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Opinión

CANOA, A CUARENTA Y CINCO AÑOS por VICTOR OROZCO

CANOA, A CUARENTA Y CINCO AÑOS

 

Víctor Orozco

 

Hay una escena impresionante al final de la película: un borracho medio en harapos ejecuta una especie de danza macabra ante los cadáveres machacados de los excursionistas al sonsonete difundido en la época: “Cristianismo sí, comunismo no. Cristianismo sí, comunismo no…”. 1968. Septiembre. La capital del país se cimbra con las manifestaciones estudiantiles, que se extienden a otras ciudades. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz hace eco a una patraña difundida por servicios de inteligencia norteamericanos y organismos derechistas: existe una “máquina infernal” para desestabilizar sociedades y acabar con la libertad. Ha sido puesta en marcha en México. El párroco de San Miguel Canoa lo entiende de una manera más contundente: los comunistas están en México, en Puebla y llegaron ya a la misérrima comunidad para matar, primero a él, izar la bandera roja de la sangre y negra del pecado en la torre de la iglesia, para luego robarse a los niños y convertirlos en servidores del demonio. Su sermón es incontrastable. La mayoría lo cree a pie juntillas, aún cuando algún vecino socarrón (Salvador Sánchez) se pregunte y se conteste ¿Y cuáles? Si no tenemos nada, cuando se afirma que los comunistas vienen a robarse las propiedades. En medio de tal histeria, cultivada con celo, llegan al pueblo los cinco infortunados empleados de la Universidad de Puebla con el plan de escalar La Malinche, en cuyas faldas se extiende el caserío.

Aún cuando han transcurrido treinta y ocho años desde que se filmó la película CANOA de Felipe Cazals, los temas e interrogantes allí planteados, a semejanza de las obras clásicas,

conservan su vigencia. Así lo consideré en el comentario que hice al film en el ciclo de películas censuradas o prohibidas organizado por el cine club de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con funciones cada domingo a las 12 horas en el Centro Cultural Universitario.

Múltiples perspectivas pueden asumirse para examinar la cinta, que es la recreación de un hecho y al mismo tiempo un documento sobre una atroz realidad en el México campesino, profundo. En esta segunda vez que soy espectador, separada por más de tres décadas de la primera, intento escudriñar sobre dos aspectos claves del film, la crítica política y la religiosa. Ambas se encuentran entrelazadas, en tanto constituyen dos tipos de enajenaciones que se hermanan en el dominio de las personas y el control de sus actos y sus conciencias.

El párroco, este siniestro personaje representado de manera inmejorable por Enrique Lucero –el ya fallecido actor originario de Chihuahua- es un engrane clave del sistema: desempeña el remoto papel de los brujos en las sociedades primitivas, cultiva temores, ofrece bienes, apabulla a las almas sencillas con la magnificencia de los ritos, al tiempo que articula una confabulación perfecta con el poder político. “Llevan acuerdo, le digo” insiste Lucas, el campesino (Ernesto Gómez Cruz) miembro de la organización opositora de entonces, la Central Campesina Independiente. El concierto se traduce en la entrega del pueblo, con sus almas, sus tierras, sus animales, al decidido tiranuelo a cambio de que conserve la paz y la fidelidad de los campesinos. Los recursos empleados son los mismos de ayer y siempre: el alcohol, las dádivas, los favores, el terror, la represión a los disidentes.

Los lugareños, hablantes del náhuatl muchos de ellos, analfabetas la mayoría, con mentalidades formadas por siglos en la sumisión a los fetiches, no dudan en hacer de San Miguel Arcángel (el objeto-sujeto, la creatura-creadora), el supremo hacedor de sus destinos. Pero, el poder de la deidad no existe por sí solo, requiere de un vehículo, éste es el cura párroco. En el mismo, se encarna el inmemorial dominio de los sacerdotes, poseedores de la verdad plena, en tanto trasmisores de la palabra divina. La representación del arcángel, con su espada traspasando el cuerpo del demonio y su pié sobre la cabeza del enemigo, es una figura a la que no se le puede exigir mayor adecuación para llamar al combate contra los adversarios de la fe. Cada devoto que acude al toque de las campanas, se siente un nuevo San Miguel listo para aplastar la cabeza de los comunistas, encarnados por los cinco jóvenes incautos y aterrorizados. Puede que a individuos acostumbrados al uso del razonamiento, les resalten la charlatanería y las imposturas de inmediato. No sucede lo mismo con esta masa de creyentes, aprisionados por los mitos repetidos de generación en generación, sin siquiera tener la posibilidad de cuestionar, brindada regularmente por el acceso a la educación y a superiores expresiones de la ciencia o de la cultura. De allí la efectividad y contundencia del imperio de las creencias religiosas sobre estos mexicanos –siempre fieles y siempre subyugados–.

