La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) rechazaron el acuerdo que firmó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y otros organismos con el Ejecutivo porque se preserva la idea de desaparecer el outsourcing o subcontratación, en lugar de que la autoridad se comprometa a supervisar el cumplimiento de las leyes actuales.

Para esos tres organismos del sector privado, la iniciativa que presentó el Ejecutivo para desaparecer el outsourcing “dañaría seriamente a la competitividad del país y llevaría al cierre de miles de micro, pequeñas y medianas empresas”.

Minutos después de que en Palacio Nacional se firmará el acuerdo entre el sector privado y el gobierno federal, con el cual, el Congreso discutirá hasta febrero próximo la iniciativa para desaparecer la subcontratación u outsourcing, los tres organismos del sector privado anteriores emitieron un comunicado en el que afirman que se relega el uso de dicho esquema a la subcontratación especializada.

“La iniciativa del Ejecutivo Federal que pretende coartar la libertad de la subcontratación atenta contra la creación y preservación de empleos formales, que dan sustento a familias mexicanas”, y lo firmado hoy en la mañana por algunas organizaciones empresariales mantiene sin cambios la propuesta del gobierno federal.

Para la Canacintra, CNA y la Coparmex “esta libertad de contratación debe permitirse sin más límites que el cumplimiento de las obligaciones fiscales, de seguridad social de las empresas y desde luego, la creación de más y mejores empleos”.

El Consejo, la Cámara y la Confederación rechazaron la pretensión de “estigmatizar a los empresarios como los artífices del no cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales”.

Añadieron que “la responsabilidad sustancial por las actividades irregulares que han sucedido en el pasado recae en la falta de supervisión adecuada de las autoridades como el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría del Trabajo, el Infonavit y el IMSS, en sus actividades de fiscalización”.

Por ello, es “absurdo que se pretenda generalizar y responsabilizar de estas conductas a todas las empresas”, porque sí hubo algunas que cometieron algún ilícito no fueron una minoría y no todas.