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México

Caos por la Reforma Judicial: opositores ahora atacan Xicoténcatl

Caos en el Senado. Tras el pronunciamiento del senador del PAN, Miguel Ángel Yunes Márquez, a favor de la reforma judicial, un grupo de opositores intentó ingresar a la sede alterna del Senado, en la Casona de Xicoténcatl, con el fin de frenar, por segunda vez, la sesión. Sin embargo, los manifestantes fueron dispersados con gas y extintores por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).

Tras anunciarse que la discusión seguiría en una sede alterna, los inconformes se trasladaron a la Casona de Xicoténcatl, en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc, donde se desplegó un fuerte operativo de seguridad que se extendió hasta Eje Central para frenar el avance de los manifestantes y trabajadores del Poder Judicial, lo que desencadenó una ola de enfrentamientoscon los elementos policiales.

Manifestantes intentan romper cerco policiaco y entrar a la antigua sede del Senado

Entre gritos y empujones, los opositores de la reforma judicial intentaron ingresar por la fuerza a la sede ubicada entre las calles Donceles y Eje Central Lázaro Cárdenas. En respuesta, los elementos policiales comenzaron a rociar gas para contener los golpes y empujones de los manifestantes, que seguían protestando con fuerza.

En videos que circulan en redes sociales, se puede apreciar cómo los manifestantes tratan de adentrarse entre los uniformados, aunque sin éxito. Algunos incluso intentaron arrebatarles a los policías sus escudos antidisturbios. Pese a que los inconformes denunciaron el uso de gas en su contra y las grabaciones se observa la humareda, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX descartó el uso de alguna sustancia.

«Cabe señalar que, el personal operativo no utiliza gas de ningún tipo, solo porta su equipo de protección personal que consiste en casco, rodilleras, coderas, escudos y extintores, para mitigar cualquier tipo de conato de incendio que pudiera presentarse», informaron en un breve comunicado.

Asimismo detalló que acudieron a solicitud del Senado, «para resguardar la integridad física de trabajadores, senadores, medios de comunicación y demás personas, así como para facilitar el desarrollo de la sesión, se realizó un despliegue operativo en las inmediaciones de la antigua sede del Senado, en la avenida Xicoténcatl, en el Centro Histórico».

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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