A río revuelto ganancia de pescadores dice el viejo adagio. La organización de cientos de linchadores histéricos es propiciada por los pocos riquillos del pueblo que desean quitarse de encima a rivales, como Lucas, el campesino rebelde que brinda hospitalidad en su casa a los cinco excursionistas. Es el primero que cae bajo el golpe del hacha y los machetes. No se necesitan muchas palabras de entendimiento entre los incitadores directos y el cura. Lo tienen hablado y pactado de tiempo antes.

La película presenta magistralmente esta colusión de intereses en el microcosmos de San Miguel Canoa. Pero, sus alegorías van más allá. Cuando se mira la escena en la cual uno de los trabajadores lee el Sol de Puebla u otro escucha la radio con las noticias sobre el movimiento estudiantil, este microuniverso da paso al espacio nacional. Los treinta y cinco diarios de la cadena García Valseca y el conjunto de las estaciones radiofónicas operan como los altavoces colocados en los barrios o secciones de Canoa, sirven para cobrar venganzas personales y para desahogos, pero sobre todo para manipular la información o convocar a cruzadas contra los disidentes: maestros, ferrocarrileros, médicos, campesinos, estudiantes.“Sea usted amable Mister Corkey. Telegrefíe todo esto a las matrices interesadas en los Estados Unidos. Que muevan a la prensa de allá contra los ferrocarrileros comunistas de México”. Lo dice Artemio Cruz, -quizá el coronel García Valseca-, en la famosa novela de Carlos Fuentes a su socio norteamericano. Así se las gastaban y así se las gastan.

A propósito del entorno social de aquellos años, una de las asistentes al cine club, narró una anécdota invaluable. Educada en una familia profundamente católica, donde la abuela ejercía un cierto matriarcado, supo cómo se recibió a través de ella una orden: debía destruirse un libro de herejes y demonios recién publicado. Se trataba de Juárez ante Dios y Ante los Hombres de Roberto Blanco Moheno. Cada miembro de la estirpe debía comprar un libro y llevarlo a un cierto lugar. En un día, se reunieron cientos de ejemplares con los cuales se hizo una pira gigantesca. El episodio es un retrato fidelísimo del ambiente generado en el México de los años sesentas. El clero, los Caballeros de Colón, el Opus Dei, la ACJM, etc., sostenían una activa pugna en contra de las herencias ideológicas del liberalismo mexicano, expropiador de las riquezas eclesiásticas, liquidador del monopolio de la iglesia sobre la educación e introductor de la libertad religiosa. Ninguno de estos agravios decimonónicos había sido olvidado y eran todavía rescoldos ardientes. Así, un inocente libro como el de Blanco Moheno causaba un intolerable escozor. En aquellos temas, la derecha era opositora del gobierno en turno. Sin embargo, el fantasma del comunismo, unificó a los viejos rivales: los hispanistas católicos se convirtieron en apologistas y aliados de los antaño odiados anglosajones y el gobierno sacrílego, pasó a ser  un defensor de nuestras mexicanísimas tradiciones puestas en riesgo por los rojos.

 

En consonancia con este nuevo tablero político, se desplegaron las campañas masivas en los periódicos, en la naciente TV, en la radio, en los púlpitos de miles de parroquias, en las asambleas del PRI y del marginal PAN. Todos contra el comunismo, ubicable hasta en la sopa. Los masacrados jóvenes trabajadores de la UAP, fueron víctimas de esta satanización, en cuya fábrica estaban coludidos el gobierno, la CIA, la iglesia, los medios de comunicación.

Han pasado cuarenta y cinco años desde 1968 y de la masacre perpetrada por una multitud de fanáticos religiosos en Canoa.

¿Habremos asimilado las enseñanzas?.

 

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VÍCTOR OROZCO

 
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Opinión

Siete voces, siete silencios. Por Caleb Ordóñez Talavera

El desayuno se interrumpió con el sonido seco de los disparos. Alejandro Leyva apenas tuvo tiempo de reaccionar. Estaba sentado en una fonda del fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, Oaxaca, en una mañana que parecía igual a cualquier otra. Entonces llegaron hombres armados en motocicleta. Apuntaron directo. Dispararon sin titubeos. Tres impactos, principalmente en la parte superior del cuerpo, bastaron para arrebatarle la vida casi de inmediato. Una mujer que se encontraba en el lugar también resultó herida. Los agresores huyeron con la misma rapidez con la que aparecieron. En cuestión de segundos, lo cotidiano se convirtió en tragedia.

Alejandro Leyva no era un desconocido. Había dirigido la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, escribía la columna El Zumbido del Moscardón y, sobre todo, era una voz incómoda para el poder. En sus espacios criticaba la corrupción, denunciaba la violencia y cuestionaba decisiones del gobierno estatal. Incluso había denunciado amenazas y actos de intimidación en su contra desde tiempo atrás. Quienes hoy investigan el caso saben que no puede ignorarse ninguna línea relacionada con su actividad periodística. La Fiscalía General de la República ya atrajo la investigación.

