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México

Candidata presidencial indígena apoyada por zapatistas será elegida en mayo

El Congreso Nacional Indígena (CNI) de México acordó aplazar del 1 de enero a mayo la elección de una candidata indígena a los comicios presidenciales del 2018 que será apoyada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
En un principio, el anuncio de la candidata indígena se debía dar en el último día del Quinto Congreso, celebrado el 29, 30 y 31 de diciembre del 2016 y el 1 de enero del 2017 en la comunidad zapatista de Oventic, en el suroriental estado de Chiapas, informaron hoy medios locales.
En la reunión del domingo se acordó crear un Concejo Indígena de Gobierno (CIG) del cual será portavoz una mujer indígena, que también se postularía como candidata a las presidenciales del 2018 en la nación latinoamericana.
La mujer escogida se daría a conocer el 28 de mayo de este año, día en que se celebrará la Asamblea Constituyente del CIG.
Según explicaron, alrededor de 430 comunidades indígenas votaron ya en consulta a favor de la creación del Concejo, y hay alrededor de 80 localidades en las que no se pudo llevar a cabo el referendo, que se celebrará en los siguientes meses.
«Es el momento de los pueblos, de pasar a la ofensiva. Tiempo de que la dignidad gobierne», expresaron desde el CNI, según recoge el portal Pozol Colectivo, acompañadas del comandante insurgente David del EZLN y del subcomandante Moisés.
A su vez, el subcomandante Moisés celebró que los «hermanos del CNI han decidido gritar su ya basta, y no van a permitir que se destruya al país».
«El CNI va por todo y para todos» y el EZLN «respalda su propuesta, vamos con ustedes, vamos con el CNI. Tienen nuestro apoyo con toda nuestra fuerza», agregó.
El pasado octubre, los zapatistas anunciaron que, junto con el CNI, nombrarían a una mujer para que participara en las elecciones presidenciales del 2018, y algunos medios llegaron a señalar que la candidata sería una guerrillera surgida del EZLN.
Un mes más tarde, el EZLN negó tener intenciones de presentarse con una candidata indígena en las elecciones a la Presidencia de México del 2018, y acusó a los medios de comunicación y a los políticos de «analfabetismo funcional» y de tergiversar la realidad.
De esta manera, matizaron sus palabras y explicaron que solo darían respaldo a la candidata que eligiera el CNI a través del nuevo concejo, y que lo único que hicieron fue suscribir el pronunciamiento del CNI sobre esta propuesta, sin alterarlo.
«No, ni el EZLN como organización, ni ninguna, ninguno de sus integrantes, va a participar por un cargo de elección popular en el proceso electoral del 2018», indicó el grupo en un texto, remarcando que era el CNI quien decidirá «si participa o no con una delegada propia, y, dado el caso, contará con el apoyo del zapatismo».
El 1 de enero de 1994 el EZLN se alzó en armas en el estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala, para luchar contra la marginación de las comunidades indígenas de esta empobrecida región.
Los combates duraron unos días pero dejaron un saldo de 300 muertos, hasta el alto al fuego unilateral decretado por el entonces presidente mexicano, Carlos Salinas (1988-1994).
Dos años después los acuerdos de San Andrés sirvieron como base para redactar una reforma constitucional que el presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) rechazó.
En 2001, ya con Vicente Fox (2000-2006) en el poder, se aprobó una ley de derechos y cultura indígena, pero el EZLN la consideró insuficiente y se declaró en rebeldía.
Actualmente, los zapatistas gobiernan con un alto grado de autonomía en medio centenar de municipios de Chiapas.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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