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Buscó asilo en Estados Unidos y terminó con el narco

Manuel fue obligado a arreglar vehículos para el narco. Durante varias semanas a finales de 2019 fue conducido diariamente a un punto del estado de Tamaulipas donde se acumulaban los coches blindados con agujeros de bala y dobles fondos en los que transportar armas y drogas.

“Trabajaba 15, 16 horas al día. No me pagaban un peso, decían que mi pago era la seguridad, me hacían psicoterror”, explica, ya lejos de quienes fueron sus captores.

Manuel no se llama Manuel, pero no quiere dar su verdadero nombre. Está en un punto de la frontera que tampoco quiere identificar y lleva más de un año esperando que una corte de Estados Unidos analice su caso de asilo por última vez. Huyó de la inseguridad de Venezuela y se encontró con más peligro en México. Él es uno de los más de 70 mil solicitantes de refugio afectados por el denominado “Programa de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés, o “Quédate en México”) que desde enero de 2019 obliga a quienes pidieron protección en Estados Unidos a regresar al norte de México a esperar sus citas con el juez.

Solos y vulnerables, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños o venezolanos quedaron expuestos en un territorio que no conocen y en el que el crimen organizado impone sus reglas. La decisión del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de poner fin a este programa es una esperanza para miles de ellos, que todavía aguardan en ciudades como Tijuana, Baja California; Juárez, Cihuahua; o Nuevo Laredo, Tamaulipas. Las cortes están cerradas desde marzo de 2020 debido a las medidas para prevenir el contagio de COVID-19, así que lo que iban a ser meses de espera se convirtió en una condena sin fecha de cierre. Pero esta decisión, que viene en paralelo con los 100 días sin deportaciones o el fin de la construcción del muro fronterizo, les da ilusiones.

“Me marché porque la situación era insostenible. Participé en algunas marchas contra el gobierno, pero quien de verdad era activista era mi esposa”, dice Manuel. Residía Venezuela y asegura que sus condiciones de vida se habían degradado. Por un lado, las carencias materiales. Por otro, las amenazas de personas cercanas al gobierno de Nicolás Maduro. Nunca pudo imaginar cuando dejó su país que dos meses después estaría arreglando los desperfectos de un coche blindado perteneciente a una organización criminal. Su intento por escapar de la inestabilidad y la violencia le llevó al corazón del narco en México.

Cuenta Manuel que en septiembre de 2019 decidió hacer las maletas después de varios episodios de amenaza violenta. Compró un billete para Ciudad de México, pero en la escala de Cancún, Quintana Roo, lo devolvieron a Bogotá. En su segundo intento logró su objetivo de alcanzar la capital. De ahí, directo a Tamaulipas, donde cruzó la frontera tratando de alcanzar Estados Unidos.

“Fue una locura. Entiendo la cantidad de gente que se ahoga. Si lo llego a saber no hubiese cruzado así”, explica.

Una vez en EU, cuenta Manuel que se entregó a la Policía Fronteriza, que lo llevó a unas carpas ubicadas en Donna, Texas. Ahí lo entrevistaron y lo incluyeron en el programa “Quédate en México” que obliga a gente como Manuel, hombres y mujeres vulnerables que huyen de la violencia, a quedar abandonados en lugares violentos y donde no conocen a nadie.

Sus compañeros de cautiverio, centroamericanos en su mayoría, le advirtieron: “me decían que cuando pusiese un pie en México me secuestrarían”.

Cuando fue empujado a México la casualidad le llevó a un hotel. Y allí, al intentar conseguir trabajo, se metió en la boca del lobo. Pero no sabía cómo huir. Nadie le protegía. Así que aguantó durante semanas trabajando de sol a sol en un taller de uno de los carteles que operan en Tamaulipas. Hasta que a finales de noviembre, aprovechando que tenía su primera cita en Estados Unidos, aprovechó para escapar.

Manuel fio todo a que su proceso de asilo saliese bien. Y logró llegar hasta la tercera audiencia, la definitiva. El 31 de marzo era el día en el que, confiaba, un juez le permitiría quedarse en EU bajo protección. Pero diez días antes de aquella cita las fronteras se cerraron por la pandemia de COVID-19. Y las audiencias se suspendieron. Y personas como Manuel quedaron abandonadas en un territorio hostil, temerosas de que los criminales para los que tuvo que trabajar volviesen a encontrarlo.

Desesperado, Manuel volvió a intentarlo en septiembre de 2020. Cruzó nuevamente el Río Bravo y volvió a ser interceptado por agentes estadounidenses. Les explicó su situación, les dijo que tenía miedo, les suplicó que no le obligasen a regresar a México.

No le hicieron caso.

El anuncio de Joe Biden de que suspenderá el programa le da esperanzas. “Confío en que abran y podamos seguir nuestro proceso en Estados Unidos. Yo ya he sufrido demasiado”, asegura.

Fuente: Animal Político

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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