.
«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.
«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».
El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.
«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.
Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».
En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.
También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.
La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.
«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.