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México

Caos en el arranque del nuevo Poder Judicial: jueces sin juzgados y tribunales paralizados

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El inicio de la nueva etapa del Poder Judicial en México ha estado lejos de la estabilidad que se esperaba. A pocos días de su puesta en marcha, el sistema enfrenta un panorama de vacantes sin cubrir, desorganización administrativa y condiciones precarias en los tribunales.

De acuerdo con fuentes judiciales, cerca de 900 plazas de jueces y magistrados permanecen inactivas debido a que no se les ha asignado un juzgado. La situación es tan grave que el recién creado Órgano Administrativo del Poder Judicial, que sustituyó al Consejo de la Judicatura, emitió un llamado urgente a los nuevos funcionarios para que envíen su información personal y con ello iniciar el proceso de adscripción.

Mientras se resuelve la reubicación, los juzgados en todo el país operan con actividad mínima. En algunos casos, secretarios de acuerdos han tenido que asumir temporalmente las funciones de jueces y magistrados, lo que ha generado retrasos significativos en la impartición de justicia y ha dejado en incertidumbre a miles de ciudadanos en espera de sentencias.

A este escenario se suma la precariedad material. Los recortes presupuestales acumulados en los últimos años han dejado a muchos juzgados y salas sin insumos básicos como papel, tóner y equipo de oficina. Esta falta de recursos ha intensificado la parálisis judicial en un momento en que la transición institucional debería garantizar certidumbre y eficiencia.

En medio de este desorden, persiste la expectativa de que las nuevas estructuras logren ordenar el funcionamiento interno y responder a la creciente demanda de justicia en el país, aunque por ahora las señales apuntan más a la improvisación que a la planeación.

México

Gobierno pacta compras de acero nacional con industria y constructoras

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El gobierno de México firmó este miércoles un acuerdo con la industria siderúrgica y el sector de la construcción para fortalecer la producción nacional de acero, impulsar el empleo y reducir la dependencia de importaciones, como parte del Plan México y del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

Durante la conferencia presidencial, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, informó que se concretó un convenio de colaboración entre el sector público y representantes de ambas industrias para establecer mecanismos orientados al fortalecimiento del empleo, el crecimiento económico y la industrialización del país.

Detalló que el acuerdo contempla tres ejes principales: contrataciones públicas, financiamiento para proyectos de infraestructura y compromisos relacionados con programas de vivienda.

Buenrostro señaló que el gobierno asumió diversas acciones para impulsar a la industria siderúrgica mexicana y explicó que las compras públicas buscarán asegurar abasto, calidad y precios justos, además de respaldar la producción nacional.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó la importancia estratégica del sector siderúrgico al considerar que es clave para la autonomía productiva del país y para la seguridad de las cadenas de suministro.

Añadió que la industria del acero abastece insumos esenciales para prácticamente todas las ramas industriales y sostuvo que el propósito del convenio es privilegiar la adquisición de productos fabricados en México, no únicamente evaluar el precio.

También indicó que el acuerdo busca priorizar la producción interna para disminuir importaciones e incrementar la capacidad manufacturera nacional.

Desde la iniciativa privada, Luis Rafael Méndez Jaled, representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, afirmó que el acero es un insumo estratégico para vivienda, agua, energía, movilidad e infraestructura productiva. Recordó además que este sector consume cerca del 60 por ciento del acero utilizado en el país.

En tanto, Sergio de la Maza Jiménez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, consideró que el convenio representa un paso relevante para fortalecer al sector, elevar el contenido nacional y avanzar en la sustitución de importaciones.

Agregó que el acuerdo permitirá respaldar alrededor de 90 mil empleos directos y dar certidumbre a inversiones en curso superiores a 8 mil millones de dólares.

El compromiso fue suscrito por el gobierno federal, 19 instituciones públicas y tres cámaras empresariales.

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