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Opinión

CAMPO PARADO POR VICTOR M.QUINTANA SILVEIRA

CAMPO PARADO

 

Por: Víctor M. Quintana S.

 

Cuatro de cada diez o mexicanos no tienen con qué comprar la comida que necesitan, según la OCDE. Sin embargo, el país, produce y tiene con qué producir suficientes alimentos básicos y de precio accesible para el pueblo. ¿Entonces que es lo que pasa?

 

Hay varias situaciones a considerar: Los productores de frijol del Zacatecas, Durango y Chihuahua no tienen más remedio que aceptar de los intermediarios que les paguen a seis pesos el kilo de su cosecha, pero la leguminosa en los supermercados no baja de doce pesos. En tierras chihuahuenses, donde se produce casi el 70 por ciento de la manzana del país, los productores están regalando su fruta; sin embargo, en las tiendas de autoservicio no se consigue debajo de 20 pesos el kilo. A los lecheros, las empresas procesadoras les pagan máximo a cinco pesos noventa centavos litro,  pero los consumidores lo compran, cuando muy barato a trece pesos. El chile seco que se pagaba a 36 pesos kilo al productor ahora se paga a sólo 22 pesos.

 

Así sucede con la mayoría de los productos agropecuarios básicos: hay suficiente producción para satisfacer las demandas de los consumidores nacionales, pero los intermediarios acaparan las ventas al mayoreo y medio mayoreo y establecen precios para tener un gran margen de ganancia. Resultado, pérdida para productores y para consumidores. Aquí el Estado falla cuando menos en tres sentidos: no interviene para regular el precio de los alimentos básicos al consumidor final; no constituye una reserva estratégica de alimentos para resistir la especulación y a través de sus organismos de crédito, como la Financiera Rural, da prioridad a intermediarios y coyotes para financiar

la compra de cosechas.

 

Otra situación la revela con claridad el caso del maíz. De acuerdo a la SAGARPA, durante los meses de enero y febrero, la importación de maíz amarillo se disparó 142 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando las importaciones del grano pasaron de 553 mil 970 toneladas (a un millón 344 mil. En tanto, las importaciones de maíz representaron, al primer bimestre del año, 151 mil 908 toneladas, contra 41 mil del año pasado, un aumento de 270 por ciento.

 

Diversas organizaciones y productores en lo individual denuncian que el alza

en las importaciones y baja en la producción nacional de la gramínea se debe,

fundamentalmente, a que se han ido descapitalizando pues el precio internacional del maíz se derrumbó de 4 mil 800 pesos la tonelada a sólo 2 mil 800 o 900 pesos. El gobierno federal poco o nada hizo para amortiguar tan drástica baja y por ello los productores se descapitalizan, producen menos y el país importa más y pierde su soberanía alimentaria. Lo peor es que los consumidores también lo sufren: un kilo de tortillas les cuesta lo que a los productores les pagan por cinco kilos de maíz.

 

El peor de los mundos, pues. Los consumidores encuentran la comida cada vez

más cara y los productores reciben menos por lo que producen y por lo tanto no

pueden producir más. Con razón el Banco de México acaba de señalar que persiste la desaceleración económica y que nos se observan repuntes ni en la inversión ni en el consumo…y menos con políticas como las que se están aplicando en agricultura y alimentación.

 

El dirigente de El Barzón de Chihuahua, Yako Rodríguez, expone la situación muy clara en el caso de los energéticos para el campo: el diesel va a superar la barrera de 13 pesos por litro este fin de semana; para comprar un litro de gasolina se requiere vender casi cinco kilos de maíz, cuando en 1985, los productores del noroeste de Chihuahua formaron el Movimiento Democrático Campesino exigiendo que un kilo de la gramínea valiera lo mismo que un litro de gasolina. En lo que se refiere a la energía eléctrica, la CFE continúa con su política de empresa privada y no de entidad impulsora del desarrollo y acaba de colocar 800 productores chihuahuenses en el buró de crédito.

 

Hablando de crédito, hace casi 20 años que la mayoría de los productores de riego, el 95 por ciento, y el total de los temporaleros se financian con sus propios medios; mientras la banca “de desarrollo” y la privada orientan sus préstamos a intermediarios y grandes productores.

 

Esto lo puso muy claro El Barzón la semana pasada: el gobierno federal sigue dejando la agricultura y la alimentación a merced del mercado. Y no es cierto que el mercado acomoda a cada quien en su lugar…en este mundo globalizado, funciona siempre a favor de oligopolios y acaparadores, excluye, empobrece, priva de soberanía.

