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Cada ciudadano debe $16, 367.00 sin haber acudido a una institución financiera

El coordinador de los diputados de Morena, Miguel Ángel Colunga Martínez, envío 32 cartas a sus compañeros del congreso a fin de argumentar de manera técnica y no política los motivos por los que la solicitud de crédito aprobada por la Comisión de Programación y Presupuesto y que se votará en el pleno del Congreso del Estado de Chihuahua, el próximo jueves en sesión extraordinaria debe ser rechazada.

El legislador de Morena señala en el texto que actualmente cada chihuahuense tiene una deuda de $16,367 sin haber acudido a una institución bancaria, pero que se verá reflejada en el cobro de impuestos. Por lo que en este último llamado queremos hacer ver a Chihuahua que el nuevo préstamo de $1,633,847,000 solicitado, la deuda de cada ciudadano ascendería a $16,826 y la deuda total a $ 59,844,403,064. ¡casi 60,000 mil millones de pesos!

En la carta el legislador señala que los legisladores de Morena hace dos años tomaron la tribuna del H. Congreso del Estado en oposición a la reestructura de la deuda propuesta por el Gobernador del Estado, que aseguraba tendría un impacto positivo en las finanzas del estado, han pasado dos años también desde que se aprobó el primer paquete presupuestario en esta Legislatura por eso en esta ocasión hace un último llamado con la responsabilidad que me caracteriza y de manera pública quiero invitar a los diputados de todas las fracciones parlamentarias a rechazar el crédito de 1,898 millones de pesos para pagarlo a veinte años.

En su exposición de motivos el legislador señala que los niños nacidos en este año y los que están por nacer en lo que resta de este 2020, estarán cumpliendo la mayoría de edad para 2038 ya habrán vivido dieciocho años en tres sexenios diferentes, cuyas finanzas públicas no habrán aun de terminar de pagar el crédito que está Legislatura aprobaría, por lo que el legislador hace un llamado a los legisladores que como son padres de familia o abuelos como él a negarse a entregar el el futuro de nuestros hijos y nietos empeñado hasta por veinte años.

«En mi caminar como legislador he recibido durante estos dos años quejas que reflejan la preocupación ciudadana por el futuro de los chihuahuenses, que pese a las promesas de abandono a las políticas Duartistas que endeudaron el Estado, vemos tristemente que se ha continuado con la misma política financiera y no se ha planteado una reorganización de las finanzas públicas».

Javier Corral Jurado llegó en 2016 con una deuda de $49,685,835,970, y en estos cuatro años, la deuda se ha incrementado en $ 8,524,720,093.  De aprobarse este nuevo crédito, la diferencia será de 10,422,720,093, un 20% más que en 2016. La reestructura de la deuda realizada en diciembre de 2018, no ha presentado beneficio alguno para las finanzas públicas de Chihuahua, dice el texto enviado a los 32 legisladores del H congreso del Estado de Chihuahua y agrega:

Desde que el Gobernador del Estado llegó a Palacio de Gobierno, se le han autorizado cuatro paquetes económicos deficitarios que acumulan un déficit de 18,706.8 millones de pesos; a ello se suma la fallida reestructura de la deuda que incluso en dos ocasiones fue autorizada por este Congreso, con el voto en contra de la bancada de MORENA; mismas que no han tenido ningún beneficio en el pago de intereses, aunado a lo anterior sigue la política constante de suplir la falta de flujo de efectivo con créditos a corto plazo que si bien, deben cubrirse una vez terminada la administración del actual gobernador, no solucionan la problemática integral de Salud, Seguridad y Educación; como ejemplo, podremos citar el colapso del sistema de salud como sucede hoy en día donde quiénes están en la primera línea de batalla contra el Covid -19 no tienen si quiera los materiales necesarios para realizar dicha actividad ya no hablemos entonces de los bonos de salud, así como el pago tardío del aguinaldo al magisterio y a los jubilados y pensionados.

Previo a concluir el texto enviado a los legisladores el diputado de morena, explica que la negativa que este Congreso debiera darle al crédito que solicita el día de hoy el Ejecutivo del Estado, así como el llamado que hace un servidor para impedir endeudar el futuro no puede calificarse como una negativa y cerrazón a los argumentos y al diálogo, porque por el contrario este Congreso ha sido participe de los $58,210,556,063 que se adeudan a septiembre de 2020 de los cuales $2,916,666,674 son deuda de corto plazo y $32,864,535,227 es deuda de largo plazo; $7,393,549,506 corresponde a otros pasivos y $15,035,804,657 es deuda contingente y bonos cupón cero.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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