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Opinión

CANOA, A CUARENTA Y CINCO AÑOS por VICTOR OROZCO

CANOA, A CUARENTA Y CINCO AÑOS

 

Víctor Orozco

 

Hay una escena impresionante al final de la película: un borracho medio en harapos ejecuta una especie de danza macabra ante los cadáveres machacados de los excursionistas al sonsonete difundido en la época: “Cristianismo sí, comunismo no. Cristianismo sí, comunismo no…”. 1968. Septiembre. La capital del país se cimbra con las manifestaciones estudiantiles, que se extienden a otras ciudades. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz hace eco a una patraña difundida por servicios de inteligencia norteamericanos y organismos derechistas: existe una “máquina infernal” para desestabilizar sociedades y acabar con la libertad. Ha sido puesta en marcha en México. El párroco de San Miguel Canoa lo entiende de una manera más contundente: los comunistas están en México, en Puebla y llegaron ya a la misérrima comunidad para matar, primero a él, izar la bandera roja de la sangre y negra del pecado en la torre de la iglesia, para luego robarse a los niños y convertirlos en servidores del demonio. Su sermón es incontrastable. La mayoría lo cree a pie juntillas, aún cuando algún vecino socarrón (Salvador Sánchez) se pregunte y se conteste ¿Y cuáles? Si no tenemos nada, cuando se afirma que los comunistas vienen a robarse las propiedades. En medio de tal histeria, cultivada con celo, llegan al pueblo los cinco infortunados empleados de la Universidad de Puebla con el plan de escalar La Malinche, en cuyas faldas se extiende el caserío.

Aún cuando han transcurrido treinta y ocho años desde que se filmó la película CANOA de Felipe Cazals, los temas e interrogantes allí planteados, a semejanza de las obras clásicas,

conservan su vigencia. Así lo consideré en el comentario que hice al film en el ciclo de películas censuradas o prohibidas organizado por el cine club de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con funciones cada domingo a las 12 horas en el Centro Cultural Universitario.

Múltiples perspectivas pueden asumirse para examinar la cinta, que es la recreación de un hecho y al mismo tiempo un documento sobre una atroz realidad en el México campesino, profundo. En esta segunda vez que soy espectador, separada por más de tres décadas de la primera, intento escudriñar sobre dos aspectos claves del film, la crítica política y la religiosa. Ambas se encuentran entrelazadas, en tanto constituyen dos tipos de enajenaciones que se hermanan en el dominio de las personas y el control de sus actos y sus conciencias.

El párroco, este siniestro personaje representado de manera inmejorable por Enrique Lucero –el ya fallecido actor originario de Chihuahua- es un engrane clave del sistema: desempeña el remoto papel de los brujos en las sociedades primitivas, cultiva temores, ofrece bienes, apabulla a las almas sencillas con la magnificencia de los ritos, al tiempo que articula una confabulación perfecta con el poder político. “Llevan acuerdo, le digo” insiste Lucas, el campesino (Ernesto Gómez Cruz) miembro de la organización opositora de entonces, la Central Campesina Independiente. El concierto se traduce en la entrega del pueblo, con sus almas, sus tierras, sus animales, al decidido tiranuelo a cambio de que conserve la paz y la fidelidad de los campesinos. Los recursos empleados son los mismos de ayer y siempre: el alcohol, las dádivas, los favores, el terror, la represión a los disidentes.

Los lugareños, hablantes del náhuatl muchos de ellos, analfabetas la mayoría, con mentalidades formadas por siglos en la sumisión a los fetiches, no dudan en hacer de San Miguel Arcángel (el objeto-sujeto, la creatura-creadora), el supremo hacedor de sus destinos. Pero, el poder de la deidad no existe por sí solo, requiere de un vehículo, éste es el cura párroco. En el mismo, se encarna el inmemorial dominio de los sacerdotes, poseedores de la verdad plena, en tanto trasmisores de la palabra divina. La representación del arcángel, con su espada traspasando el cuerpo del demonio y su pié sobre la cabeza del enemigo, es una figura a la que no se le puede exigir mayor adecuación para llamar al combate contra los adversarios de la fe. Cada devoto que acude al toque de las campanas, se siente un nuevo San Miguel listo para aplastar la cabeza de los comunistas, encarnados por los cinco jóvenes incautos y aterrorizados. Puede que a individuos acostumbrados al uso del razonamiento, les resalten la charlatanería y las imposturas de inmediato. No sucede lo mismo con esta masa de creyentes, aprisionados por los mitos repetidos de generación en generación, sin siquiera tener la posibilidad de cuestionar, brindada regularmente por el acceso a la educación y a superiores expresiones de la ciencia o de la cultura. De allí la efectividad y contundencia del imperio de las creencias religiosas sobre estos mexicanos –siempre fieles y siempre subyugados–.