 

Hartos de tanta pasividad del gobierno ante los problemas de los agricultores y de tanto apoyo a los grandes capitales, los agricultores chihuahuenses comienzan el lunes próximo una nueva fase de sus luchas. Van a participar maiceros, frijoleros, nogaleros, manzaneros, chileros, algodoneros, lecheros; de muy diversas organizaciones campesinas y de productores. Será la primera jornada de un paro agrícola que luego se irá extendiendo. Sacarán su maquinaria a las carreteras y harán huelga de brazos caídos, de surcos vacíos, no para que “Comala se muera de hambre”, como diría Rulfo, sino para reclamar por enésima vez, el giro sustancial y urgente que requiere la política agropecuaria  y alimentaria en este país para hacer cumplir los derechos de los consumidores a alimentarse y de los agricultores a producir.

 

Los productores chihuahuenses harán paro de un día en sus actividades para gritarle a la Nación que son estos gobiernos neoliberales quienes están parando la economía de las familias y de las empresas.

 

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Opinión

La semilla. Por Raúl Saucedo

Libertad Dogmática

El 4 de diciembre de 1860 marcó un hito en la historia de México, un parteaguas en la relación entre el Estado Mexicano y la Iglesia. En medio de la de la “Guerra de Reforma», el gobierno liberal de Benito Juárez, refugiado en Veracruz, promulgó la Ley de Libertad de Cultos. Esta ley, piedra angular del Estado laico mexicano, estableció la libertad de conciencia y el derecho de cada individuo a practicar la religión de su elección sin interferencia del gobierno.

En aquel entonces, la Iglesia Católica ejercía un poder absoluto en la vida política y social del país. La Ley de Libertad de Cultos, junto con otras Leyes de Reforma, buscaba romper con ese dominio, arrebatándole privilegios y limitando su influencia en la esfera pública. No se trataba de un ataque a la religión en sí, sino de un esfuerzo por garantizar la libertad individual y la igualdad ante la ley, sin importar las creencias religiosas.
Esta ley pionera sentó las bases para la construcción de un México moderno y plural. Reconoció que la fe es un asunto privado y que el Estado no debe imponer una creencia particular. Se abrió así el camino para la tolerancia religiosa y la convivencia pacífica entre personas de diferentes confesiones.
El camino hacia la plena libertad religiosa en México ha sido largo y sinuoso. A pesar de los avances logrados en el lejano 1860, la Iglesia Católica mantuvo una fuerte influencia en la sociedad mexicana durante gran parte del siglo XX. Las tensiones entre el Estado y la Iglesia persistieron, y la aplicación de la Ley de Libertad de Cultos no siempre fue consistente.
Fue hasta la reforma constitucional de 1992 que se consolidó el Estado laico en México. Se reconoció plenamente la personalidad jurídica de las iglesias, se les otorgó el derecho a poseer bienes y se les permitió participar en la educación, aunque con ciertas restricciones. Estas modificaciones, lejos de debilitar la laicidad, la fortalecieron al establecer un marco legal claro para la relación entre el Estado y las iglesias.
Hoy en día, México es un país diverso en materia religiosa. Si bien la mayoría de la población se identifica como católica, existen importantes minorías que profesan otras religiones, como el protestantismo, el judaísmo, el islam y diversas creencias indígenas. La Ley de Libertad de Cultos, en su versión actual, garantiza el derecho de todos estos grupos a practicar su fe sin temor a la persecución o la discriminación.
No obstante, aún persisten desafíos en la construcción de una sociedad plenamente tolerante en materia religiosa. La discriminación y la intolerancia siguen presentes en algunos sectores de la sociedad, y es necesario seguir trabajando para garantizar que la libertad religiosa sea una realidad para todos los mexicanos.

La Ley de Libertad de Cultos de 1860 fue un paso fundamental en la construcción de un México más justo y libre. A 163 años de su promulgación, su legado sigue vigente y nos recuerda la importancia de defender la libertad de conciencia y la tolerancia religiosa como pilares de una sociedad democrática y plural.
Es importante recordar que la libertad religiosa no es un derecho absoluto. Existen límites establecidos por la ley para proteger los derechos de terceros y el orden público. Por ejemplo, ninguna religión puede promover la violencia, la discriminación o la comisión de delitos.
El deseo de escribir esta columna más allá de conmemorar la fecha, me viene a deseo dado que este último mes del año y sus fechas finales serán el marco de celebraciones espirituales en donde la mayoría de la población tendrá una fecha en particular, pero usted apreciable lector a sabiendas de esta ley en mención, sepa que es libre de conmemorar esa fecha a conciencia espiritual y Libertad Dogmática.

@Raul_Saucedo
rsaucedo@uach.mx

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