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Política

Calderón encubrió a Fox en actos de corrupción: Función Pública

La Secretaría de la Función Pública (SFP) acusa a Felipe Calderón de encubrir actos de corrupción de su antecesor Vicente Fox relacionados con la remodelación y adquisición de bienes de Los Pinos, otrora residencial oficial de los presidentes.

Irma Eréndira Sandoval señaló a través de su cuenta de Twitter que la SFP que encabeza no desapareció el expediente de Fox Quesada, presidente de México del 2000 al 2006, luego de acusaciones en medios.
La revista Contralínea detalla que Función Pública encontró oficios que evidencian la destrucción de cuando menos 50 cajas con documentos de una investigación de fiscalización, misma que recabó irregularidades como:

Tráfico de influencias, adjudicaciones directas, subcontrataciones, pagos anticipados, sobreprecios, incumplimiento y duplicidad de convenios, triangulación del gasto público y ausencia de bienes, entre otros.
“Los documentos relacionados a la auditoría fueron dados de baja del archivo de la institución en 2008”, es decir, el segundo año de gobierno de Calderón Hinojosa.
La Oficialía Mayor de la Función Pública solicitó en noviembre de 2007 al Archivo General de la Nación la autorización para dar de baja 308 expedientes correspondientes a los años 1993, 1998, 2000 y 2001, entre los que se encontraba la auditoría 2015.

Según la información aportada por la SFP en esa cajas se encontraban documentos certificados por el auditor encargado de la fiscalización de la remodelación de Los Pinos, el contador Roberto Muñoz Leos.

La destrucción del archivo se justificó en la administración de Felipe Calderón “por haber suscrito su plazo de conservación precaucionan”, a pesar de que el plazo de conservación establecido en la administración De Vicente Fox había sido de 5 años.

Fue el 17 de abril de 2008 cuando el Archivo General de la Nación aceptó la solicitud para que los documentos fueran desaparecidos para siempre.

sdp noticias

México

Senado abre periodo extraordinario con reformas que permitirían recopilar datos biométricos de ciudadanos

CIUDAD DE MÉXICO.– El Senado de la República inició este lunes un periodo extraordinario de sesiones con una agenda de 16 reformas de alto impacto, entre las que destacan propuestas polémicas por incluir la creación de bases de datos biométricos para diversas finalidades, desde el combate al lavado de dinero hasta la búsqueda de personas desaparecidas y el control de la telefonía móvil.

Tres de las iniciativas más controvertidas son la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley General en materia de Desaparición Forzada. Todas ellas comparten un eje común: la recolección, gestión o utilización de datos biométricos de ciudadanos.

En el caso de la reforma antilavado, se plantea otorgar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda la facultad de solicitar datos e imágenes a cualquier dependencia del gobierno federal, con el fin de identificar operaciones sospechosas. La propuesta ha sido cuestionada por su ambigüedad en torno a los límites y mecanismos de protección de datos personales.

Respecto a la nueva ley de telecomunicaciones, se busca establecer un registro nacional de usuarios de telefonía móvil con información biométrica, una medida que ya fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A pesar de ello, la iniciativa reaparece en la agenda legislativa, generando preocupaciones sobre una eventual reinstauración de mecanismos de vigilancia masiva.

Por su parte, las modificaciones a la legislación sobre desapariciones prevén incluir datos biométricos de familiares de personas no localizadas, como parte de los protocolos de búsqueda e identificación. Aunque se argumenta que esta medida puede agilizar los procesos, organizaciones de derechos humanos han advertido sobre el riesgo de mal uso de esta información.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que durante el periodo extraordinario —que se extenderá del 23 de junio al 2 de julio— podrían abordarse hasta 22 reformas, con sesiones incluso programadas para sábado y domingo. Agregó que existe la posibilidad de que la presidenta Claudia Sheinbaum envíe nuevas iniciativas, las cuales se incorporarían a la agenda.

La jornada de este lunes inició con la discusión de la reforma al artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, que busca prohibir el uso de ejemplares de mamíferos marinos en espectáculos. Sin embargo, el debate de mayor tensión se anticipa conforme avancen los días y se aborden las reformas que tocan temas sensibles como seguridad nacional, telecomunicaciones, fiscalización y derechos fundamentales.

Entre las reformas enlistadas también figura la expedición de una nueva Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, el rediseño normativo de la Guardia Nacional, una nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública, y la transferencia de funciones del Coneval al INEGI.

La discusión de estas reformas ocurre en un contexto en el que organismos civiles, expertos y sectores de la oposición advierten sobre una creciente tendencia hacia la centralización del poder y la expansión de facultades de vigilancia del Estado, sin mecanismos de control institucional suficientes.

Los próximos días serán clave para definir el rumbo de estas propuestas y su impacto en los derechos de millones de mexicanos. El debate está abierto, pero la preocupación por el posible uso indiscriminado de datos personales —en nombre de la seguridad— ya es evidente dentro y fuera del Senado.

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