A río revuelto ganancia de pescadores dice el viejo adagio. La organización de cientos de linchadores histéricos es propiciada por los pocos riquillos del pueblo que desean quitarse de encima a rivales, como Lucas, el campesino rebelde que brinda hospitalidad en su casa a los cinco excursionistas. Es el primero que cae bajo el golpe del hacha y los machetes. No se necesitan muchas palabras de entendimiento entre los incitadores directos y el cura. Lo tienen hablado y pactado de tiempo antes.

La película presenta magistralmente esta colusión de intereses en el microcosmos de San Miguel Canoa. Pero, sus alegorías van más allá. Cuando se mira la escena en la cual uno de los trabajadores lee el Sol de Puebla u otro escucha la radio con las noticias sobre el movimiento estudiantil, este microuniverso da paso al espacio nacional. Los treinta y cinco diarios de la cadena García Valseca y el conjunto de las estaciones radiofónicas operan como los altavoces colocados en los barrios o secciones de Canoa, sirven para cobrar venganzas personales y para desahogos, pero sobre todo para manipular la información o convocar a cruzadas contra los disidentes: maestros, ferrocarrileros, médicos, campesinos, estudiantes.“Sea usted amable Mister Corkey. Telegrefíe todo esto a las matrices interesadas en los Estados Unidos. Que muevan a la prensa de allá contra los ferrocarrileros comunistas de México”. Lo dice Artemio Cruz, -quizá el coronel García Valseca-, en la famosa novela de Carlos Fuentes a su socio norteamericano. Así se las gastaban y así se las gastan.

A propósito del entorno social de aquellos años, una de las asistentes al cine club, narró una anécdota invaluable. Educada en una familia profundamente católica, donde la abuela ejercía un cierto matriarcado, supo cómo se recibió a través de ella una orden: debía destruirse un libro de herejes y demonios recién publicado. Se trataba de Juárez ante Dios y Ante los Hombres de Roberto Blanco Moheno. Cada miembro de la estirpe debía comprar un libro y llevarlo a un cierto lugar. En un día, se reunieron cientos de ejemplares con los cuales se hizo una pira gigantesca. El episodio es un retrato fidelísimo del ambiente generado en el México de los años sesentas. El clero, los Caballeros de Colón, el Opus Dei, la ACJM, etc., sostenían una activa pugna en contra de las herencias ideológicas del liberalismo mexicano, expropiador de las riquezas eclesiásticas, liquidador del monopolio de la iglesia sobre la educación e introductor de la libertad religiosa. Ninguno de estos agravios decimonónicos había sido olvidado y eran todavía rescoldos ardientes. Así, un inocente libro como el de Blanco Moheno causaba un intolerable escozor. En aquellos temas, la derecha era opositora del gobierno en turno. Sin embargo, el fantasma del comunismo, unificó a los viejos rivales: los hispanistas católicos se convirtieron en apologistas y aliados de los antaño odiados anglosajones y el gobierno sacrílego, pasó a ser  un defensor de nuestras mexicanísimas tradiciones puestas en riesgo por los rojos.

 

En consonancia con este nuevo tablero político, se desplegaron las campañas masivas en los periódicos, en la naciente TV, en la radio, en los púlpitos de miles de parroquias, en las asambleas del PRI y del marginal PAN. Todos contra el comunismo, ubicable hasta en la sopa. Los masacrados jóvenes trabajadores de la UAP, fueron víctimas de esta satanización, en cuya fábrica estaban coludidos el gobierno, la CIA, la iglesia, los medios de comunicación.

Han pasado cuarenta y cinco años desde 1968 y de la masacre perpetrada por una multitud de fanáticos religiosos en Canoa.

¿Habremos asimilado las enseñanzas?.

 

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VÍCTOR OROZCO

 
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Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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