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Buscan declarar como patrimonio cultural jaripeo, corridas de toros y peleas de gallos

El diputado Omar Presentó una iniciativa para adicionar el artículo 71 y 72 de la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural del Estado de Chihuahua, a fin que se reconozca al Rodeo, el Jaripeo regional y estatal, las Carreras de Caballos y las Peleas de Gallos, como patrimonio cultural inmaterial de la entidad.

Además, un punto de acuerdo para que se decrete el 28 de enero de cada año como el Día del Vaquero en el Estado de Chihuahua.

El legislador del PRI destacó la importancia de promover la identidad cultural a través de un programa mediante el cual se rescate, fomente e impulse la identidad cultural de los chihuahuenses, con la finalidad de proyectar al Estado en contexto nacional e internacional, mediante la promoción del patrimonio cultural material e inmaterial que Chihuahua oferta al mundo.

En este sentido, reconocer el impacto económico y social en nuestra entidad con la vinculación del sector cultural con el sector turístico y empresarial, mediante la formalización de relaciones estratégicas que permitan posicionar al Estado como un referente de turismo cultural.

“Debemos apostar por mantener vigente nuestras tradiciones, sabedores que son estas, las que nos permiten estrechar vínculos afectivos, rememorar nuestras raíces y transmitir el legado cultural de nuestros antepasados a las nuevas generaciones”, destacó el también dirigente estatal del PRI.
Dijo que sólo la industria gallística estatal está compuesta por 2,677 asociaciones galleras, las cuales generan una fuente de empleo para más de 10,000 personas en el estado.

En ese mismo sentido, existen alrededor de 750 negocios que directamente se involucran en la industria gallística, generando anualmente más de 500 millones de pesos, solamente considerando los gastos fijos.

La industria gallística también genera ganancias al Estado por más de 18 millones de pesos al año, puesto que el principal exponente de las peleas de gallos son los tradicionales palenques.

Cada evento celebrado en dichos palenques – 43 en el estado- debe contar con sus respectivos permisos por parte del gobierno estatal y municipios, lo que genera un flujo fiscal que es de beneficio para la población en general.

Además, cada uno de los palenques genera empleos eventuales, los cuales son un apoyo económico para la sociedad, respaldando así a muchas familias ciudadanas.

El que se apruebe declarar Patrimonio Cultural del Estado estas tradiciones, implica además que se recibirá un tratamiento especial y un presupuesto etiquetado para el desarrollo de los programas de investigación, catalogación, revaloración, protección, revitalización, intervención, conservación, custodia, disposición, formación o capacitación, difusión y, en su caso, reproducción.

En este caso se trata de actividades que requieren trabajo agropecuario, de adiestramiento especializado e insumos para las diferentes actividades, cría y conservación de animales y difusión regional que propicie el turismo en el Estado.

En vista de la motivación me permito someter a su consideración la presente iniciativa a fin de adicionar los artículos 71 y 72 de la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural del Estado de Chihuahua.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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