La ley Acta de la Confianza de California, que limita las deportaciones exclusivamente para indocumentados peligrosos y con antecedentes criminales violentos, entró en vigor este primero de enero.
Se trata de la primera ley en el país que suspende la entrega automática de información sobre detenidos, infraccionados y testigos a las autoridades federales de migración a través del programa de Comunidades Seguras.
Desde este miércoles los departamentos de policía y de alguaciles en California proporcionarán a discreción a la Oficina de Aduanas e Inmigración (ICE) información de detenidos, pero informarán paralelamente a los tribunales en el estado.
Más de 100,000 personas fueron deportadas de California en lo que va de la administración del presidente Barack Obama, en su mayoría sin antecedentes penales de ningún tipo y muchos de ellos al ser sancionados por faltas tan comunes como las infracciones viales, de acuerdo con el autor de la ley, el asambleísta Tom Ammiano.
La directora del Centro de Política de Inmigración de California, Reshma Shamasunder, declaró que con la ley Acta de la Confianza «California pronuncia un mensaje de que la era de las deportaciones masivas y el gasto en las redadas debe terminar».
Aunque una propuesta de reforma inmigratoria tuvo un consenso bipartidista en el Senado estadounidense, la Cámara de Representantes, dominada por el Partido Republicano, rechazó la discusión del proyecto en el segundo periodo de 2013, con lo que la iniciativa quedó suspendida.
El activista José Antonio Vargas, fundador del movimiento apartidistaDefine American, dijo a CNN cuando se presentó la iniciativa de la Acta de Confianza que se trata de una ley que permitirá a muchas familias de inmigrantes indocumentados ya no vivir con miedo.
“Traerá esperanza a millones de estadounidenses indocumentados como yo, y un poco de alivio a los miembros de nuestra familia, que temen que si son detenidos, incluso por el más trivial de los cargos, ellos nunca los volverían a ver”, dijo Vargas.
El activista afirmaba que siete de cada 10 personas detenidas por el programa Comunidades Seguras habían sido detenidos por delitos menores, según las estadísticas de la ICE.
La propuesta del Senado sobre una reforma inmigratoria ha contado con el apoyo de la mayoría de los estadounidenses y del presidente Obama, pero el mandatario también ha sido criticado por activistas de inmigrantes quienes han reprochado que su administración tiene un récord de deportaciones desde 2009.