Con él ya son siete periodistas asesinados en México durante este año.

Siete.

Es una cifra que debería provocar una crisis nacional. Sin embargo, en México, lamentablemente, ya aprendimos a recibir este tipo de noticias con total resignación. Ya no nos duele. Esa quizá sea la peor derrota.

Este crimen no es un caso aislado. Es la continuación de un patrón que este país se niega a romper, y por eso vale la pena detenerse a pensar en lo que realmente significa.

Porque el problema nunca ha sido únicamente el número de periodistas asesinados. El verdadero drama es que, detrás de cada crimen, existe un mensaje mucho más profundo: hay regiones enteras donde informar se convirtió en una actividad de alto riesgo.

Durante años, el periodista mexicano dejó de preocuparse únicamente por verificar datos, conseguir entrevistas o publicar exclusivas. Hoy también debe preguntarse si una investigación pondrá en riesgo a su familia, si un reportaje provocará amenazas, si una llamada desconocida puede cambiarle la vida o si una publicación en redes sociales bastará para convertirse en objetivo de alguien.

Esa no es una democracia sana.

México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos formales de guerra. Y lo más preocupante es que esa realidad ya no distingue entre periodistas nacionales, reporteros comunitarios, conductores de radio, fotógrafos, columnistas o creadores de contenido que investigan asuntos públicos. Quien incomoda al crimen organizado, a intereses económicos o al poder político puede terminar enfrentando amenazas, campañas de desprestigio, demandas judiciales, vigilancia o, en el peor de los casos, la muerte.

Pero, ¿Por qué ocurre?

Porque la impunidad sigue siendo el mejor aliado de quienes quieren callar voces. Porque demasiados asesinatos permanecen sin castigo. Porque muchas amenazas jamás llegan a investigarse seriamente. Porque los mecanismos de protección suelen reaccionar cuando el riesgo ya escaló demasiado. Y porque, en numerosas regiones del país, el crimen organizado, los intereses políticos y la debilidad institucional terminan cruzándose peligrosamente.

Cada periodista asesinado envía, además, un mensaje devastador a las nuevas generaciones.

¿Qué joven de veinte años decidirá investigar corrupción municipal si observa que hacerlo puede costarle la vida?

¿Qué estudiante de comunicación apostará por el periodismo de investigación cuando descubre que quienes revelan información incómoda terminan necesitando escoltas (que nunca tendrá), cambiando de ciudad o siendo asesinados?

Cuando matan a un periodista no solamente eliminan una voz. También intentan sembrar miedo entre quienes todavía no empiezan a ejercer.

Y eso termina empobreciendo a toda la sociedad.

Porque cuando desaparecen periodistas independientes, también desaparecen historias que jamás conoceremos. Desaparecen denuncias de corrupción, investigaciones sobre desvío de recursos, vínculos criminales, abusos de autoridad o violaciones de derechos humanos. El silencio siempre beneficia a alguien. Nunca beneficia a los ciudadanos.

Por eso, la defensa de la libertad de expresión no puede recaer únicamente en los periodistas.

También corresponde a la sociedad. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de defender el derecho a estar informado. Eso significa valorar el periodismo serio, exigir investigaciones imparciales, rechazar la desinformación y comprender que una prensa crítica no es enemiga del gobierno, sino un contrapeso indispensable para cualquier democracia.

Y, desde luego, el Estado tiene obligaciones mucho más grandes. Pues no basta con emitir comunicados de condena después de cada asesinato. No basta con prometer investigaciones exhaustivas. Tampoco basta con atraer expedientes a instancias federales cuando la indignación ya ocupa los titulares.

El gobierno debe garantizar investigaciones rápidas, independientes y profesionales; fortalecer realmente los mecanismos de protección; castigar tanto a autores materiales como intelectuales y construir condiciones para que ningún periodista tenga que elegir entre publicar una información o conservar la vida.

Porque cuando el miedo dicta qué puede publicarse, la democracia comienza a perder terreno.

No los olvidamos.

Esta columna está dedicada a quienes ya no podrán volver a escribir una nota, tomar una fotografía o encender un micrófono este año: Carlos Castro, asesinado en Poza Rica el 8 de enero; Juan David Gámez, en Nuevo León el 18 de marzo; Roxana Guzmán, secuestrada el 2 de junio y encontrada sin vida semanas después; Luis Ángel López, asesinado en Poza Rica el 11 de junio; Alex Serna, en Zihuatanejo el 3 de julio; Josué Martínez, en Puebla el 16 de julio; y ahora Francisco Alejandro Leyva Aguilar, en Oaxaca.

Siete nombres.

Siete familias.

Siete historias interrumpidas.

Pero también siete razones para no acostumbrarnos.

Porque el día que dejemos de indignarnos por un periodista asesinado habremos aceptado que en México la verdad tiene precio. Y una nación que permite que maten a quienes la cuentan corre el riesgo de quedarse, para siempre, sin quien la narre.

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